Tal como lo había anunciado, el empresario Andrónico Luksic presentó ayer ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, una querella por el delito de injurias graves con publicidad en contra del diputado independiente Gaspar Rivas.

Esto luego de que el parlamentario pronunciara una serie de insultos contra Luksic, a quien calificó en el hemiciclo con fuertes epítetos. El empresario había anunciado la acción legal luego de que Rivas insistiera en sus descalificaciones en una entrevista publicada por The Clinic, donde agregó un nuevo insulto al empresario.

A la salida del Palacio de Tribunales, en Santiago, Luksic no quiso entregar mayores detalles de la acción legal, que presentó junto a su abogado Hugo Rivera, a quien le entregó los poderes.

El empresario se limitó a explicar que "era importante hacerlo. Es bueno que digamos en un momento dado que las cosas tienen un límite y es importante que todos hagamos un esfuerzo para que no siga esta escalada de descalificaciones tan tremenda y tan grande".

En su querella el empresario además pidió que el parlamentario sea desaforado. Así lo confirmó Rivera, que sostuvo que solicitó que "se dé curso al desafuero del parlamentario. Eso es lo que estamos haciendo".

Al ser consultado respecto de si un gesto por parte del diputado Rivas podría servir para que Luksic retire la querella en su contra, el abogado señaló, en declaraciones citadas por Emol, que "ustedes han visto lo que ha hecho y sigue con su contumacia delictiva".

Por su parte, Rivas aseguró ayer que no se arrepiente de lo que dijo de Luksic y que no pedirá disculpas.

"No me voy a arrepentir de nada de lo que haya dicho. Lo que dije yo tenía convicción de decirlo y no tengo por qué pedir disculpas por decir lo que yo siento y no sólo lo que yo siento, sino que me he dado cuenta de decir lo que miles y miles de chilenos y chilenas realmente también comparten", aseveró.

Respecto a un posible desafuero, el parlamentario indicó que "no tengo ningún problema de renunciar a mi fuero parlamentario en el evento de que resulte ser efectivamente renunciable, porque he estado conversando con mis abogados y esa figura, eventualmente, pudiera no ser procedente".

El excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, aseguró que no ha cometido delitos y que la investigación en su contra por supuesta malversación y enriquecimiento ilícito, responde a un "cúmulo de informaciones falsas".

A través de una declaración pública, el retirado oficial señaló que "se ha abierto una investigación en mi contra a partir de un cúmulo de informaciones falsas".

"Señalo categóricamente que soy inocente. Jamás he hecho mal uso de los recursos fiscales", añadió. "Mi patrimonio es fruto de 44 años de servicio, del trabajo de mi familia y lo he obtenido legítimamente. Así lo demostraré ante los tribunales de justicia del país y en todas las instancias que correspondan", enfatizó Fuente-Alba. Fuente-Alba es investigado por la Fiscalía Centro Norte debido a un patrimonio que superaría los 3 mil millones de pesos, entre las que se cuentan propiedades y autos de lujo.

ofician a contraloría

Junto con dar a conocer el incumplimientos de altas autoridades de las FF.AA. en relación a la declaración de patrimonio e intereses, incluyendo la situación del comandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, los diputados DC Ricardo Rincón y Marcelo Chávez oficiaron a la Contraloría para que realice una exhaustiva fiscalización y aplique los sumarios que corresponda.

Según lo señalado por el diputado Rincón, "tras el caso del general Fuentealba, donde su patrimonio hoy no cuadra con sus ingresos, la situación de las altas autoridades de las FFAA adquiere una importancia mayor. Por ello, y después de revisar las respectivas declaraciones, hemos encontrado algo que nos parece preocupante y que ha motivado ayer mismo un oficio a la Contraloría (...). En el Ejército de Chile sólo el comandante en jefe, general Oviedo, registra declaración de patrimonio e intereses y sin ningún valor de ese patrimonio. Patrimonio bastante modesto e incompleto en su declaración; pero no hay nadie, ningún general que registre alguna declaración de patrimonio e intereses. Y eso, vulnera la ley ".