En Chile vivimos una gran paradoja: mientras la victimización disminuye, el temor ciudadano crece. Así, y mientras avanza el debate legislativo de la 'agenda corta anti delincuencia', propongo revisar algunos números para despejar esta aparente contradicción.
La tasa de condena de causas judicializadas es alta: de las 348 mil 984 causas terminadas por defensores públicos en 2014, 94 mil 422 fueron por delitos contra la propiedad. De ellas, el 48,4% finalizó con condenas, tasa que casi duplica la del resto de los delitos, aunque en los de mayor connotación pública es aún más alta: 68,6% en robo en lugar habitado; 59,4% en robo en lugar no habitado; 63,5% en robo con intimidación y 77,9% en robo con homicidio. Incluso para el hurto simple es altísima: 44,3 %.
Nuestras cárceles rebasan de condenados por estos delitos. Según Gendarmería (mayo 2015), el 53,9% de las 32 mil 620 personas condenadas y privadas de libertad están sentenciadas por robos, mientras que otro 8,55% (2 mil 789 personas) lo están por hurtos. Sólo estos dos delitos suman el 62,45% de las condenas.
La sensación de inseguridad existe, pero no es producto de problemas de la etapa judicializada del procedimiento penal, sino de la fase de investigación previa, en que la mayoría de los casos, sin imputado conocido, queda sin respuesta del sistema y pasa al archivo de la Fiscalía.
Según el Ministerio Público, el 54,7% del millón 348 mil 895 delitos ingresados en 2014 no tenían imputados identificados. El 63,03% (468 mil 19 casos) eran por delitos contra la propiedad, de los cuales casi un 87% no llegaron a tribunales.
Si queremos una agenda larga de seguridad ciudadana, debemos mejorar la prevención, la eficacia de la investigación, el funcionamiento de las penas sustitutivas, los planes efectivos de reinserción social y el uso racional de la cárcel, pues las sanciones en libertad con adecuados planes de intervención reducen la reincidencia.
Un sistema penal duro y eficiente como el nuestro no alcanza para resolver este tema y genera, además, nocivos efectos sobre miles de personas inocentes que son imputadas y pasan largos períodos en prisión preventiva: de los 47 mil 279 imputados inocentes o no condenados en 2015, 2 mil 650 fueron privados de libertad, 7 por ciento más que en 2014.
Andrés Mahnke M.
Defensor nacional