José Luis Ramírez M.
A mediados de marzo los jueces del Tribunal Ambiental de Santiago se constituyeron en la ciudad para conocer detalles de la causa que enfrenta a la concesionaria del puerto (ATI) con la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA).
La visita de los magistrados se hizo necesaria debido a que a la fecha, aún no se instala la sede de este tribunal en Antofagasta, situación que obliga a que todas las causas ambientales que se generan desde Arica y Parinacota a Coquimbo sean revisadas en la capital.
En efecto, la macro zona norte está hace años a la espera de la instalación de su propio tribunal especializado.
Esto debió acontecer en junio de 2013, sin embargo un concurso público desierto y posteriormente una inexplicable demora en la selección de los jueces (dos cargos titulares de ministro abogado y uno suplente de ministro licenciado en ciencias), mantiene a la sede en suspenso.
La falta de información sobre la fecha en que se constituirá el tribunal inquieta a nivel parlamentario.
Oficios
Esta semana la diputada Marcela Hernando envió un oficio al ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, pidiendo conocer las razones de la demora.
La parlamentaria expone en el escrito que desde septiembre de 2014, la Presidenta Michelle Bachelet tiene en su poder las quinas de candidatos para los cargos de jueces titulares y suplentes, aguardándose desde esa fecha una definición de la Mandataria.
"Esas nóminas están hace muchos meses en manos del Ejecutivo. Yo imagino que la demora tiene que ver con las complejidades de llevar nombres al Senado (recordó la fallida propuesta Enrique Rajevic a Contraloría Nacional), pero sea por el motivo que sea, es urgente que se haga algo", dijo ayer la diputada.
Hernando destacó que incluso si existiesen dudas respecto a la idoneidad de los candidatos a magistrados, debiera buscarse una "fórmula provisoria", pero no seguir dilatando la instalación.
A la preocupación también se sumó la diputada Paulina Núñez, quien anunció que solicitará a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja, citar a la ministra de Justicia, Javiera Blanco, para que se refiera al caso.
"Me parece que los plazos han excedido los límites de lo razonable. Uno puede entender que los nombramientos se pueden postergar por distintos motivos, pero tres años de atraso es una falta de respeto increíble", manifestó.
Causas
Ambas parlamentarias coincidieron en que la instalación del tribunal de Antofagasta asoma como urgente considerando la cantidad de proyectos de impacto ambiental que se generan en la zona norte.
Hay que precisar que desde la instalación del tribunal capitalino, sus jueces han recibido un total de 181 causas ambientales, de las cuales 43 (23,7%) hubiesen correspondido a la sede de Antofagasta, si ésta hubiese estado en funciones.
Marcela Hernando explicó que si bien las causas generadas en el norte están siendo revisadas en Santiago, éstas se agregan a los ingresos que recibe dicho tribunal desde su propia jurisdicción, lo que impacta en los tiempos.
Además, comentó que la naturaleza especial de los casos que surgen en el norte obliga a los jueces a desplazarse para conocer tales realidades, como ocurrió en marzo con la causa entre ATI y la SMA (apelación de la empresa a sanción de la superintendencia).
Paulina Núñez, en tanto, hizo presente que en este tema también "es vital que el gobierno demuestre voluntad política para abordar el tema ambiental", asegurando que la falta de decisión de sus autoridades "hoy mantiene sin un tribunal especial a la población de Arica a Coquimbo".
Para facilitar el ingreso de causas, en Santiago se habilitó un sistema de expediente electrónico que evita la necesidad de presencia física en el tribunal.
También se dispuso que las audiencias de reclamaciones se transmitan vía streaming.
Ley 20.600 creaba tres juzgados
De los tres tribunales ambientales creados por la Ley 20.600 en el país, el primero en funcionar fue el de Santiago, en diciembre de 2012. Después, en octubre de 2013, se conformó el de Valdivia, mientras que en Antofagasta el proceso aún no termina. El Servicio Civil, que organizó el concurso, envió una nómina de postulantes a la Corte Suprema en abril de 2014 y en septiembre del mismo año el máximo tribunal despachó las quinas a la Presidenta Michelle Bachelet, quien debe seleccionar a los jueces y pedir la aprobación del Senado.
