Manuel Parkes

Todo era alegría y sonrisas en la fotografía que los alcaldes de la región se tomaron el 28 de junio junto a la Presidenta Michelle Bachelet en el palacio de La Moneda. Hoy, la realidad es otra y el anuncio de $1.300 millones encendió los ánimos a favor y en contra de la remesa patrocinada por el gobierno.

La unidad que en su momento parecía férrea, incluso con un anuncio de paro, se transformó en una disputa y dejó en evidencia la fragilidad de las ideas de los jefes comunales de la región.

Precisamente, el movimiento de paralización aunó criterios sobre la escasa devolución que hace el gobierno a la enorme riqueza que entrega el norte a las arcas del país.

Fue inédito ver a los ediles con un discurso de unidad a toda prueba y se preveía que podrían conseguir cosas positivas para la región. De hecho, el alcalde de Calama, Esteban Velásquez, declaró en Santiago que por fin habían visto que la unidad del norte estaba firme. Sin embargo, bastó un café frente a La Moneda para desatar una pugna de final incierto.

La convocatoria para paralizar el 30 de junio, surgió como modo de presión al gobierno para que establezca definitivamente un aporte económico permanente para cada una de las comunas de la región. Los recursos deberían provenir del ámbito de la minería. La propuesta consideraba el cese de las funciones en todos los servicios municipalizados e incluso algunos alcaldes ya habían comprometido el apoyo de entidades ligadas al comercio y el transporte, de distintos gremios, juntas de vecinos y organizaciones sociales. La idea de los ediles es que los recursos sean permanentes y provengan de una redistribución del impuesto específico a la minería, el que está vigente y - según cálculos globales - ha otorgado al Estado en la última década casi 7 mil millones de dólares, los que se destinan para estudios de investigación y tecnología. Estos recursos permitiría en un comienzo hacer frente al desempleo generado por la baja del precio del cobre y que en la región alcanza, según el último informe INE, a 8.3%. Sin embargo, en Calama la cifra ya se ubica en los dos dígitos.

El 28 de junio en La Moneda y por más de dos horas, acompañados del intendente Valentín Volta, los alcaldes de las nueve comunas de la región se reunieron con la Presidenta Michelle Bachelet. Junto a la Mandataria, se encontraban el ministro del Interior, Mario Fernández; la ministra de Minería, Aurora Williams; y el subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere), Ricardo Cisternas. Eso sí, antes del encuentro con la Mandataria, los ediles se reunieron y acordaron que ante una propuesta -sin especificar cuál y de qué tipo- el paro se bajaría. En ese encuentro previo sólo faltó Fernando San Román, edil de Tocopilla. Finalizada la reunión, se anunciaron dos propuestas y el paro se bajó, o como dijeron algunos ediles, se postergó. Sólo San Román manifestó su disconformidad ante lo sucedido. Lo anterior, desató una crisis al interior de la asociación y dejó entrever los problemas entre los alcaldes de Tocopilla y Mejillones.

Dos son los acuerdos que surgieron del encuentro con la Presidenta Bachelet. El primero apuntaba a que el viernes 2 de julio se entregaría una propuesta a los alcaldes sobre la entrega de fondos para ayudar a generar puestos de trabajo y mitigar el desempleo. Esto se realizó y la propuesta se dio a conocer a eso de las 17 horas del viernes, apuntaba a la entrega de $1.300 millones, los cuales vendrían del Gore, tendrían que ser aprobados por el Core y desde ahí traspasados a la Subdere, para luego ser entregados a las municipalidades. Esta es la propuesta que debe ser aceptada o rechaza hoy por los ediles, quienes están en disputa por los diferentes puntos de vista respecto al tema. El segundo acuerdo, es la entrega de una propuesta sobre la redistribución de los dineros que se generan por el impuesto específico a la minería, ésta debe ser presentada el 22 de julio y, que posiblemente, cuente con la presencia del ministro del Interior, Mario Fernández.

El encuentro de hoy para la Asociación Regional de Municipalidades es crucial. Primero, porque el anuncio de Fernando San Román de abandonar su participación, bajo el concepto de "congelar", no está previsto en los estatutos de la agrupación. Los artículos sólo prevén la marginación y el retiro voluntario por parte de un municipio. Si se acepta "congelar" la participación de Tocopilla, el alcalde ya debería haber reunido a su Concejo Municipal, que tendría que haber aceptado la moción. Esto, porque en el artículo 29 de los estatutos de la entidad, en su párrafo segundo dispone que si un miembro toma la decisión de retirarse de la asociación esto debe ser con el acuerdo del Concejo Municipal de su comuna, pero ésta debe concretarse a fines de año, por un tema de presupuesto, ya que cada municipio aporta un cuota mensual para el funcionamiento de la entidad. Segundo, el artículo 8 en el punto 4 señala que las obligaciones de las municipalidades son "acatar los acuerdos válidamente adoptados por la asamblea y por el directorio". Lo que estaría siendo cuestionado por San Román y de alguna manera por otros municipios.

Todos los municipios de Chile tienen un presupuesto anual. La gran discusión generada con las comunas de la región, es que habría un problema de gestión de los recursos. Al menos eso es lo que plantea el intendente Volta, quien en reiteradas ocasiones manifestó que es necesario una mejor gestión de los dineros. Por ejemplo, en 2015 la Municipalidad de Antofagasta , que partió con un presupuesto anual de $72 mil millones, terminó con un saldo final de caja que se acercaba a los $15 mil millones. Un caso parecido pero de menor envergadura tuvo el municipio de Taltal. Sergio Orellana, edil de la comuna, sostuvo que del presupuesto anual ($7 mil millones) quedan en caja al menos $40 millones, los que son utilizados ante cualquier "emergencia".