Bachelet por TC: "Buscaremos todos los caminos que nos entrega la ley"
RESOLUCIÓN. Aunque la Mandataria dijo que respeta las atribuciones del Tribunal Constitucional, en el oficialismo no descartan pedir el veto presidencial.
La Presidenta Michelle Bachelet dijo ayer que acata pero no comparte el fallo del Tribunal Constitucional que el miércoles declaró inconstitucional la norma sobre titularidad sindical, una parte relevante de la reforma laboral del Gobierno.
"Como corresponde a otro poder del Estado, acatamos el fallo, pero no lo compartimos. El Gobierno va a actuar con mucha responsabilidad en la defensa de los trabajadores", dijo la Mandataria en una actividad oficial.
Bachelet agregó que "vamos a esperar a conocer el fallo completo del TC" para determinar los pasos a seguir, mientras en la Nueva Mayoría gana adeptos la posibilidad de recurrir a un veto presidencial. "No tengan duda que buscaremos todos los caminos que nos entrega la ley para que la relación entre empresarios y trabajadores sea más justa que lo que tenemos hoy día", agregó.
El Tribunal Constitucional acogió el miércoles parcialmente los requerimientos de Chile Vamos, que buscaba frenar cuatro artículos de la reforma laboral que fue aprobada por el Congreso.
Concretamente, el tribunal declaró inconstitucional la titularidad sindical, uno de los puntos fuertes de la reforma, que establecía la exclusividad de los sindicatos para encabezar la negociación colectiva con el empleador, eliminando los grupos negociadores.
Este artículo fue cuestionado por Chile Vamos, al considerar que en la práctica establecía un monopolio de los sindicatos sobre la negociación colectiva.
En este contexto, Bachelet dijo que "confío que todos los actores involucrados en esta reforma laboral actuarán pensando no solo en la contingencia, sino que sobre todo en Chile sea un país más justo y equitativo, privilegiando un clima de diálogo que nos fortalezca como sociedad".
La modalidad
El veto presidencial es una facultad con la que cuenta la Presidenta para someter nuevamente a una discusión legislativa un proyecto.
Una vez finalizada la tramitación de un proyecto, y si la Presidenta Bachelet tiene reparos, puede devolverlo a la Cámara de origen con sus respectivas observaciones, dentro de un plazo de 30 días. Existen tres tipos de vetos: sustitutivo, aditivo o supresivo.
Si las dos Cámaras aprueban las observaciones, el proyecto se transforma el en ley y se devuelve al Presidente para su promulgación.
Pero si las dos Cámaras desecharan todas o algunas de las observaciones e insistieran por los dos tercios de sus miembros presentes en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas, se devolverá al Presidente para su promulgación.
Según datos de Ciudadano Inteligente citados por LyD, desde la vigencia de la Constitución de 1980 el veto presidencial ha sido ejercido en 73 oportunidades: Aylwin (12); Frei (24); Lagos (14); Bachelet (15) y Piñera (8).
La presidenta de la Democracia Cristiana, senadora Carolina Goic, respaldó la postura del Gobierno y pidió buscar "las alternativas que existen dentro de nuestro ordenamiento jurídico" tras la decisión del tribunal.
"Lamento la vía que se ha utilizado por parte de la derecha para evitar que podamos fortalecer la capacidad de negociación y la mejor negociación colectiva de los sindicatos en nuestro país", dijo Goic.
La parlamentaria agregó que "hay un retroceso respecto de lo que habíamos avanzado en la aprobación de la ley".
La ministra del Trabajo, Ximena Rincón, sostuvo ayer a Tele13 Radio que "nosotros hemos perdido normas que son fundamentales frente a la decisión de mayoría del Tribunal, que ha optado en una Constitución que claramente no representa a todos".
La Constitución, agregó la secretaria de Estado, "les ha permitido a ellos hacer este fallo de mayoría (se aprobó por seis votos contra cuatro) y que nosotros no compartimos".
Rechazo opositor
La UDI criticó la idea de que el Gobierno pueda afrontar el fallo del Tribunal Constitucional con un veto presidencial. Según el senador y presidente de esa colectividad, Hernán Larraín, "lo que el Gobierno no puede hacer, sea el camino que tome, es saltarse lo que dice el Tribunal Constitucional, porque si el Gobierno pretende no acatar el contenido del TC entonces está saltándose la institucionalidad y eso sería mucho más grave".
"Lo que un veto no puede hacer es insistir en lo que el TC ya rechazó. Yo preferiría que en vez de insistir en nuevas redacciones sobre lo mismo, el Gobierno introdujera los cambios que el TC lo obliga, haga las adecuaciones necesarias y nos concentremos en lo que la reforma laboral no contempló, que es cómo generamos más empleo al país", dijo por su parte el diputado gremialista Patricio Melero, quien aseguró que el Gobierno "debe aprender la lección" del daño que las reformas le han hecho a la economía.