Mauricio Mondaca

Los parlamentarios de las bancadas de Chile Vamos decidieron ayer echar a andar el proceso de recolección de firmas para iniciar una acusación constitucional en contra de la ministra de Justicia, Javiera Blanco, debido a la crisis del Sename y los problemas al interior de Gendarmería.

En una reunión-almuerzo realizada ayer, los representantes de la oposición hicieron un balance crítico de la actuación de la secretaria de Estado durante la interpelación que realizó el martes la diputada Marcela Sabat (RN).

"La idea es conversar con los diputados independientes, ver si es posible hacer algo en conjunto. Ya se habló con el diputado Saffirio y mañana nos reuniremos con él para ver las bases de esta acusación", dijo el diputado y jefe de la bancada de RN, Germán Becker.

Los primeros contactos

Los parlamentarios necesitan entre 10 y 20 firmas para activar el mecanismo y anunciaron que se van a contactar con los diputados independientes, quienes apoyaron la interpelación a la titular de Justicia, para intentar sumarlos al proceso. Becker aseguró que ya lo hicieron con el diputado René Safirio (ex DC) quien el martes anunció que también acusaría constitucionalmente a Blanco.

Consultado por la posibilidad de que la acusación constitucional no logre el consenso entre los parlamentarios, el jefe de bancada de la UDI, Jaime Coloma, aseguró que "uno no hace las cosas pensando si va a ganar o va a perder, uno lo hace por convicción".

Luego de la recolección de firmas, la Sala de la Cámara Baja será notificada de la acusación y se conformará una comisión de 13 diputados elegidos al azar, donde serán excluidos los firmantes.

Luego se elaborará un informe, que puede ser negativo o positivo, y el pleno de la Cámara deberá votar si aprueba o no la acusación. Si los votos son positivos, el proceso avanzará al Senado, donde sus miembros actuarán como jurado. Si deciden respaldar la iniciativa, la ministra será destituida de su cargo.

Rechazo oficialista

Desde el Gobierno, el ministro vocero de La Moneda, Marcelo Díaz, acusó que la acusación "carece de mérito". "La acusación es una herramienta relevante que debe ser bien utilizada", añadió el secretario de Estado.

El presidente de la Cámara Baja, Osvaldo Andrade (PS), comentó que "(la acusación) no es conducente para resolver los problemas que todos quieren resolver".

"Esperábamos respuestas claras. Fueron preguntas precisas, que tenían que ver con inquietudes transversales".

Marcela Sabat, Diputada de RN"

"(La acusación) está planteada con pistolas de agua, porque ni la bancada independiente ni la oposición tienen los votos".

Gabriel Silber, Diputado de la DC"

El Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel) finalmente reconsideró su decisión de prohibir a los candidatos a alcaldes y concejales de las municipales de octubre hacer campañas políticas a través de redes sociales como Facebook, Twitter y WhatsApp.

La medida causó el rechazó de parlamentarios de todos los sectores políticos, que incluso llegaron a ingresar una moción para revertir la prohibición.

Tras una reunión que se extendió por toda la tarde de ayer, el consejo presidido por Patricio Santamaría explicó, a través de una declaración, que "la Ley 18.700, recientemente modificada, señala, en su artículo 30, que la propaganda electoral es 'un evento o manifestación pública'", no considerando las redes sociales e internet como una forma de realizar propaganda.

A lo anterior agregó que "se podrán efectuar comunicaciones privadas tales como correos físicos o electrónicos, llamadas o mensajes telefónicos o las que se realizan por medio de Internet a través de redes sociales, ya que no constituyen "manifestaciones públicas" y, por ende, no son propaganda electoral, según la definición de la actual legislación".

Así también se considerará a los medios de comunicación digitales como una forma de prensa escrita, por lo que ambas serán consideradas igualmente.

El Servel entregó una serie de lineamientos para los postulantes en el "Manual de Consulta de Campaña y Propaganda Electoral", en el que detalla las fechas en las que se permite realizar propaganda, así como las normas que se deben cumplir a la hora de hacer campaña en lugares públicos y privados. En ese documento de prohibía el uso de las redes sociales.

El diputado Cristián Monckeberg (RN) ingresó un proyecto de ley que buscaba revertir la prohibición, mientras que el ministro secretario general de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, se mostró contrario a la medida.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dijo que serán los propios parlamentarios de la Nueva Mayoría los que deberán entregar sus explicaciones, en caso de que ingresen una solicitud para interpelarlo acerca de las medidas que podría impulsar el Gobierno para mejorar el sistema de pensiones.

"Como dijo muy bien ayer (martes), después de su interpelación, la ministra Javiera Blanco, esta es una atribución exclusiva de los parlamentarios y ellos son los que tienen que decidir esto y tendrán que explicar sus decisiones", dijo el titular de Hacienda.

Según T13, el diputado Pablo Lorenzini (DC) estaría trabajando en la recolección de firmas para concretar la citación, lo que habría generado sorpresa en algunos parlamentarios oficialistas.

Lorenzini manifestó que solo concretaría la medida en caso de tener acuerdo con su bancada y que, de realizarse, sería "en términos positivos".

El ministro secretario general de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, afirmó que las bancadas oficialistas tienen acceso privilegiado a los planes del Ejecutivo y que el tema fue tocado en el comité político. "Ellos tienen la posibilidad de conocerlo directamente y, por lo mismo, no es la forma más expedita", resaltó.

Sin expectativas

El titular de la Segegob, Marcelo Díaz, comentó que el Ejecutivo no tenía "ninguna expectativa" respecto de la propuesta que José Piñera entregaría anoche en "El Informante" (TVN) para mejorar el sistema de pensiones. Díaz agregó que el Gobierno examina diversas alternativas.

firmas se necesitan para que el Congreso pueda activar una interpelación a un ministro de Estado. 40