Unos $ 19 mil 588 millones habrían logrado recaudar entre 2009 y 2016 los dueños de la empresa de inversiones Rodríguez & Asociados, Carlos (37) y Claudio (45) Rodríguez Flores, a través de presuntas estafas piramidales en contra de unos 240 inversionistas. En la audiencia de formalización de cargos que se desarrolló ayer en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago (Centro de Justicia), el juez Juan Opazo decidió dejarlos con arresto domiciliario total y arraigo nacional, cautelares menores a la prisión preventiva que pedía el Ministerio Público.

Los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, presentaron antecedentes para tratar de probar los presuntos delitos de estafa reiterada, infracción a la Ley de Bancos y lavado de activos.

Según los persecutores, Rodríguez & Asociados exigía una inversión mínima de $ 50 millones a sus clientes, montos con los cuales pagaban la rentabilidad prometida, que podía ascender hasta 12% o 17% anual.

Según Norambuena, ambos empresarios se habrían concertado para captar clientes ofreciendo asesorías financieras y de inversiones, las que no habrían sido realizadas por la empresa.

Mínimo de $ 50 millones

De acuerdo a los antecedentes planteados por Norambuena, los involucrados solicitaban una inversión mínima de $ 50 millones, que podían ser entregados en seis meses.

Los hermanos Rodríguez exhibían a sus clientes fichas bancarias falsas con el supuesto comportamiento de la empresa y destacaban la presunta existencia de un Comité de Ética y Cumplimiento para la prevención de delitos, en línea con lo que pide la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) para acreditar la veracidad de las inversiones y la seriedad de la firma.

De acuerdo al fiscal Norambuena, la firma planteaba a sus clientes que en sus negocios podía ganar entre 0,3% y 2,1% mensual. No obstante, esas ganancias habrían sido inexistentes, ya que el retorno parcial de los dineros eran "utilidades falsas" que se construían como parte de los fondos aportados por otras víctimas.

El abogado Rodrigo de la Barra, defensor de los dueños de la firma, manifestó que "no hay antecedentes" sobre actos relacionados con lavado de activos y enfatizó que "hubo malas decisiones de inversión", por lo que "gran parte de los dineros se perdió".

El profesional destacó que cerca de $ 1.600 millones fueron entregados para reparar "con celo" el mal causado.

En mayo los hermanos Rodríguez se autodenunciaron ante el Ministerio Público y argumentaron que una fuga de clientes les impidió seguir pagando a sus clientes, por lo que decidieron cesar sus operaciones.

$ 50 millones era el aporte mínimo con el que la empresa captaba a sus potenciales clientes.

8 meses durará la investigación del caso, de acuerdo a lo estipulado por el juez del Cuarto Juzgado.