El exPresidente Sebastián Piñera criticó ayer el actuar del Gobierno, frente a la violencia durante las movilizaciones estudiantiles, que han incluido tomas de colegios que han resultado con serios daños, además del saqueo de la Iglesia de la Gratitud Nacional.

"¿Qué derecho tiene un puñado de estudiantes a ir y destruir los liceos que tanto nos costó construir y privar al resto de los estudiantes del derecho de estudiar? No tienen ningún derecho. ¿Qué derecho tienen los encapuchados a tomarse la Alameda y destruir todo lo que se pone en su paso?", dijo el exMandatario.

"El Gobierno tiene que proteger a las grandes mayorías y no podemos seguir esclavos de un puñado de delincuentes, como son los encapuchados o los que se toman y destruyen los colegios. Contra ellos toda la mano dura y todo el peso de la ley", agregó Piñera, que pidió "mano dura" al ejecutivo ante estas situaciones.

"Contra ellos toda la mano dura y el peso de la ley. Y eso es lo más democrático que podemos hacer", enfatizó.

La respuesta desde el Gobierno no tardó en llegar, y el subsecretario del Interior Mahmud Aleuy al ser consultado sobre las declaraciones del exMandatario dijo que "el exPresidente Piñera es bien prolífico en sus declaraciones. Lo que debiera hacer como exPresidente es ayudar a que en este país erradiquemos la violencia de la política".

Mucho más categórico fue el vocero de Gobierno Marcelo Díaz, quien aseveró que "el exPresidente Piñera tuvo casi seis meses de movilizaciones (estudiantiles) y no solamente no se hizo cargo de la dimensión de los hechos de violencia que ocurrieron en esas movilizaciones, sino que tampoco se hizo cargo del tema de fondo, que era dejar de considerar a la educación como un bien de consumo; más bien lo reafirmó".

"Por favor. No creo que sea él el más indicado para decirnos a nosotros lo que hay que hacer", agregó.

Aleuy, por otro lado, emplazó a los estudiantes a que se hagan cargo de las consecuencias de sus movilizaciones. "Así como los trabajadores se han hecho cargo de sus movilizaciones, -cuando hay marcha de la CUT no hay ningún problema-, los estudiantes también tienen que hacerse cargo de las marchas, porque lo que queda aparte de la destrucción de bienes públicos y privados, es que el mensaje al país es el vandalismo", dijo.

Carolina Collins

Pese a que sostuvieron ayer una reunión con la ministra de Educación Adriana Delpiano, los miembros del Consejo de Rectores (Cruch), mantienen sus dudas respecto al proyecto de reforma de la educación superior, que debe ingresar este mes al Parlamento.

En la reunión, la titular de Educación, acompañada por el ministro secretario general de la Presidencia Nicolás Eyzaguirre, le presentaron a los rectores una versión avanzada del proyecto.

El rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, criticó que en la presentación no les aclararon las dudas respecto a los aspectos de regulación del sistema ni sobre los aportes basales.

"Lo que pudimos ver fue la estructura más avanzada ya del proyecto con diversos temas más especificados respecto de regulaciones sobre la existencia de la Superintendencia de Educación Superior, pero todavía no sabemos cuales son esas atribuciones y desde luego a nosotros nos preocupa muchísimo que esas atribuciones no vayan a menoscabar la autonomía de las instituciones", cuestionó el también vicepresidente del Cruch.

Otro de los temas cuestionados por Valle, tiene que ver con el nuevo sistema de admisión, que dijo que no puede depender sólo del Gobierno, sino además incluir a las instituciones.

Acusan segregación

Los rectores de las universidades privadas del Cruch, el "G9", manifestaron su molestia, acusando que son "ignoradas" y "discriminadas" en el proyecto.

El rector de la Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui, criticó que en lo que les expusieron, no aparecen entre los objetivos del proyecto los planteles privados y que a pesar de que aparecen nuevos fondos para las universidades estatales, no figura cómo seguirán desarrollándose las instituciones privadas del Cruch.

"Nuestra conclusión es que estas instituciones, que han hecho un tremendo aporte al país, no estamos entre las prioridades de este proyecto", dijo Elórtegui, quien acusó que se está estableciendo "una segregación y una discriminación al interior del Consejo de Rectores".

"Nos parece muy bien que se fortalezcan las instituciones estatales, pero nos parece muy mal que se desconozca y se ignore al resto de las instituciones públicas no estatales (…) Es injusto que se esté desconociendo el rol público -en términos de investigación, de postgrado, de calidad y de inclusión- que estas instituciones realizan", enfatizó.