Pamela De Vicenzi

En una maratónica jornada, el Senado aprobó dos de los puntos más discutidos de la reforma laboral, relacionados con el derecho a huelga. Asimismo, rechazaron la obligación de negociación con sindicatos interempresa.

El debate estuvo marcado por el desalojo de los dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), quienes se encontraban en las tribunas de la Sala.

Los legisladores discutieron y votaron las propuestas sobre titularidad sindical, considerado uno de los temas centrales del proyecto.

Este punto reconoce al sindicato como sujeto principal de negociación colectiva, prohibiendo la existencia de los grupos negociadores en las empresas donde existen sindicatos. Estas disposiciones fueron aprobadas con 22 votos a favor y 14 en contra.

Los legisladores que apoyaron esta iniciativa argumentaron que este ítem es fundamental para fortalecer la organización sindical y con ello convertir al sindicato en un interlocutor más fuerte frente a la empresa.

Luego se discutió la extensión de beneficios, en la que se considera una práctica desleal otorgar los beneficios fruto de la negociación que realiza un sindicato con el empleador, a los trabajadores no afiliados a este cuerpo colectivo. Este artículo se aprobó con 19 votos a favor y 14 en contra.

También se aprobaron los puntos complementarios que se refieren a la afiliación de trabajadores a un sindicato, en particular respecto a cómo el empleador pacta con este organismo, y el que el reajuste salarial de acuerdo al IPC negociado, sí se extienda a todo el personal.

Luego se vieron los temas relacionados con el derecho a huelga, artículo aprobado por 22 votos a favor, uno en contra y 13 abstenciones. La iniciativa indica que esta movilización es un derecho que debe ser ejercido colectivamente por los trabajadores.

Esto también prohíbe el reemplazo de los trabajadores en huelga, que no afectará la libertad de trabajo de los trabajadores no involucrados en ella, ni la ejecución de las funciones convenidas en sus contratos de trabajo.

Luego, se dio paso a la votación sobre prácticas desleales del empleador. Las adecuaciones necesarias, último término que generó diversas posturas ante la opinión pública y el propio Parlamento, finalmente fue aprobado por 29 votos a favor y 1 en contra.

En ella, el empleador en el ejercicio de sus facultades legales, podrá modificar los turnos u horarios de trabajo y efectuar las adecuaciones necesarias con el objeto de asegurar que los trabajadores no involucrados en la huelga puedan ejecutar las funciones convenidas en sus contratos de trabajo, sin que constituya práctica desleal.

Sobre los servicios mínimos y equipos de emergencia, ambos quedaron aprobados. Esto significa que las medidas adoptadas por el empleador no podrán involucrar a un número superior de trabajadores del equipo de emergencia que no hayan sido suministrados por el sindicato.

Uno de los puntos más discutidos fue la negociación de los sindicatos interempresas, que fue rechazada con 13 votos a favor y 15 en contra, estos últimos con el apoyo de la DC.

El texto rechazado mantenía el derecho a negociación de estos sindicatos y establecía requisitos para su conformación, fijaba la obligación del empleador de negociar con este tipo de organización y daba condiciones según el tamaño de la empresa.

El fiscal regional de O'Higgins Luis Toledo, quien dejará su cargo el 1 de abril, aseguró que el caso Caval "seguirá siendo investigada con el mismo rigor por el mismo equipo".

El persecutor dejará la sede del Ministerio Público en Rancagua para encabezar la Unidad de Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancia Peligrosas de la Fiscalía Nacional, liderada por Jorge Abbott.

Respecto de los cuestionamientos desde el mundo político en torno a su salida, Toledo señaló ayer que la investigación "ha avanzado y también lo hará con otro fiscal".

Mientras, Sergio Moya continuará con las diligencias decretadas en la investigación, en la cual fue formalizada la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon.

"no hay insustituibles"

El ministro del Interior, Jorge Burgos, sostuvo que es "legítima" la decisión tomada por Abbott de integrar a Luis Toledo a la Fiscalía Nacional.

"Son decisiones internas del Ministerio Público, me parece súper legítima (...) Las investigaciones no dependen de una sola persona, no hay insustituibles. Ni en el Ministerio Público ni en ningún ministerio", indicó el secretario de Estado.

Burgos añadió que "es inevitable que haya interpretaciones, las instituciones funcionan de acuerdo a sus orgánicas. Si el Fiscal Nacional determinó que el señor Toledo puede cumplir un rol mejor en una función más cerca de él, es una decisión autónoma que la puede tomar, habrá tomado las medidas para que quien lo reemplace asuma la etapa de investigación".

Desde Chile Vamos, el diputado UDI y ex integrante de la comisión investigadora del caso Caval, Felipe Ward, expresó que "sacar a un fiscal de un caso tan relevante, que tiene tanta conmoción pública en la que aun hay muchas diligencias pendientes nos parece que es poco adecuado".

"Es una buena noticia sólo para la familia presidencial. Esperamos que este cambio sea para que la investigación sea más fuerte y tengamos lo antes posible una condena y no sea el principio de sucesivos cambios", señaló a su vez la diputada Marcela Sabat (RN).

El juicio a los anarquistas chilenos Francisco Javier Solar y Mónica Caballero finalizó ayer con incidentes y la fiscalía española mantuvo su petición de 44 años de prisión para cada uno por el artefacto explosivo que colocaron en una iglesia española en octubre de 2013. Los jueces tendrán de cinco a 30 días de plazo para definir su veredicto.

En la última jornada de la instancia judicial ambos se despidieron del tribunal con gritos: "viva la anarquía" y "muerte al Estado". La pareja negó pertenecer a una organización terrorista "ni a otra que tenga algún tipo de líder, mando o cúpula de poder".

Caballero señaló que "la solidaridad y el apoyo mutuo no solo debería ser una práctica anarquista sino de la humanidad en su conjunto", mientras que Solar subrayó que "los anarquistas somos antiautoritarios".

La fiscalía los acusa de pertenencia a organización terrorista como miembros del Comando Insurreccionalista Mateo Morral, integrado en los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC), equivalentes en España de la Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional (FAI/FRI).

También les atribuye lesiones a una mujer que estaba en la basílica, estragos y conspiración para cometer este mismo delito en Montserrat. La parte acusatoria solicitó además que se les imponga libertad vigilada durante ocho años una vez cumplida la condena y prohibición a residir en Zaragoza y en Barcelona (lugar de residencia), entre otras medidas.