Tsunami: juez aplaza acuerdo por falta de notificación
QUEJAS. Familiares de víctimas rechazaron la salida alternativa que se dará a conocer el 9 de abril próximo.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago suspendió ayer la audiencia de revisión de salidas alternativas para los imputados del caso tsunami, que apunta a la suspensión de la indagatoria.
El fiscal regional Occidente, José Luis Pérez Calaf, comunicó a la jueza Carolina Gajardo el acuerdo alcanzado con las defensas, pero pidió también suspender la audiencia y fijar una nueva fecha y hora.
La nueva audiencia se realizará el 4 de abril a las 9 horas, oportunidad en la que las defensas comunicarán el acuerdo para cerrar la indagatoria, evitar ir a un juicio oral y la concreción de posibles condenas.
Lo anterior, debido a que, hay familiares de 17 víctimas que no habrían sido notificadas de las 104 en total, lo que es un requisito para resolver la suspensión condicional del procedimiento.
Saber del acuerdo
En la instancia se recalcó que existen 87 víctimas representadas por abogados querellantes, pero 17 tienen derecho a conocer este acuerdo logrado por el Ministro Público.
Antes de terminar la audiencia de ayer se registraron algunos incidentes en la sala del Centro de Justicia, porque familiares de víctimas criticaron la posibilidad de llegar a un acuerdo que suspenda el juicio oral sin antes escuchar a los involucrados.
Julia Rojas, madre de Claudio Ponce, uno de los fallecidos por la fallida alerta de tsunami, interrumpió la audiencia para exclamar "basta de burlas, todos tenemos derechos".
"Yo hablo de derechos humanos, ellos hablan de plata, ellos interesan cuidar las arcas", agregó al finalizar la jornada. "Estamos dispuestos a llegar hasta las últimas instancias. Si es posible ir a la corte extranjera, porque esto no va a quedar así", dijeron otros familiares.
El acuerdo
En el acuerdo se estipula que el subsecretario del Interior de la época, Patricio Rosende, la ex directora de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), Carmen Fernández, el jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, Johaziel Jamett y los marinos del SHOA (repartición de la Armada encargada de levantar las alarmas) Andrés Henríquez, Mariano Rojas y Mario Andina, tendrán que pagar una indemnización total de $ 245 millones, leer una carta a las víctimas y financiar un seminario sobre este tipo de emergencias.
"¿No parece sospechoso que un señor que lleva 45 días en el cargo, después de seis años de haber invertido recursos del Estado, US$ 5 millones del Estado, llegue a esta solución abiertamente injusta para las víctimas?", dijo el abogado Raúl Meza, querellante en la causa.