Carolina Collins

En calidad de imputado prestó declaración por dos horas el exsenador Pablo Longueira, quien acudió hasta las dependencias de la Fiscalía de Valparaíso para dar su testimonio ante el fiscal Pablo Gómez, por la investigación por cohecho y por delitos tributarios que existe en su contra.

Durante la diligencia, Longueira renunció a su derecho a guardar silencio y entregó su declaración, entre varias cosas, sobre los correos que intercambió con el exgerente general de SQM, Patricio Contesse, que terminaron con la solicitud de formalización de la Fiscalía.

En esos correos, el exgerente de la minera no metálica le envió una propuesta de modificación al proyecto de royalty minero que se discutió en 2010. Contesse ya fue formalizado por delitos tributarios.

Luego que el Ministerio Público comunicó la decisión de formalizarlo, Longueira acusó que la audiencia había sido solicitada sin contar con su declaración, algo que fue rechazado por el fiscal Gómez, quien dijo que el exparlamentario había tenido tres oportunidades antes de entregar su versión.

El exministro además acusó al Ministerio Público de actuar con "extrema injusticia" y de "falta de objetividad".

Longueira ya se había presentado a declarar como imputado antes en enero pasado por la arista sobre los delitos tributarios por los que está siendo indagado, que también dicen relación con la minera. En aquella ocasión el exsecretario de Estado se acogió a su derecho a guardar silencio.

En febrero Gómez abrió la investigación en su contra por el delito de cohecho.

La formalización contra el exministro de Minería por el delito de cohecho está fijada para el próximo 1 de junio ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

Invariabilidad

La Segunda reveló que SQM Salar y SQM Nitratos fueron las únicas empresas mineras chilenas que obtuvieron contratos de invariabilidad tributaria, por la llamada "indicación Contesse", en el marco de la ley de royalty minero.

"Cumplo con informar que las empresas cuyas solicitudes se aceptaron para que se les concedieran los derechos contenidos en el artículo 11 ter del Decreto Ley N° 600, de 1974, en las condiciones establecidas en dicho artículo, sujeto además a los requisitos y condiciones del artículo cuarto transitorio de la ley 20.469, fueron SQM Salar S.A. y SQM Nitratos S.A.", respondió al medio mencionado la subsecretaría de Economía.

El abogado querellante de Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, explicó que la información es "trascendente en la causa de cohecho que se sigue en contra de Pablo Longueira".

El abogado Luciano Foiullioux, defensor de la exdirectora de la Onemi, Carmen Fernández, aseguró ayer ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que su representada, así como los otros cinco imputados en la causa, "fueron responsables simbólicos", de las víctimas del tsunami del 27 de febrero de 2010.

El profesional destacó que se trata de personas "honorables" que terminaron siendo "rostro de esta tragedia". "En esta forma de expiar culpas, cayeron estas seis personas y se transformaron en responsables simbólicos de esta situación, se hizo una imputación colectiva desde el dolor y la tragedia", enfatizó Foiullioux.

Los dichos del abogado se produjeron en la tercera jornada de audiencia para discutir la suspensión condicional del proceso, tras el acuerdo al que llegó el Ministerio Público con los imputados, que ha sido ampliamente rechazado por los 141 querellantes.

El acuerdo establece el pago de $235 millones, repartidos entre los familiares de las víctimas, más $10 millones para un seminario sobre el 27-F y una declaración pública.

Se espera que hoy la jueza del caso Carolina Guajardo, entregue su resolución, la que luego sería revisada por la Corte de Apelaciones.

Fue durante la formalización del periodista Ignacio Ternicier, primer imputado vinculado al presunto financiamiento irregular de la campaña política de la senadora Ena Von Baer, que la Fiscalía Metropolitana Oriente, detalló cómo Penta hizo entrega de dineros de forma ilegal para las elecciones de 2013.

Según la fiscalía, Ternicier emitió una boleta por $5 millones que sería ideológicamente falsa, para justificar los aportes a la campaña de la parlamentaria de la UDI. Esto habría sido realizado a petición del ex presidente de ese partido, Jovino Novoa, único condenado por la causa.

El fiscal Pablo Norambuena, quien investiga el caso a cargo del fiscal regional oriente Manuel Guerra, detalló que el documento fue emitido a Penta luego de que se hiciera un acuerdo con los dueños del holding, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, para entregar los fondos para la campaña de Von Baer.

Norambuena estableció en los cargos que Ternicier se puso de acuerdo primero con Novoa "con el objeto de proporcionarle los medios necesarios para que éste último facilitara a empresas Penta S.A. una boleta de honorarios ideológicamente falsa por un total de $5.555.555 pues la glosa respectiva da cuenta de servicios inexistentes que el emisor nunca realizó ni prestó a la referida sociedad".

El persecutor añadió que el periodista estaba al tanto de que los servicios por la boleta emitida "eran inexistentes".

El cheque por los $5 millones fue retirado por un empleado de Novoa el 28 de mayo de 2013 y la boleta incorporada a los registros de contabilidad. El ex gerente del Penta, Hugo Bravo, escribió al dorso de la boleta "EVB", lo que según el fiscal, da cuenta de que el dinero iba para Ena Von Baer.

En octubre de 2014 la senadora negó todo vínculo con pagos irregulares. "No tengo financiamiento fuera de la ley", dijo.

Ternicier quedó sujeto a la medida cautelar de firma mensual en una comisaría de Concepción, durante el periodo de indagatorias.

Tras anunciar que se aplicarán multas y se retirarán los autos de aplicaciones como Uber y Cabify, que son vehículos particulares que ofician como taxi no usan la patente correspondiente ni pagan los impuestos correspondientes, el ministro de Transportes Andrés Gómez-Lobo hizo un llamado a la gente a no usar esas servicios.

"Estamos muy a favor de mejorar los sistemas de transporte utilizando las nuevas tecnologías, pero en lo que no estamos a favor es en permitir un tipo de transporte público que no cumple la normativa vigente, ni en el tipo de vehículos que se utilizan, ni tampoco con conductores profesionales", dijo el secretario de Estado según consignó Publimetro.

Gómez-Lobo explicó que ese tipo de vehículos privados no pagan los seguros correspondientes y además no cumplen con el requisito de los taxis de sacar la revisión técnica dos veces al año.

"El llamado a la ciudadanía es a usar las aplicaciones que efectivamente utilizan Conductores profesionales y que tienen los vehículos que la ley exige y a evitar las aplicaciones que utilizan vehículos que no cumplen con la normativa vigente", dijo el ministro, que además señaló que para que esos autos funcionen en norma, se requiere un cambio legislativo, por lo que no podrán funcionar mientras eso no ocurra.

El anuncio de Transportes tuvo una excelente acogida entre los taxistas, que habían organizado protestas para manifestar su molestia con el surgimiento de estos nuevos servicios, que acumulan decenas de miles de usuarios. Sólo Uber cuenta con 10 mil choferes inscritos.

El presidente del gremio, Luis Reyes, señaló a Emol que "Los que son operadores, quienes ponen su vehículo a disposición de la aplicación son los que pagan las consecuencias. Ellos son los que tienen que pagar la multa mientras Uber está tranquilamente mirando cómo pasa la gente".