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Defensoría tramitó más de 15 mil causas en toda la región

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Más de 15 mil chilenos y extranjeros fueron atendidos por la Defensoría Regional el año pasado, cifra que posiciona a Antofagasta como la sede con mayor actividad en la zona norte.

El dato lo entregó la defensora, Loreto Flores, durante su cuenta pública 2015, realizada ayer en el auditorio de la Biblioteca Regional, en presencia del defensor nacional, Andrés Mankhe, el intendente Valentín Volta y autoridades del mundo judicial.

Flores explicó que del total de ingresos, el 83% correspondió a hombres, y el 91% a personas mayores de edad, siendo los delitos más reportados los hurtos, las lesiones e infracciones a la Ley de Tránsito.

Extranjeros

En cuanto a nacionalidades, la abogada detalló que el 90,7% de los defendidos era chileno y el 9,3% restante extranjero.

Flores se detuvo en este punto, asegurando que los datos desmienten el prejuicio que vincula a los extranjeros con un aumento en la comisión de delitos.

"El número de extranjeros en la región es de 79.433 personas (dato de la PDI), por lo cual los imputados extranjeros representan sólo el 1,8% del total", afirmó.

La autoridad destacó además que en 2015, 371 personas que estuvieron en prisión preventiva, fueron declaradas inocentes o favorecidas con alguna salida que no implicó condena.

Fiscal y el control de identidad: "Esperamos un efecto disuasivo"

PROYECTO. Alberto Ayala defendió nueva atribución de las policías y descartó que su uso vulnere derechos, como plantean algunos detractores.
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José Luis Ramírez M.

El fiscal regional Alberto Ayala valoró las últimas precisiones realizadas al proyecto que establece el control de identidad preventivo y descartó que dicha norma vulnere derechos fundamentales.

La iniciativa, propuesta por el Ejecutivo y que ha sido materia de una intensa discusión política, faculta a las policías para retener hasta por cuatro horas a cualquier persona que no logre acreditar su identidad con algún documento oficial (cédula, pasaporte, licencia de conducir o tarjeta nacional estudiantil), asunto que algunos comparan con la extinta "detención por sospecha".

Ayala dijo que el proyecto de ley, con las mejoras que se le hicieron en el Senado, en el sentido de establecer que los controles sólo podrán realizarse a mayores de 14 años y en espacios públicos, brinda garantías suficientes y representa un aporte a la seguridad pública.

"Lo que se está haciendo es dotar de un instrumento más efectivo a las policías, en ningún modo este control preventivo implica volver a lo que era la detención por sospecha. Ninguno de los operadores del sistema quiere eso", aseguró.

Limitante

El jefe del Ministerio Público explicó que el punto radica en que hoy las policías necesitan mayores facultades para verificar la identidad de una persona bajo ciertas circunstancias.

Recordó que actualmente este tipo de controles se pueden realizar al amparo del Artículo 85 del Código Procesal Penal, pero con un ámbito de aplicación acotado, pues deben existir "indicios" de que la persona perpetrará un delito, fue testigo de un delito, tiene antecedentes del mismo o usa pasamontañas.

"Eso sirve en determinados casos, pero lo que se requiere es la posibilidad de tener un control más amplio sin necesidad de que haya un indicio, cuando las circunstancias generales hacen presumir por la experiencia policial que se pudiera cometer un hecho penal", manifestó.

El abogado enfatizó que tampoco se trata de dar a las policías facultades exageradas, y es por eso -agregó- que el legislador diseñó un procedimiento que indica dónde hacerlo, cómo hacerlo y con qué garantías para el afectado.

Alberto Ayala recalcó que "las personas de bien y que no andan cometiendo delitos" sentirán con esta norma que mejora el trabajo policial, e incluso dijo esperar que su mera existencia tenga un efecto disuasivo, comparándola con lo que ocurre con las cámaras de televisión de las tiendas.

"Nadie sabe si están prendidas, pero por el sólo hecho de que existen, la gente no sustrae especies", argumentó.

Defensor

El control preventivo de identidad será votado la próxima semana en la Cámara de Diputados con buenas posibilidades de ser aprobado, pese a que sectores de la Nueva Mayoría no comparten la idea de avanzar en este campo.

Ad portas de la votación, el defensor nacional, Andrés Mankhe, aseguró que la norma no sólo es "innecesaria", sino que marca un retroceso en materia de derechos básicos.

El personero apuntó su crítica al hecho que la nueva herramienta policial no establece un ámbito preciso de aplicación, lo que en la práctica significa que su uso será absolutamente discrecional por parte de las policías.

"Este control no describe el ámbito de acción de las policías, el poder político no fija ningún marco, y esa esfera de indeterminación en algo tan relevante nos parece muy preocupante", enfatizó.

Mankhe, quien ayer asistió a la cuenta pública de la Defensoría Regional, explicó que el proyecto tiene implícito un componente de discriminación, porque la policía bajo ninguna circunstancia podrá aplicar el control de identidad a todos los chilenos.

Además planteó que al coexistir con la norma del Artículo 85, la nueva facultad "confundirá" a la comunidad y a las policías, tensionando las relaciones entre ambos.

Aunque reconoció como avances que se haya reducido a dos horas el tiempo de retención para los jóvenes, liberando del control a los menores de 14 años, Mankhe manifestó que el proyecto se aleja de lo que desea la Defensoría.

"Bajo ninguna circunstancia queremos volver a la detención por sospecha, pero las policías deben tener la posibilidad de controlar identidad"

Alberto Ayala, Fiscal regional

"No existe ninguna legislación en el mundo con estas características y por lo tanto es imposible aventurar qué pasará cuando se implemente".

Andrés Mankhe, Defensor nacional