Para el segundo semestre quedó postergada la relicitación del proyecto doble vía para la Ruta 25 (Carmen Alto-Calama). Así lo anunció el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, en el marco del plan de concesiones que licitará proyectos por US$2.204 millones a nivel país durante la segunda mitad de 2016.

Según informó la máxima autoridad del MOP, "las licitaciones que empezarán este segundo semestre son: Rutas del Loa, Ruta Nahuelbuta, Américo Vespucio Oriente, Teleférico Bicentenario, el Aeropuerto El Tepual y Castro, el Camino de la Fruta, la Ruta 5 Los Vilos-La Serena, incluyendo la conurbación Coquimbo-La Serena", dijo Undurraga.

Pese a que en octubre de 2015 el seremi del MOP, César Benítez, anunció que el nuevo proceso de licitación se efectuaría en junio de este año, las dificultades para liquidar el contrato original con Rutas del Loa -del grupo español San José- obligaron a dilatar los plazos.

Al respecto, el seremi comentó que existe una meta de ingresar antes del término de este mes las bases de licitación a Hacienda y posteriormente a la Contraloría, lo que constituye un hito inicial muy importante para el proyecto.

Contratos

Si no hay nuevos atrasos, el proceso de licitación podría comenzar durante la segunda mitad de este año y adjudicarse durante 2017 (el proceso demora aproximadamente ocho meses), justo el año cuando esta obra debía ya estar entregada a la comunidad, según el cronograma original.

La autoridad también recordó que estas obras ya se habían planificado y adjudicado anteriormente, pero la empresa a cargo de ejecutar los trabajos, no cumplió con los compromisos, dándose terminó al contrato. El convenio original con Rutas del Loa consideraba una inversión de US$320 millones para construir una autopista de 137 kilómetros con un plazo de explotación máximo de 35 años.

Eugenio Sugg Gálvez

"Codelco está en una crisis profunda". Con esas palabras el presidente ejecutivo de la minera estatal, Nelson Pizarro, resumió el escenario que enfrenta la principal empresa del Estado. Su compleja situación financiera abrió nuevamente el debate respecto de la necesidad o conveniencia de la captación de capitales privados para sostener su crecimiento.

Efectivamente, la brusca caída en los precios de las materias primas impactó fuerte en Codelco. La estatal informó excedentes negativos por US$151 millones durante el primer trimestre, situación que de acuerdo con los analistas refleja el continuo deterioro que viene experimentando la corporación en sus indicadores financieros.

De la misma forma, preocupa su nivel de endeudamiento considerando que el ratio deuda-Ebitda es de 4,1, muy superior al promedio de 2,46 de las 40 grandes compañías mineras que cotizan en bolsa en el mundo, según el informe Mine 2016 de PwC.

Lo que es peor, los cálculos de la minera indican que durante los próximos 5 años Codelco debiera invertir unos US$20.000 millones sólo para mantener los actuales niveles de producción, monto imposible de financiar por el Estado con capital propio.

Ese escenario -reconocido por la administración de la compañía- abrió espacio para la reapertura de un viejo debate. Ahora avivado por una condición de ahogo financiero difícil de soslayar.

Joint venture

La puerta para entrar a esta nueva discusión lo abrió el presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, quien planteó la posibilidad que la cuprífera busque un socio extranjero (joint venture), para concretar la construcción de la planta desaladora de agua de mar -parte del proyecto RT Sulfuros- que tiene un costo inicial de US$1.200 millones y un segundo de US$300 millones.

La iniciativa es clave para Codelco, considerando el agotamiento del agua de Pampa Puno y de otros acuíferos del Distrito Norte, los que la empresa espera liberar en un 50% de aquí a 2024.

Esa posibilidad fue bien recogida en el mundo sindical. El presidente del sindicato de trabajadores de RT, Patricio Fuentes, explicó que en un escenario donde el proyecto estructural RT Sulfuros Fase II corre riesgo de atrasarse o incluso descartarse, la mejor opción es un "joint venture".

"En este contexto económico, una de las mejores formas es que la planta desaladora sea construida por privados. Creemos que es la única manera que nuestro proyecto estructural pueda seguir a flote, porque si no fuera así correría serio riesgo de no realizarse y por sobre todas las cosas nos interesa que nuestro proyecto estructural quede aprobado", señaló.

Ley reservada

En la misma línea, el presidente del sindicato de trabajadores N°3 de Chuquicamata, Hernán Guerrero, dijo que si bien el joint venture es una forma de financiamiento válida -que la empresa ha utilizado antes-, cree que aún hay opciones mejores que unirse a una empresa extranjera, como acceder a los recursos que manejan las AFP o las Fuerzas Armadas gracias a la Ley Reservada del Cobre (Ley 13.196).

"Como trabajadores y como chilenos, nos parece que el país tiene otras alternativas para conseguir los recursos del financiamiento, como las AFP y lo que tienen las Fuerzas Armadas por la Ley Reservada, dineros que podrían cubrir la mitad del compromiso inversional que Codelco tiene de aquí a 2025", expresó.

Por su parte, el diputado por el IV Distrito y miembro de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, Marcos Espinosa, aseguró que se opone "terminantemente a cualquier fórmula que abra la posibilidad de quebrar la estructura de propiedad 100% estatal de Codelco".

Pese a que tampoco se mostró partidario de desarrollar los proyectos estructurales bajo la fórmula de un joint venture, el parlamentario abrió la puerta a la participación de una eventual AFP estatal. "Una opción válida es que a futuro la AFP estatal invierta en Codelco tanto para el desarrollo de esos proyectos como para su proceso de modernización", dijo el parlamentario.

US$1.500 millones es la inversión para la desaladora del proyecto RT Sulfuros para la cual Codelco busca fondos.