La exPresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se presentará hoy a declarar ante la justicia por supuestas maniobras del Banco Central en la venta del dólar a futuro durante su último año de gestión, en medio de una convocatoria a una multitudinaria manifestación en su apoyo.

El juez federal Claudio Bonadio, ratificado ayer al frente de la investigación tras haber sido recusado, tomará declaración indagatoria a la exMandataria en los tribunales federales.

Se estima que miles de militantes kirchneristas del Frente para la Victoria (FpV) opositor y la agrupación juvenil La Cámpora se congregarán frente a los tribunales para expresar su apoyo a Fernández, en medio de un estricto operativo de seguridad dispuesto por el Gobierno nacional.

La exPresidenta, quien el sábado fue imputada en otra causa por supuesto lavado de dinero, fue recibida el lunes por la noche por una multitud, en su regreso a la capital por primera vez desde que culminó en diciembre su segundo mandato.

La justicia investiga si Fernández y los demás imputados supuestamente cometieron el delito de "defraudación contra la administración pública" con los contratos de futuro del dólar que el Banco Central hizo en 2015 y generaron millonarias pérdidas al fisco.

Naciones Unidas cuestionó ayer que se haya declarado la inconstitucionalidad de la ley de amnistía venezolana, aprobada por la mayoría opositora en la Asamblea Nacional para buscar la liberación de los dirigentes políticos presos.

"Estamos muy sorprendidos con la decisión (del lunes) de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela contra la ley de Amnistía y Reconciliación Nacional", señaló Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH).

"La ley, que fue aprobada por la Asamblea Nacional el 29 de marzo de este año, podría haber servido de base para un camino de diálogo y reconciliación en Venezuela", añadió la vocera.

La ACNUDH indicó además que a pedido del Gobierno venezolano realizó un análisis legal de la legislación y consideró que en general está en conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos.

La ley busca la liberación de un grupo de dirigentes opositores presos, entre ellos Leopoldo López, condenado a casi 14 años por instigación de las protestas contra el Gobierno en 2014, que dejaron 43 muertos.

El Presidente Nicolás Maduro exigió al Tribunal Supremo que diera una opinión sobre la ley y dijo que haría lo posible por evitar la entrada en vigor de la legislación.