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Dos jóvenes chilenas mueren ahogadas en playa al sur de Lima

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Dos jóvenes chilenas murieron ahogadas ayer en el balneario peruano de Chocalla, ubicado al sur de Lima. Las víctimas, identificadas como las hermanas Antonia y María José Falcone Assler, de 23 y 34 años, se encontraban de vacaciones en dicha localidad. Según información entregada a T13 por el diario El Comercio en Lima, una de las víctimas fue encontrada a orillas de la vecina plata de Bujama. Mientras, la otra fue hallada mar adentro. La playa posee ciertas características que la hacen riesgosa, por lo que las autoridades han recomendado tener precauciones. El cónsul adjunto de Chile, Diego Bunster, se trasladó a Chocalla para prestar apoyo a la familia.

Parlamentarios expresan sus inquietudes por ley de Partidos

POLÍTICA. Mientras la UDI apeló a elevar las cifras para inscribir una colectividad, el bloque Sentido Futuro y regionalistas criticaron la mantención de exigencias.
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Pamela De Vicenzi

Parlamentarios de diversos sectores plantearon sus inquietudes ante la aprobación y despacho del proyecto de Ley de Partidos Políticos, que cambia la regulación de los conglomerados y que llegará hasta la Sala del Senado.

La instancia determinó como exigencia para la formación de nuevos partidos reunir un número de firmas equivalente del 0,25% de los votantes de la última elección. La medida será permanente y no transitoria, de acuerdo a las exigencias de los movimientos políticos en medio de la votación que finalmente terminó con el sistema binominal.

Sin embargo, se mantuvo la exigencia de que para constituirse como partidos deberán existir en al menos tres regiones contiguas o en ocho regiones a nivel nacional.

Las reacciones

El presidente de la UDI, senador Hernán Larraín, se mostró a favor de elevar las exigencias para la creación de nuevos partidos políticos.

"Me parece que hay que tener reglas comunes para todos, personalmente yo sería partidario de cifras más elevadas, que todo nuevo partido debería inscribirse con un 0,5%, pero que los partidos actuales también deberían reinscribirse cumpliendo el mismo requisito de 0,5%. Así le damos al país seguridad de que tenemos colectividades fuertes, debidamente representativas", sostuvo el timonel, citado por Emol.

En tanto, el bloque Sentido Futuro, integrado por Amplitud, Ciudadanos y Red Liberal, manifestó su preocupación por los requisitos para la subsistencia de los partidos, lo que califican como "barreras".

"Vemos con preocupación que ahora las barreras se impongan para mantenerse como partido y aún más, que se exija tener representación parlamentaria en al menos dos regiones de Chile. Creemos que esto atenta contra la descentralización, pues prohíbe la permanencia de partidos regionalistas", expresó la coalición en una declaración pública.

En esa línea, la senadora Lily Pérez (Amplitud) criticó la ley y señaló que "es un poquito maquillaje en el fondo, porque si bien es cierto que baja las barreras, la permanencia para ser partido es para mantener el binominal por secretaría. Atribuyo todo esto al pánico que tienen parlamentarios de la Nueva Mayoría y de Chile Vamos frente a la competencia".

La diputada Alejandra Sepúlveda, del Movimiento Independiente Regionalista Agrario y Social, emplazó al Gobierno por el despacho de la ley.

"Si bien es cierto que a lo mejor pueden mantener el 0,25%, la complicación más grande es que a los partidos regionales se les está obligando a ser nacionales, cuando lo que estábamos pidiendo era una expresión regional", subrayó Sepúlveda, citada por radio Cooperativa.

"Si bien es cierto que baja las barreras, la permanencia para ser partido es para mantener el binominal por secretaría".

Lily Pérez, Senadora de Amplitud

El contenido del proyecto de ley

Además de la disminución de la cifra para la constitución de un partido político y su existencia en al menos tres regiones contiguas o en ocho a nivel nacional, la legislación plantea que los conglomerados necesitarán de al menos un 5% de los votos de la elección anterior y conseguir al menos cuatro parlamentarios en dos regiones distintas, de lo contrario serán eliminados. También se definió el principio de elección directa en el caso de las internas, las normas para sancionar a los miembros que hayan cometido infracciones y el informe que deben elaborar al Servicio Electoral sobre los bienes inmuebles de las colectividades.

Oposición acusa presunto uso de recursos públicos para sondear las municipales y acude a Contraloría

DENUNCIA. El presidente de RN, Cristián Monckeberg, apuntó al subsecretario Mahmud Aleuy por "intervención" electoral.
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El presidente de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg, junto al diputado Juan Antonio Coloma (UDI), solicitaron un pronunciamiento a la Contraloría General de la República acusando al Gobierno de "intervencionismo electoral".

Los parlamentarios apuntaron a un presunto uso indebido de recursos fiscales en estudios para conocer el escenario de las próximas elecciones municipales que se realizarán en octubre.

"Vamos a ser majaderos. Estamos empezando un año electoral y queremos que la gente se pronuncie sin intervención del Gobierno, sin que el Gobierno influya en la toma de decisiones, y a eso responde este escrito", afirmó Monckeberg.

Una publicación realizada la semana pasada por el diario La Tercera dio a conocer la existencia de un grupo de trabajo al interior del Ejecutivo liderado por el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, donde destaca el ex secretario general de la DC y actual asesor del Ministerio, Víctor Maldonado, quien realizó viajes a lo largo del país para analizar la realidad electoral comuna por comuna.

Sobre la figura de Aleuy, Monckeberg aseveró que "es un viejo conocido en estas materias, se ha dedicado al análisis electoral a la intervención y hoy desde un cargo de Gobierno lo hace nuevamente, preocupados, porque este tipo de cosas estaban supuestamente erradicadas (...) Esto deja de sorprender, porque el Gobierno cada día comete errores de distinta índole y éste es uno más".

El escrito presentado por los personeros de la oposición ante la Contraloría califica el hecho de "máxima gravedad", ya que implicaría "el uso de recursos públicos para financiar viajes de autoridades y asesores de Gobierno con propósitos de proselitismo político partidista".

A través de este documento, los parlamentarios solicitaron a la Contraloría abrir una investigación y oficiar a la Subsecretaría del Interior, para que de este modo entregue un informe de los gastos realizados.