"El oficio de la Seremi de Salud denota un desconocimiento de sus propias facultados".

Así, el director de Asesoría Jurídica del municipio, Cristhian Flores, echó abajo la solicitud ministerial de reevaluar las certificaciones técnicas de 16 empresas emplazadas en el sector del barrio industrial.

Tales firmas han sido objeto de fiscalizaciones, exigencias y en algunos casos sumarios sanitarios, generados en el marco de las constantes emanaciones de gas que han afectado al Liceo Industrial.

Entre las empresas figuran Morgan Industrial; Elaboración y Venta de Estructuras de Aluminio; Gadasser Ltda; Cobra Tecnology S.A.; Sembcorp Aguas del Norte S.A.; y Cytec Chile Ltda.

El abogado explicó que se hizo una revisión jurídica del oficio enviado por la autoridad sanitaria y se concluyó que era improcedente.

"El requerimiento nos parece curioso, toda vez que es facultad de la autoridad sanitaria emitir esa calificación. Nosotros no podemos atribuirnos potestades que por ley no nos competen (...) nos parece improcedente la solicitud que nos ha hecho llegar", dijo.

Flores reconoció que existe una disposición que podría emplear alcaldesa, correspondiente al artículo 62 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que faculta disponer el traslado de instalaciones cuya calificación sea molesta o contaminante.

"Pero esa calificación debe emanar necesariamente de la autoridad sanitaria y contando con ese antecedente, el municipio recién puede hacer uso de la normativa", comentó.

El encargado legal también precisó que el municipio ya envió a la Seremi de Salud un oficio aclaratorio donde reitera la "falta de competencia" en esta materia.

A la Fiscalía Metropolitana Centro Norte fue derivada la investigación que involucra a tres jóvenes de origen chino, quienes -según querella interpuesta por la Gobernación- habrían sido víctimas del delito de "trata de personas con fines laborales" mientras trabajaban en el restorán Panda, ubicado en calle Condell de Antofagasta.

El fiscal Cristian Aguilar explicó que en esta causa el Ministerio Público local se declaró "incompetente", y la derivó a Santiago, donde está vigente otra investigación con diligencias pendientes.

Esto, porque la Brigada de Trata de Personas (Bitrap) de la PDI ya realizaba indagaciones en una causa relacionada y para no entorpecer tales diligencias, se pidió desde Santiago concentrar el caso en la Fiscalía Centro Norte.

También pesó en la decisión el hecho que el imputado en la causa abierta a nivel local, el empresario de iniciales Y.W., tuviera dirección comercial en Santiago.

Si bien Aguilar dijo no saber dónde permanecen los trabajadores afectados por el supuesto caso de trata de personas, fuentes cercanas al caso aseguran que estarían hospedándose en Santiago.

Gobernadora

La gobernadora Fabiola Rivero informó que no se opondrán a al traslado de la investigación, ya que existen antecedentes que apuntan a que la sociedad está siendo investigada por hechos similares en otras regiones del país.

"Está muy bien que investigaciones tan complejas como las de trata de personas, sean dirigidas por la fiscalía del alta complejidad", agregó.

Fiscalización

El caso comenzó durante una fiscalización de rutina realizada por la Dirección del Trabajo al céntrico restorán.

Durante tal inspección, según la versión entregada en su momento por la gobernadora Rivero, se detectó trabajadores encerrados en las bodegas, ausencia de contratos, productos mal conservados y malas condiciones laborales, entre otras situaciones que derivaron en la clausura del local.

Los inspectores además habrían localizado una especie de "cité" donde los tres ciudadanos chinos vivían en condiciones "deplorables".

Contacto

Las víctimas habrían sido contactadas en agosto de 2015 por un compatriota, quien les habría prometido un sueldo de mil dólares mensuales (unos $665 mil), el reembolso del pasaje ($2.200.000), estadía y alimentación.

Los tres ciudadanos chinos de 20, 21 y 23 años, habían egresado recién de un instituto gastronómico en su país.

Según se pudo establecer, arribaron a Santiago en diciembre de 2015 y posteriormente se trasladaron a Antofagasta, donde comenzaron a trabajar.

En la denuncia presentada por la gobernación, se plantea que el dueño del local no había pagado las remuneraciones a sus trabajadores hasta la fecha de la fiscalización.

Uno de los afectados, sin embargo, habría afirmado que si bien no recibió sueldo, sí percibió un adelanto de $100 mil.

A través de un comunicado de prensa, el restorán se defendió de las acusaciones, asegurando que los jóvenes, oriundos de las provincias de Sichuan y Jiangsu, al igual que todos los trabajadores del restorán, tienen contratos de trabajo y, por ende, "son debidamente remunerados, y se les pagan las imposiciones de acuerdo a las leyes chilenas".

También indicaron que existen los comprobantes de aquello y de la entrega de dinero como anticipo, las cuales están firmados conforme por los mismos empleados.

"Es más, el restaurante pagó seis meses por adelantado a los jóvenes y llevan casi cinco meses en el país", indicaba el comunicado.

El 10 de mayo, la Seremi de Salud decretó la clausura del local y hace unos días, por petición formal de los dueños del Panda, se emitió una autorización de apertura parcial a fin de que solucionen sus deficiencias.

"Toda empresa que ha sido sancionada tiene el derecho de solicitar la autorización para ingresar al recinto clausurado, a fin de realizar el diagnóstico y las mejoras requeridas para retomar sus actividades".

"Me parece muy bien que investigaciones tan complejas, sean dirigidas por la fiscalía del alta complejidad".

Fabiola Rivero,, gobernadora provincial

1.000 dólares le ofrecieron a

los tres jóvenes chinos por trabajar en el país, además de pasaje y estadía. 16

días lleva clausurado el restorán Panda, ubicado entre las calles Condell y Baquedano.