Mabel González / Agencias
Mientras en Sao Paulo miles de personas se manifestaban para exigir la renuncia de la Presidenta Dilma Rousseff y la policía militarizada salía a la calle para dispersar las protestas, la Cámara de Diputados de Brasil celebraba ayer una sesión extraordinaria para acelerar el trámite para un juicio político contra la Mandataria.
El presidente de los diputados, Eduardo Cunha, anunció que el organismo legislativo celebrará sesiones de lunes a viernes, dos días más de lo habitual, con el fin de acortar los plazos del posible "impeachment" que puede llevar a la destitución de Rousseff. Con esto, el plazo de 10 sesiones legislativas para que la Jefa de Estado presente su defensa ante una comisión comenzó a correr.
Las acusaciones contra Rousseff se fundamentan en supuestas irregularidades cometidas por el Gobierno entre 2014 y 2015 en sus balances. Sin embargo, el trámite será netamente político, según EFE.
La crisis política y social en el país sudamericano, agravada por las imputaciones por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito contra el exPresidente Luiz Inácio Lula da Silva, se trasladó ayer a las calles, especialmente a las de Sao Paulo, donde miles de personas volvieron a manifestarse en la principal avenida de la ciudad para exigir la renuncia de Rousseff y rechazar el nombramiento del exJefe de Estado como ministro de la Presidencia.
La policía militarizada dispersó las protestas lanzando chorros de agua y bombas de gas lacrimógeno. El episodio reflejó el aumento de la tensión en un ya convulsionado Brasil.
Más tarde fue el turno de movimientos sociales de izquierda, sindicatos, y militantes del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), que se manifestaron en 20 estados del país en defensa del Gobierno de Rousseff.
Recursos contra lula
Si bien un tribunal de Río de Janeiro había anulado ayer la segunda de las dos cautelares presentadas contra el nombramiento de Lula como jefe de gabinete del Ejecutivo, una nueva decisión judicial volvió a frenar la asunción del padrino político de Rousseff.
La determinación la tomó el juez federal de Sao Paulo Luciano Tertuliano da Silva, quien anuló de manera cautelar la designación con el argumento de que Lula y Rousseff interfirieron en la investigación de la corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
Lula fue nombrado ministro de la Presidencia el miércoles pasado, al día siguiente fue investido, pero 40 minutos después dos jueces ordenaron suspender los efectos de su posesión, atendiendo a sendas demandas presentadas por partidos y grupos opositores.
La primera cautelar, tomada en un tribunal de Brasilia, fue anulada el jueves, y la segunda, que procedía de una corte de Río de Janeiro, fue reprobada por el Tribunal Regional Federal de la Segunda Región, corte de segunda instancia.
Los opositores creen que la designación es ilegal porque se trata de una supuesta maniobra para que Lula evite ser juzgado por corrupción en los tribunales comunes.
Además, la oposición sostiene que Lula no puede ser ministro al estar bajo investigación en diversos procesos y haber sido acusado formalmente de delitos de enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsificación de documentos.
PT presionó para evitar prisión
Una escucha telefónica divulgada ayer reveló que el presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Rui Falcão, presionó al Gobierno para que tomara medidas para evitar el cumplimiento de una orden de prisión contra Lula. "Tienen que moverse", dijo Falcão el 10 de marzo al entonces ministro de la Presidencia, Jaques Wagner. La divulgación de audios alimentó la polémica sobre los límites entre los poderes en el país. El Ejecutivo anunció que investigará si se realizan escuchas telefónicas en el Palacio de Planalto.
