La Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), manifestaron ayer su preocupación luego de que la mesa de la Cámara de Diputados declarara el martes admisible el proyecto del PC que busca derogar la ley de Pesca.

El presidente de la Sofofa, Hermann Von Mühlenbrock, dijo que "la iniciativa carece de toda legalidad" y marca "un precedente sumamente negativo". Asimismo, afirmó que el Gobierno tendría que recurrir al Tribunal Constitucional (TC).

Von Mühlenbrock señaló que la moción "no sólo marca un precedente preocupante para otras leyes, sino que enloda todo el trabajo legislativo realizado por los parlamentarios que conforman ambas Cámaras y que analizaron, mejoraron y aprobaron esta ley".

El presidente de la CPC, Alberto Salas, replicó el llamado al Gobierno a recurrir al TC y recalcó que el Congreso no tiene la facultad de anular leyes. "Ni la ley ni la Constitución otorgan a nuestro Poder Legislativo la facultad de anular leyes", dijo en un comunicado y agregó que la iniciativa es "un peligroso intento por debilitar nuestro ordenamiento jurídico".

El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, dijo que la moción "es inconstitucional". "Esperamos que la Comisión de Constitución comparta dicho criterio y obviamente nosotros estamos evaluando todas las alternativas del caso", manifestó el secretario de Estado.

El Tribunal Constitucional (TC) decidió ayer acoger a trámite el requerimiento de inaplicabilidad presentado el 15 de enero pasado por el síndico de quiebras Herman Chadwick Larraín para eliminar su nombre de la lista de personas que serán formalizadas por el caso Caval.

La ministra del TC Marisol Peña explicó que el organismo decretó también citar a las partes correspondientes a alegar sobre la admisibilidad del requerimiento. La audiencia se realizará el 27 de enero, dos días antes de la audiencia de formalización fijada en Rancagua.

La autoridad indicó que este proceso es "totalmente distinto" a la formalización fijada para el 29 de enero.

"No incidimos para nada en el curso de la investigación criminal que se está llevando en este minuto", señaló Peña.

Con esta acción, el síndico pretende paralizar la investigación argumentando que el delito que se le imputa es "inconstitucional", ya que se trata de una ley penal que no describe la conducta que se sanciona, en este caso, "ventajas indebidas del síndico".

Mientras, la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Carolina Herrera, declaró que su tribunal es incompetente en la arista tributaria del caso.

La solicitud había sido hecha por el socio de Caval, Mauricio Valero, quien pretendía que la querella del Servicio de Impuestos Internos (SII) fuese vista en Santiago y no en Rancagua.

La magistrada se basó en el artículo 159 del Código Orgánico de Tribunales, que señala que si más de un juez tuviera conocimiento de una causa, será el juez que viera los primeros delitos el que conocerá finalmente los hechos investigados.

29 de enero

se realizará la audiencia de formalización de 13 personas por el caso Caval.