Bolivianos y colombianos son las nacionalidades que más se repitieron entre los imputados de origen extranjero durante 2015.

Según un informe elaborado por la Defensoría Penal Pública a solicitud de la Gobernación Provincial, el año pasado de 1.460 inmigrantes que enfrentaron investigaciones por distintos delitos, 1.118 correspondían a tales países, lo que representa el 77%.

Primeros en el listado están los bolivianos, con 620 imputados, y luego vienen los colombianos, con 498 imputados.

A mucha distancia les siguen los peruanos, con 211, los ecuatorianos, con 35, y los argentinos, con 20 casos.

En el listado de imputados extranjeros aparecen también 15 brasileños, 8 paraguayos, 3 norteamericanos, 2 venezolanos, 2 chinos y 2 japoneses, además de 1 alemán, 1 canadiense, 1 español y 1 uruguayo.

El informe de la Defensoría da cuenta de un total de 15.653 imputados en el periodo, de los cuales el 90% (14.193 personas) fueron chilenos.

En la institución asumen que la mayor presencia de bolivianos y colombianos en el listado de imputados tiene una explicación lógica.

Loreto Flores, jefa regional de la Defensoría, explicó que con los bolivianos existe una proximidad geográfica que los convierte en asiduos visitantes de la región, lo cual incide proporcionalmente en las estadísticas.

Sobre los colombianos, la abogada recordó que se trata de una población que ha tenido un fuerte crecimiento en los últimos años, situándose también -pese a no ser una nación fronteriza-, en los primeros lugares de los arribos.

Respecto a los bolivianos, Flores también hizo un cruce con la alta vulnerabilidad que tiene la región en delitos asociados a la droga.

"Ellos tienen una alto porcentaje de participación en delitos de tráfico, lo que dice relación con la actividad de los denominados burreros", dijo

Colombianos

El documento elaborado por la Defensoría hace un análisis especial de los imputados de nacionalidad colombiana.

Se indica por ejemplo que de los 498 imputados de esta procedencia, 126 enfrentaron cargos por el delito de lesiones, que se transforma así en la principal causal de denuncia.

Los otros delitos de mayor frecuencia entre los colombianos son infracciones a la Ley de Drogas (98), hurto (69), delitos contra la libertad e intimidad de las personas (59), delitos contra la Ley de Tránsito (51), delitos contra la propiedad (43) y robos (42).

El documento también da cuenta de 9 colombianos imputados por el delito de homicidio durante 2015.

Cabe precisar que el 94% de los 498 imputados colombianos eran mayores de edad, según el informe.

Proyectos

Aunque los imputados extranjeros siguen siendo minoritarios en relación a los chilenos (10% dice la Defensoría), la tendencia se mueve al alza, situación que ha alentado la presentación de varios proyectos de ley.

En la Cámara Baja hoy existen dos proyectos presentados, separadamente, por las diputadas Paulina Núñez y Marcela Hernando.

El de Núñez plantea que si un extranjero que reside de manera ilegal en el país es condenado por un delito simple, el juez, de oficio o a petición de cualquiera de las partes, podrá sustituir la pena por la expulsión del territorio nacional.

La iniciativa indica además que si un extranjero con residencia legal es condenado a expulsión por un crimen, por el solo mérito de la sentencia se entenderá revocado su permiso de residencia y no podrá regresar al país en 10 años.

Marcela Hernando, por su parte, presentó una moción que busca incorporar entre los requisitos de ingreso de extranjeros al país, la exigencia que estas personas no hayan sido procesadas o condenadas por delitos comunes calificados en Chile como simples delitos.

Cuidado

Consultada sobre el tema, la defensora regional concordó en la necesidad de cambios legislativos, pero hizo notar la conveniencia de ser cuidadosos, pues en ocasiones se plantea legislar en ámbitos que ya están regulados.

"Hay que distinguir entre normas que existen y no se aplican y normas que efectivamente no existen y donde se requiere avanzar", explicó.

Sobre el tema, el senador Pedro Araya planteó que en general la legislación resuelve bien la situación de los extranjeros que cometen delitos, a excepción de ciertas materias.

Por ejemplo, expuso que es prudente revisar la condición en que quedan extranjeros que son condenados a pena remitida, y por ese hecho no pueden tramitar visas para trabajar en el país.

"Si tienes más gente de una nacionalidad entrando al país, no es descartable que un porcentaje de éstos, minoritario por cierto, venga a cometer delitos".

Pedro Araya, Senador

La Gobernación Provincial logró un 100% de cumplimiento en la implementación de sus obligaciones legales en el ámbito de la transparencia. Así lo acreditó el Consejo para la Transparencia (CPLT) en una reciente fiscalización. La gobernadora Fabiola Rivero destacó el logro, asegurando que se existe un compromiso en ese ámbito.

Alcaldesa reacciona ante nuevas cifras de Fundación Paz Ciudadana

"Me parece que lo primero es reconocer la realidad que estamos viviendo", dijo la alcaldesa Karen Rojo Venegas, frente al informe de Paz Ciudadana que ratificó a Antofagasta como una de las comunas con las mayores alzas en homicidios en 2015. La edil dijo que la inseguridad es un problema que palpa cada vez que va a terreno.

Nuevas observaciones recibió el proyecto del relleno sanitario Chaqueta Blanca durante la tramitación de su resolución de calificación ambiental.

Se trata del segundo paquete de reparos que el proyecto recibe de los servicios públicos evaluadores, y se producen a pocas semanas de que la empresa responsable del proyecto, Consorcio Santa Marta, presentara su Adenda 1 con una serie de aclaraciones.

Entre los servicios que observaron distintos aspectos del proyecto están la Conadi, Dirección General de Aguas, Seremi de Vivienda, Seremi de Obras Públicas, Dirección de Obras Hidráulicas y Seremi de Medio Ambiente.

Conformes con las correcciones se declararon, por el contrario, Sernageomin, Seremi de Bienes Nacionales, Seremi de Agricultura y Conaf.

Entre los reparos destaca la ausencia de antecedentes hidrológicos e hidráulicos suficientes para descartar que precipitaciones excepcionalmente intensas, como las de 1991 (año del aluvión), provoquen emergencias en el área.

También se sugieren correcciones en el diseño técnico del acceso vial a la Ruta 26 (que conecta con el sector Chaqueta Blanca), y se pide incorporar en los análisis la situación de tres asociaciones agrícolas indígenas en el área de posible influencia del proyecto.

Además, la Seremi de Vivienda planteó al titular del proyecto 17 observaciones relacionadas con aspectos normativos, técnicos y de uso de suelo que deben ser aclaradas para contar con su visto bueno.

Pese a que el proyecto recibió nuevas observaciones, éstas son bastante menos numerosas que las recibidas tras la presentación inicial de la iniciativa por parte de Santa Marta, cuando sumaron más de un centenar.

De acuerdo al municipio, el proyecto debería entrar en operación este año, aunque la meta está en duda.