Por 12 delitos reiterados de apropiación indebida, el Tribunal Oral en lo Penal de Calama condenó de manera unánime a 15 años de cárcel al exadministrador municipal de Calama, Celso Eusebio Tapia Palavecinos. Los ilícitos fueron perpetrados entre 2009 y 2013 e involucraron la venta de terrenos en la exfinca San Juan.
El fiscal de delitos violentos, Juan Castro Bekios, decidió reformalizar al imputado que permanece en prisión desde el 3 de septiembre de 2015, por ultimar con el brazo hidráulico de una retroexcavadora al prevencionista de riesgos, Félix Franco Valbuena (41). El persecutor decidió que el caso pasará de homicidio simple a calificado, lo que incluso podría terminar con una sanción de presidio perpetuo.
La reformalización se realizó ayer en el Tribunal de Garantía, instancia en la que Castro Bekios estimó que los hechos ameritan recalificar el delito que investiga el Ministerio Público. Esto, porque el crimen pudo ser cometido con alevosía (golpeó dos veces a la víctima) o porque hubo premeditación, ya que otros trabajadores escucharon decir al trabajador que "podría pasar como un accidente laboral".
Se trata de una causa que comenzó con el fiscal Mario Concha Matus, quien hasta el 31 de diciembre del año pasado, se desempeñaba como persecutor de delitos violentos en la ciudad y ahora pertenece a la Fiscalía Local de Arica.
El prevencionista de riesgos de 41 años falleció de un politraumatismo, ya que según los testigos que presenciaron el hecho en un sector de áridos en La Chimba.
La tarde del 2 de septiembre, el imputado accionó el brazo hidráulico de la máquina retroexcavadora, golpeó al prevencionista para derribarlo y luego aplastó el cuerpo con la pala.
El imputado, quien a petición de su defensa en el tribunal sólo puede ser identificado con sus iniciales, F.F.G. (51), tras manipular la maquinaria pesada y herir mortalmente a la víctima, caminó hasta su domicilio, donde más tarde lo detuvo personal de Carabineros.
El Ministerio Público solicitó la ampliación del control de detención por 24 horas y el viernes 4 de septiembre formalizó al trabajador de 52 años.
Durante esa audiencia, la Fiscalía citó la declaración de varios testigos, quienes coincidían en que escucharon a F.F.G. decir que "si lo golpeo con la máquina, pasa como accidente laboral".
La acusación fiscal indicó que el homicidio ocurrió en un contexto en que víctima y victimario mantenían rencillas anteriores por motivos laborales.
Los datos aportados en el tribunal indicaron que el imputado contaba con 25 años de experiencia e incluso era instructor de maquinaria pesada. Como trabajaba en una compañía que arrienda ese tipo de vehículos, tuvo que acudir a un sector de La Chimba Alto, donde Félix Franco era capataz.
Los testigos declararon a la Brigada de Homicidios de la PDI que durante la jornada laboral, el imputado y el prevencionista "se insultaban mutuamente, amenazando con golpearse".
En distintos puntos de la faena ambos estuvieron cerca de agredirse con golpes de puño, situación que fue interrumpida por otros trabajadores.
"Sube a la retroexcavadora y opera el brazo de forma brusca hacia donde estaba Félix, a quien golpea y cae al piso. En eso la pala hace un movimiento de presión sobre la víctima", citó el fiscal Concha Matus en la formalización.
Otro testigo aseguró que el operador de maquinaria pesada, tras cometer el homicidio, le manifestó que por qué no lo había detenido.
En esa oportunidad, la defensa del acusado alegó que para maniobrar la retroexcavadora es necesario mover el brazo hidráulico. Fue realizando esta acción que F.F.G. impactó a la víctima y que para detener la máquina, debe dejar la pala sobre el piso.
La Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva. Pero el abogado de F.F.G. se opuso argumentando que su defendido tiene irreprochable conducta anterior y domicilio conocido, por lo que podría aplicarse la cautelar de arresto domiciliario.
Sin embargo, el tribunal consideró que el imputado representa un peligro para la sociedad y que en esta etapa procesal (formalización) podría suponerse que el acusado actuó con dolo. Se determinó conceder la prisión preventiva, la que fue concedida durante los 70 días de investigación, aunque estos plazos pueden ser extendidos a petición de ambas partes.
70 días de investigación fijó el 3 de septiembre el Tribunal de Garantía para esclarecer este caso.
Un incendio en la azotea del Hotel Marina, ubicado frente a la Playa Paraíso, terminó con observaciones de Carabineros que serán remitidas a la Seremi de Salud y la Onemi, luego que la administración del recinto impidiera el ingreso de Bomberos, argumentando éstos que ya había controlado el fuego.
La emergencia ocurrió ayer en una estructura, que preliminarmente, sería de material ligero. Cerca de las 17.40 horas, carabineros del retén móvil de la Playa Paraíso informaron a Bomberos que desde la azotea del hotel salía humo.
Hasta la calle La Cañada acudieron voluntarios de Bomberos, encabezados por el comandante Cristian González Weber. A este último, el administrador del recinto negó el ingreso, manifestando que el edificio es de su propiedad y que ya estaba controlada la situación.
Carabineros entró en contacto con el dueño del hotel, informando que al tratarse de un lugar público privado y que alberga pasajeros, era necesario que un equipo técnico ingresara a las dependencias.
Según trascendió, los propios huéspedes dijeron que no hubo ningún plan de emergencia que involucrara una evacuación.
Carabineros dará cuenta de las deficiencias detectadas en el sistema de protección civil de hotel a la Seremi de Salud y a la Onemi, junto con oficiar a Bomberos.
La Brigada de Homicidios de la PDI identificó el cuerpo de un hombre de 56 años que fue encontrado por transeúntes en los roqueríos del sector El Trocadero. Con la revisión de las impresiones dactilares logró establecerse la identidad de Ricardo Contreras Campos. Desde la brigada precisaron que no tenía lesiones atribuibles a terceras personas.