El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago aceptó ayer revocar la prisión preventiva que hace 40 días cumplía el senador desaforado Jaime Orpis por el caso Corpesca y ordenó a cambio el arresto domiciliario total.

La medida fue tomada por el tribunal, tras acoger los argumentos de la defensa del legislador, que fundamentó problemas de salud y la reparación del mal causado al cancelar el 100% del total defraudado a las arcas del Estado, correspondiente a $ 36 millones.

De esta manera, el parlamentario pudo abandonar el anexo penitenciario Capitán Yaber, para cumplir la detención domiciliaria decretada por la jueza Cecilia Villanueva.

La resolución del tribunal, sin embargo, deberá ser revisada por la Corte de Apelaciones, luego que el CDE y los querellantes, Fundación Inteligente y el diputado Hugo Gutiérrez, resolvieran apelar e insistir en que la única medida cautelar acorde a los actos de cohecho, delitos tributarios y fraude al fisco que le han sido atribuidos al legislador es la privación de libertad.

Entre los argumentos que esgrimió la magistrada para disminuir las cautelares de Orpis fue la decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII) de no rechazar el requerimiento de la defensa, al estimar que los impuestos adeudados que basan la querella en su contra fueron pagados por el imputado.

Fiscalía apelará

El Ministerio Público anunció que apelará al fallo. Según afirmó la fiscal del caso Corpesca, Ximena Chong, "la ley no exige que la Fiscalía establezca antecedentes que agraven la situación cautelar del imputado y, por el contrario, lo que se exige es que el solicitante sea el que entregue información que desvirtúe la situación cautelar. Y creemos que eso, en este caso, no se ha dado".

Chong, además, discrepó con la decisión del SII que apoyó la pretensión de la defensa del legislador, al no oponerse a la revocación de la prisión preventiva, enfatizando que "entendemos que la posición del Servicio en este contexto, es errónea" y agregando que "cada una de las instituciones debe responder respecto de las decisiones que ellos toman".

Por último, descartó que el legislador se encuentre en riesgo vital, como expuso la defensa, puntualizando que ello es solo una afirmación de la parte recurrente.

Mabel González

Parlamentarios de la DC ingresarán un proyecto de ley que permita a los afiliados a las AFP retirar el 25% de sus fondos con el propósito de comprar una vivienda.

Esta es una de las ideas que han surgido desde el mundo legislativo, luego que el domingo una multitudinaria protesta en Santiago y otras en regiones reabrieran el debate sobre la eventual necesidad de realizar cambios al sistema de pensiones.

"Sería una buena alternativa el permitir, como ocurre en otros países, que los cotizantes puedan sacar hasta el 25% de sus ahorros para poder adquirir una vivienda. La rentabilidad que te puede dar el arrendar un departamento puede ser muy superior incluso a la pensión que te termine pagando la AFP", argumentó el jefe de la bancada de diputados de la DC, Fuad Chahín.

Desde la oposición, el diputado UDI Felipe de Mussy adelantó que la tienda alista propuestas "radicales". "Lo que estamos haciendo es trabajar en una serie de propuestas radicales e innovadoras para poder mejorar el sistema de pensiones, independiente de las decisiones o cambios que son obvios que hay que hacer, como el aumento de las cotizaciones", sostuvo, citado por radio Cooperativa.

En medio de la discusión han reaparecido las ideas de volver al sistema de reparto y de crear una AFP estatal.

Sobre esta última, el gerente general del Grupo Security, Renato Peñafiel, realizó duras críticas y calificó el planteamiento como un "voladero de luces".

"Para mí la AFP estatal es una mentira. La AFP estatal no soluciona en nada las pensiones", opinó el ejecutivo. Peñafiel apuntó a que una entidad de este tipo podría "bajar un poquito más las comisiones", pero que ya son "las más bajas que existen en Chile, en cualquier administración de recursos y prácticamente del mundo".

Desde la Cepal, el director de la División de Desarrollo Económico de ese organismo, Daniel Titelman, indicó que se debe pensar en cómo introducir mecanismos de solidaridad.

"Vemos el debate en términos del sistema de pensiones como un debate muy importante que se da en Chile y a nivel mundial, y a nivel regional también", señaló en radio Cooperativa.

En ese sentido, dijo que "un elemento central del debate del sistema de pensiones es cómo incorporar mejor y más mecanismos de solidaridad" y agregó que en vista de situaciones como el trabajo informal, los bajos salarios y la baja densidad de cotización, "tenemos que estructurar sistemas de pensiones que sean capaces de hacerse cargo de esa realidad". m

Los rectores de las universidades no estatales del Consejo de Rectores (G9) se reunieron ayer con la ministra de Educación, Adriana Delpiano, con el fin de expresar sus inquietudes respecto del proyecto de educación superior.

La principal crítica de estos planteles es que la reforma los ignora por completo e incluso los maltrata, al no establecer recursos especiales para ese grupo que las distinga del resto de las instituciones privadas.

Tras la cita, el presidente del G9, Claudio Elórtegui, dijo que la ministra "reconoció que estas instituciones realizan un tremendo aporte para el país y expresó su voluntad de reconocer ello en el proyecto, a través de indicaciones".

No obstante, afirmó que la autoridad "no entró en detalles" sobre el contenido de dichas indicaciones, por lo que, antes de emitir un juicio al respecto, "primero tenemos que conocer por dónde irían esas eventuales indicaciones al proyecto".

"Hay que ver en qué consiste y cuál es el efecto que tendría una cosa así", señaló.

El rector agregó que "no perdemos las esperanzas de que, a partir de esta reunión y de una mejor reflexión por parte del ministerio y del Gobierno, se puedan corregir los problemas que tiene el proyecto".

También dijo esperar que en la sesión de hoy del Consejo de Rectores -que integra el G9 más las universidades estatales-el organismo "se pronuncie a favor" de estas instituciones.

Por otro lado, el rector de la Universidad de Chile y presidente del Consorcio de Universidades Estatales (Cuech), Ennio Vivaldi, entró ayer en la polémica instalada esta semana luego que la ministra Delpiano asegurara que la Universidad Autónoma se "coló" en la gratuidad.

Al respecto, Vivaldi dijo que "me parece increíble y una falta de respeto total con el país que una universidad esté en la gratuidad y ni siquiera haya sido parte del Sistema de Admisión, eso ya es como mucho".

Uno de los cuestionamientos que hizo la secretaria de Estado a esa casa de estudios es que solo pide rendir la PSU, pero no exige un puntaje mínimo de ingreso a sus alumnos, por lo que su matrícula "podía ser infinita".

El rector de la Universidad Autónoma se defendió señalando que este año pidieron ingresar al Sistema Unico de Admisión (SUA), pero esto fue rechazado por el Consejo de Rectores.

Vivaldi recordó que la decisión de excluir a la Universidad Autónoma del sistema de admisión fue unánime y afirmó que "hubo razones muy de peso que llevaron a que el Consejo de Rectores dijera que no".