Redacción

Negándose a recibir alimentos y agua bajo tierra, cinco trabajadores del movimiento Fuerza Laboral (FL) continúan manifestando su descontento contra la instalación de una planta de revisión técnica (PRT) automatizada en un pique de 80 metros. Acción que no sería muy útil, puesto que el gobernador de Tocopilla, mencionó que la licitación está cerrada. Decisión que fue tomada desde el nivel central.

"El mismo Esteban Páez (quien estuvo en el pique y salió descompensado) les dijo que se retiren, pero ellos siguen ahí. No podemos hacer nada contra este gobierno corrupto", manifestó Pedro Palma, presidente de la Asociación Gremial de Taxistas de Tocopilla, perteneciente a FL.

La razón que tiene a Walter Cerezo, Néstor González, Manuel Adaos, Ramón Barrios y Carlos Valenzuela (todos sobre los 50 años y dirigentes de FL), hace cuatro días en un pique de 80 metros, se asocia con oponerse a la instalación de la PRT de Guibaldo Ormazábal en el puerto.

Para ello argumentan que la planta Ormazábal se construyó sin permiso de edificación, pasando a llevar la investigación que cursa Contraloría por sus irregularidades.

"El señor Waldo Valderrama (seremi de Transportes), el 2 de julio del año pasado declaró el cierre porque no cumplió las prórrogas y dijo que abrirían una nueva licitación para Tocopilla", aseguró Palma.

Esto sería complementado con una prórroga de un año para la PRT de Juan Páez hasta la nueva licitación, que sería en julio de este año, pero a a raíz de su muerte, la cerraron el sábado y volvió la de Ormazábal.

Según Palma, "lamentablemente a los compañeros nadie los sacará hasta que haya una solución, han dicho que 'si hay que morir en el intento, lo haremos'". Un descontento apoyado en la promesa incumplida de la licitación para oferentes de Tocopilla.

Este escenario complica al alcalde Fernando San Román, quien a través de un medio televisivo, criticó el mal manejo del Gobierno en este conflicto.

Ministerio

Con cuatro días en el pique, el objetivo de FL parece estar truncado, ya que el gobernador de Tocopilla, Sergio Carvajal, aseguró que la licitación que exigen ya no es viable.

Aclaró que en la única licitación "en algún momento Ormazábal expiró del plazo de cumplimiento de la construcción de la planta. Ante eso el seremi Valderrama inicia un procedimiento sancionatorio para poner término a la licitación. Cuando empieza Ormazábal interpone un recurso ante el seremi, quien lo rechaza".

Eso dio pie para licitar otro proceso, pero "el problema fue que Ormazábal además de interponer el recurso, también puso uno ante el ministro de Transportes y finalmente el ministro le da la razón a Ormazábal, porque considera que hay nuevos antecedentes que permitirían construir la PRT de Ormazábal".

Por ello, según Carvajal, ellos no mienten y que la intención de la autoridad regional era invalidar el proceso y empezar otro nuevo, "pero finalmente el superior del seremi termina por darle la razón a Ormazábal".

Y enfatizó que, dentro de las irregularidades de la PRT Orzmazábal, estuvo su construcción sin permiso de edificación. "Finalmente eso lo entregó el alcalde y se puede corroborar con Javier Araya, el director de Obras Municipales. La misma dirección que firmó el documento de recepción de obras. Por lo tanto queda pendiente la patente comercial. De tres trámites, la municipalidad aprobó dos", dijo Carvajal.

Sobre los atentados incendiarias que terminaron con maquinarias quemadas, a nivel de Gobierno evalúan una serie de acciones sobre esta situación, que viene arrastrándose hace cuatro años.

Fernando, San Román,, alcalde de, Tocopilla

"No entendemos por qué el Gobierno le vuelve a dar una oportunidad a Ormazábal y no cumple su compromiso de licitar".

Sergio, Carvajal,, gobernador, de Tocopilla

"Sólo quedan pendiente (para que funcione la PRT) la patente comercial. De tres trámites, la municipalidad ya aprobó dos".

1.300 personas forman la Fuerza Laboral: 600 pescadores y buzos, 200 pirquineros, 110 camioneros y 400 taxistas.

80 metros tiene el pique de la mina San José donde se encerraron los trabajadores del expuerto salitrero.

Esto es una protesta especifica, pero encuentra apoyo ciudadano porque se conecta y se reconstruye ese imaginario denso de indignación, el que remite a desempleo, precariedad en la atención de salud, contaminación, escasas expectativas, abandono, pobreza, etcétera.

Pero, surge un muro para centralizar y visibilizar la realidad tocopillana: es que la misma protesta que se está ejecutando no es un "movimiento social", sino que es un "protesta contingente", inspirado por intereses de una empresa privada.

La pregunta es ¿después que se solucione el tema de la planta de revisión técnica, se instituirá un movimiento de deliberación que proponga soluciones que apunten a una mirada estratégica? Lo dudo.

De hecho en Tocopilla existen problemas graves que son tan antiguos que ya están normalizados y naturalizados. Eso es lo peor.

Entonces, nos damos cuenta que el imaginario del abandono, queda solo en eso, en una imagen, en una forma de imaginar y representar la ciudad, pero que no se articula y no se proyecta a largo plazo.

Esto constituye un proceso antropológico de normalización de la violencia del abandono que, a través de pequeñas contingencias se manifiesta, y luego se cierra el evento y se vuelve al letargo y al silencio, y la violencia sigue reproduciéndose.

Esta protesta ya ocurrió el 2013, pero ahí fue usufructuada por políticos locales, quienes intentaron personalizar la protesta desde cierto mesianismo refundacional. Finalmente, todo siguió igual.

Damir

Galaz,

historiador tocopillano