El Banco de Inglaterra podría anunciar el jueves cambios en su política monetaria para hacer frente a la menor actividad de la economía después del plebiscito sobre la Unión Europea (UE) en el Reino Unido.

El Banco Central de Inglaterra indicó que podría recortar los tipos de interés del actual mínimo histórico del 0,5% y ampliar su programa de estímulo, con el que compra bonos de deuda pública y privada para incentivar el crédito.

Sería el primer recorte desde 2009 y busca evitar que la decisión del Reino Unido de dejar la Unión Europea empuje al país a una recesión.

Analistas del mercado, incluso, aseguran que el banco podría dar un paso más e inyectar miles de millones de libras en los mercados.

Dato manufacturero

La posibilidad de recorte en las tasas tomó fuerza el mismo día en que se conoció el dato de que el sector manufacturero del Reino Unido se contrajo en julio hasta niveles de febrero de 2013, como consecuencia del voto favorable al "brexit, según el índice Markit/CIPS difundido ayer.

De acuerdo con este indicador -elaborado por la consultora IHS Markit y de referencia en los mercados- el sector manufacturero se situó el mes pasado en 48,2 puntos, por debajo de los 50 puntos que significan que hay crecimiento.

Este nivel de contracción, que contrasta con los 52,4 puntos de junio, no se veía desde 2013 y refleja una baja de los pedidos en el sector, así como el mayor incremento del número de despidos desde octubre del año 2012.

"El ritmo de contracción ha sido el más rápido desde principios de 2013, entre cada vez más frecuentes informes de que la actividad industrial se vio perjudicada por el referendo", declaró el economista jefe de Markit, Rob Dobson. Robson alertó que la caída de los pedidos y la tendencia al alza de la inflación, que subió en junio hasta el 0,5%, señalan que habrá "sufrimiento a corto plazo" para la industria.

La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) acusó una supuesta "intencionalidad expropiatoria" sobre los derechos de aguas existentes, al comentar la propuesta sobre el régimen jurídico de la propiedad sobre su aprovechamiento, que actualmente se discute en el Senado.

"El proyecto de reforma constitucional recién aprobado por la Comisión Especial de Recursos Hídricos del Senado, que no cuenta con el patrocinio del Poder Ejecutivo, pretende desconocer el derecho de propiedad sobre los derechos de aguas existentes, declarándolos 'de utilidad pública' y reemplazándolos por una concesión de carácter temporal. Ello tiene una clara intencionalidad expropiatoria sobre estos derechos, pues no permite que el Congreso -en el ejercicio de su rol calificador de bienes de utilidad pública- evite potenciales abusos de autoridad que pudieran suscitarse en caso de expropiaciones", concluyó la CPC.

La protección legal

Según el gremio, "la garantía del derecho de propiedad sobre el aprovechamiento de las aguas, entendido como un derecho indefinido y no sujeto a otras condiciones que las mismas aplicables a cualquier otra propiedad, ha sido fundamental para que las distintas actividades productivas hayan podido efectuar inversiones económicamente viables y ambientalmente sustentables".

En esta línea, la entidad empresarial agregó que la protección constitucional del derecho de aprovechamiento sobre las aguas "es la única forma de dar certeza, estabilidad y racionalidad a su uso".

"En dicha protección constitucional resulta esencial la consideración del agua como un bien nacional, de aquellos que la naturaleza ha hecho común a todas las personas y cuya propiedad debe ejercerse conforme a la legislación".

El gremio agregó que esta "es la misma calidad que tienen otros bienes nacionales de uso público, que no deben ser confundidos bajo ningún punto de vista con bienes fiscales o de propiedad del Estado", agregó. La CPC argumentó que "entendemos que existen argumentos técnicos sólidos para realizar perfeccionamientos al Código de Aguas y a las regulaciones sectoriales específicas en esta materia, lo que no justifica un cambio del estatuto constitucional del derecho de aprovechamiento sobre las aguas, el cual sería contraproducente para los fines de mejorar su uso y hacerlo más sustentable".

El Gobierno de Uruguay dijo que espera firmar un acuerdo de libre comercio con Chile en septiembre, basado en los pactos ya concretados entre los dos países, según manifestó el Presidente Tabaré Vázquez ayer en una reunión de gabinete abierta al público realizada en la ciudad de Carmelo.

El acuerdo será "de última generación", según una nota en la página web de la Presidencia uruguaya. El tratado de libre intercambio que Montevideo pretende firmar con Santiago "recogerá" acuerdos ya firmados con Chile en el Mercosur, grupo en el que el país es miembro observador sin derecho a voto.

Nuevas propuestas

Según la Presidencia uruguaya, el acuerdo busca incorporar, además de los ejes tradicionales de un TLC, propuestas para facilitar el comercio electrónico, mejorar los derechos laborales y políticas ambientales.

Chile y Uruguay firmaron en abril un acuerdo para eliminar la doble tributación para los inversores comprendidos tanto en impuestos generales, a las rentas, en rentas de bienes muebles, intereses, regalías o en imposición al patrimonio, así como par evitar la evasión fiscal.

"Lo que se quiere es que un inversor tanto uruguayo como chileno en cualquiera de los dos países no pague dos impuestos por la actividad (que desarrolle)", especificó el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa.

El canciller dijo en la cita que la suscripción de este tratado "de cuarta generación" con Chile tiene como fin "profundizar" el acuerdo comercial y fiscal ya existente entre ambos países.

El mercosur

Uruguay es socio fundador del Mercosur. El bloque, creado en 1991 y que completan Argentina, Brasil, Paraguay y Venezuela -ingresada en 2012-, atraviesa una de sus peores crisis por el traspaso de la presidencia rotativa a Caracas, al que se oponen los gobiernos de Brasil y Paraguay. De hecho, el canciller paraguayo, Eladio Loizaga, reiteró ayer que su Gobierno no reconoce a Venezuela al frente de la presidencia temporal del bloque y añadió que no dará validez a cualquier documento o convocatoria de ese país.

Consultado por los alcances de este acuerdo, el economista de la Universidad Nacional Andrés Bello (UNAB), Víctor Aravena, comentó que Montevideo tiene mejores perspectivas de lograr sus objetivos ya que el Mercosur es una "camisa de fuerza" para los socios que no tienen el tamaño de países como Argentina o Brasil.

"El arancel externo, de 14%, funciona como una camisa de fuerza para Uruguay. Con este acuerdo, Montevideo toma el camino corto. El bloque es un estorbo para este tipo de países y se ha visto en la larga negociación que aún no culmina con la Unión Europea", comentó el experto de la UNAB.

áreas de alcance tendrá el tratado de libre comercio entre los Gobiernos de Uruguay y Chile. 13

TLC ha firmado Chile desde la década de los 90 con más de 50 países de todos los continentes. 21