La Presidenta Michelle Bachelet promulgó ayer la nueva ley de Carrera Docente, señalando que este es "tal vez el paso más importante" que se está dando en materia de educación.

"Estamos concretando un logro que impactará positivamente en nuestra educación. Sé que los profesores que han dado una larga batalla por la dignidad y el reconocimiento valoran lo que representa la promulgación de la ley", afirmó la Mandataria durante la firma de la normativa, que crea un Sistema de Desarrollo Profesional Docente que apunta a posibilitar mejoras laborales y económicas para los profesores.

La Jefa de Estado indicó que la nueva legislación "es fruto de un trabajo conjunto, donde distintos actores entregaron su visión y, más allá de las legítimas diferencias, fue la necesidad de mejorar las condiciones y la perspectiva laboral de los profesores en Chile".

"Estamos apoyando para que se reconozca, en su justo valor, el aporte central e irreemplazable de los docentes a nuestros niños, jóvenes y sociedad", remarcó, agregó que "estamos dando tal vez el paso más importante al apuntar el corazón, al fortalecer el principio motor de la calidad, que es la labor de los profesores".

El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, calificó la promulgación como "un gran avance", manifestando que "hasta ahora la profesión docente se regía por la oferta y la demanda".

"Lo que hemos logrado es asegurar mayor calidad en la formación de los profesores, junto con mejores condiciones laborales, remuneraciones y un apoyo continuo", dijo a Emol.

La normativa comenzará a regir gradualmente a partir de 2017 y establece, entre otros aspectos, nuevos requisitos para ingresar a las carreras de Pedagogía y más exigencias a las universidades que las imparten.

La carrera se compone de cinco tramos de desarrollo profesional, en los que se irán situando los profesionales según los resultados obtenidos en sus evaluaciones. El avance de un tramo implicará la posibilidad de recibir mayores remuneraciones.

El alcalde de Juan Fernández, Felipe Paredes, hizo ayer un llamado a la Presidenta Michelle Bachelet a recibirlo en La Moneda para revisar el proceso de reconstrucción tras el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010.

La solicitud del edil llegó luego de que el jueves el Concejo Municipal de esa comuna declarara "persona non grata" a la Mandataria y a otras autoridades de Gobierno debido a la "falta de seriedad" que acusan en los proyectos para la recuperación del archipiélago.

"Hace seis meses estamos pidiendo una reunión con el jefe de Gabinete u ojalá con la misma Presidenta, y no hemos tenido una respuesta favorable", aseveró el edil.

La autoridad local dijo que espera que la cita se concrete antes del 12 de marzo, fecha en que él debe retornar al territorio insular, ya que ahora se encuentra en el continente participando de distintas reuniones que apuntan justamente a la reconstrucción de Juan Fernández y a otras problemáticas históricas.

En esa misma fecha la instancia reevaluará la decisión.

Paredes reiteró que lo que motivó la unánime determinación del Concejo es que no se han cumplido las metas fijadas en 2010. "Los primeros años (tras el terremoto) se plantearon metas políticas, entonces tratando de cumplirlas, pasaron a llevar aspectos importantes de reconstrucción", criticó la autoridad comunal en T13 Radio.

Agregó que "hemos tenido una serie de reuniones, pero no se materializan los proyectos".

Posteriormente, el alcalde se reunió con el intendente de Valparaíso, Gabriel Aldoney, para según dijo, "limar asperezas".

"Lo que acordamos e identificamos en conjunto, y eso es por primera vez, es que una autoridad regional como el intendente reconoce que la propia normativa con la cual ellos cuentan para ejecutar proyectos en Juan Fernández no sirve y quizás deba estar sujeta a modificaciones", indicó Paredes tras la cita.

Mabel González

El ministro del Interior (S), Mahmud Aleuy, descartó ayer que el Gobierno vaya a aplicar "medidas excepcionales" ante los últimos ataques incendiarios ocurridos en La Araucanía.

La Moneda respondió de esta forma a la solicitud que habían realizado los camioneros de la zona y parlamentarios de la UDI de declarar el estado de excepción en la región.

"Aquellos que han planteado aplicar medidas excepcionales a estos hechos, el Gobierno tiene una postura extremadamente clara. Hay grupos en ambas regiones (Bíobío y La Araucanía) que pretenden mostrarle al país que tienen el control territorial de esas regiones o territorios. Nosotros estimamos que no debemos aplicar medidas legales extraordinarias para hechos acotados de este tipo", afirmó Aleuy.

El secretario de Estado (S) dijo que "si bien los hechos son graves, el propio Ministerio Público nos ha informado que aquellos que pretenden con la violencia rural dar la sensación de que tienen control territorial representan el 0,4% de los hechos de la región".

Sin embargo, el titular de Interior subrogante recalcó que "no queremos minimizar esto, pero tampoco vamos a usar medidas excepcionales que lo único que hacen es ratificar la idea del control territorial y al aplicar este tipo de medidas hay ciudadanos que no están involucrados que van a ser afectados".

"Militarizar este tipo de zona afecta a demasiadas personas y nosotros estamos por seguir aplicando los métodos legales que tenemos a la mano, eso incluye todos los aspectos operativos policiales y legales que corresponda", aseguró.

Aleuy realizó estas declaraciones tras sostener un encuentro de coordinación con el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, y el director general de la PDI, Héctor Espinosa, para abordar nuevos procedimientos frente a estos casos.

Verificación en terreno

Luego de esa reunión, las autoridades informaron que las jefaturas de ambas policías se van a trasladar el próximo martes hasta el Bíobío y La Araucanía "para verificar en terreno que lo que hemos acordado operativamente durante estos días se esté aplicando de manera adecuada y no se produzcan interpretaciones sobre los acuerdos o los protocolos que están establecidos".

La solicitud de decretar un estado de excepción se produjo luego de que el jueves seis camiones fueran quemados Tirúa, en la provincia de Arauco. El ataque se produjo pese a que la caravana viajaba con escolta policial.

El hecho en la Región del Biobío llevó al Ejecutivo a querellarse invocando la Ley de Seguridad del Estado.