El cambio del antiguo penal de calle Prat a las nuevas instalaciones carcelarias ubicadas en el Nudo Uribe tuvo una serie de consecuencias positivas en términos de seguridad y convivencia entre reclusos, pero también un alto costo económico para el Estado.
Según información proporcionada por la Subsecretaría de Justicia, desde la puesta en operaciones del complejo, en agosto de 2013, el concesionario (Sodexo) ha recibido pagos por $19.868 millones, considerando tres tipos de subsidios distintos.
Por Subsidio Fijo de Habilitación el privado recibió $4.858 millones el año 2013, por Subsidio Fijo a la Operación se cancelaron otros $12.716 millones entre 2013 y lo que va de este año, y por Subsidio Variable a la Operación se aprobaron pagos por $2.289 millones de 2014 a la fecha.
El contrato también considera un Subsidio Compensatorio por Sobrepoblación de 100 UTM por cada día que se supere el 120% de la capacidad máxima del recinto, pero éste, de acuerdo a lo informado por Justicia, a la fecha no ha generado pagos.
El contrato de concesión entre el ministerio y la concesionaria confiere al privado la responsabilidad de proveer todos los servicios que requiere el recinto penitenciario, esto es, alimentación, mantenimiento, lavandería, atención médica, capacitaciones e incluso reinserción social.
De manera, hoy Gendarmería sólo se preocupa de la seguridad en el recinto.
Seguridad
El director regional de la institución, coronel Pedro Villarroel, comentó que en sus primeros años, la nueva cárcel ha mostrado ventajas.
Mencionó que su construcción permitió separar a imputados y condenados, y clasificarlos según su nivel de peligrosidad y características, algo que resultaba imposible en el anterior penal por sus limitaciones de espacio y mala infraestructura.
Gracias a esto, y a la incorporación de mejores medios de vigilancia tecnológica, los conflictos entre internos se redujeron drásticamente, no han existido fugas y tampoco se registran motines.
Aunque en este periodo dos internos murieron en rencillas al interior del penal, "el balance que hacemos es bastante positivo", aseguró el director de Gendarmería.
Sobre los costos del modelo, Villarroel dijo que aunque el sistema concesionado podría ser más caro (algo que -dice- se debe "evaluar"), los cambios indudablemente se tradujeron en mayor dignidad para los reclusos.
"Sería ideal que el Estado tuviera la capacidad de construir estas cárceles, pero el Estado tomó la decisión de que fueran concesionadas, y la verdad es que hemos tenido buenos resultados", aseveró.
Reinserción
El senador Pedro Araya planteó que los costos del sistema hay que medirlos no sólo desde la óptica de lo que se paga, sino también desde el punto de vista de la reinserción social que se logra.
Y aquí planteó un dato que a su juicio es una alerta: las tasas de reincidencia no se habrían reducido desde la implementación del modelo.
"Ese es un tema que tenemos que revisar, porque todos pensábamos que con estas nuevas cárceles y el fin del hacinamiento, íbamos a tener mejores resultados, pero incluso la reincidencia parece haber aumentado", manifestó.
Araya explicó que hoy el costo de tener un reo en una cárcel concesionada versus una tradicional, es prácticamente es el mismo. Por eso afirma que la discusión principal no radica en el tema económico.
"Quizás sea necesario revisar el modelo general penitenciario, es una discusión que está pendiente, porque lo que debemos mirar es la reinserción", argumentó.
Hay que recordar que la construcción de la cárcel tardó una década debido a que las obras fueron suspendidas por el anterior consorcio (Bas Dos) y reiniciadas años más tarde con un nuevo contrato.
Todo este proceso (contrato original, arbitraje y contrato de término de obras) tuvo para el Estado un costo de $70 mil millones, el doble de lo que estaba programado.