A pesar de ser uno de los más caros de la región, el pasaporte chileno ostenta el título del "mejor" de estos documentos en América Latina, al permitir viajar a una mayor cantidad de países sin restricciones de acceso, según mostró el Indice de Restricciones de Visa de la consultora Henley & Partner. En ranking ordena a los países según la accesibilidad de sus pasaportes: a mayor cantidad de países que se pueda acceder sin visa, mejor es la posición en la lista. Es así como Argentina, que durante años sostuvo el primer lugar en América Latina con su pasaporte, quedó relegado en 2016 al tercer puesto, después de Chile y Brasil.

El Gobierno inició ayer la entrega del Aporte Familia Permanente, más conocido como Bono Marzo, que este año beneficiará a un millón 600 mil familias. "El monto este año por carga familiar o causante, como se llama, es de $ 43.042, dependiendo del tipo de beneficiario", detalló la Presidenta Michelle Bachelet al visitar a una familia favorecida con esta ayuda, que se entrega desde 2014. Los beneficiarios que al 31 de diciembre de 2015 se adjudicaron el Subsidio Familiar; Asignación Familiar o Maternal, recibirán aportes por cada carga familiar; y quienes a la misma fecha fueron beneficiarios del Ingreso Ético Familiar o Chile Solidario obtendrán un pago por familia. Las personas que ya reciben pagos en el IPS, como subsidios familiares, recibirán el bono en su lugar de pago habitual. Mientras que las personas que no reciben habitualmente pagos en el IPS recibirán su Aporte Familiar Permanente en las oficinas de la Caja Compensación Los Héroes.

Mabel González

Los seis imputados por el caso Tsunami lograron cerrar un acuerdo con la Fiscalía para suspender el proceso en su contra, luego de cinco años de investigación penal.

De esta manera, los seis acusados por la fallida alerta de maremoto tras el megasismo registrado en la zona centro sur del país la madrugada del 27 de febrero de 2010 podrán optar a una salida alternativa al juicio oral a cambio del pago de compensaciones que totalizan $ 245 millones.

Según indicó Emol, el ex subsecretario de Interior Patricio Rosende será quien deba desembolsar el mayor monto, correspondiente a $ 80 millones, mientras que la ex directora de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) Carmen Fernández tendrá que pagar $ 40 millones.

Mientras, el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, Johaziel Jamett, entregará $ 5 millones para reparar el mal causado. Finalmente, el ex director del SHOA, Mariano Rojas, el ex jefe de operaciones de ese servicio, Andrés Enríquez, y el ex oficial de guardia de la misma entidad Mario Andina deberán pagar $ 40 millones cada uno.

Los dineros serán entregados a una universidad para el estudio e implementación de un sistema de protección civil que permita evitar la tragedia ocurrida en 2010, que dejó 105 personas fallecidas.

Además, todos los imputados por el caso deberán firmar una declaración donde se pida perdón por los daños ocasionados.

Todo ello deberá quedar zanjado entre el fiscal regional Metropolitano Occidente, José Luis Pérez Calaf, y las defensas antes del lunes 14 de marzo, instancia en la que se concretarán los acuerdos.

De esta manera, el ex jefe de turno de la Onemi, Osvaldo Malfanti, es el único condenado en la causa tras aceptar, en un procedimiento abreviado, los cargos por cuasidelito de homicidio en relación a 74 personas que le imputó el Ministerio Público. Por ello fue sentenciado a 541 días de pena remitida.

El fiscal nacional, Jorge Abbott, al ser consultado ayer sobre los posibles juicios abreviados que se producirían en esta causa, confirmó que la Fiscalía y las defensas de los imputados han sostenido conversaciones para alcanzar un acuerdo.

"Entiendo que el fiscal José Luis Pérez ha tenido conversaciones con los imputados con el objeto de buscar algún tipo de salida y término a ella (...) en algunos casos se ha hablado de juicios abreviados", mientras que en otros se ha planteado una suspensión condicional del procedimiento, sostuvo Abbott.

Al realizar la cuenta pública de la entidad, el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, llamó a realizar modificaciones legales que permitan mejorar la gestión del Poder Judicial en la tramitación de procesos del antiguo sistema criminal, el cumplimiento de las penas, la situación carcelaria y los recursos de protección interpuestos por alzas de planes de isapres. Sobre esto último, Dolmestch señaló que los procesos contra estas instituciones de salud se han incrementado en los últimos siete años, lo que implica que el organismo esté invirtiendo actualmente, solo por concepto de remuneraciones, US$ 1 millón al año.