El comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, y el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, expusieron ayer ante la comisión que investiga el millonario fraude fiscal al interior de la institución conocido como "Milicogate". Oviedo repudió los hechos y afirmó que el Ejército "ha sido víctima" de quienes se apropiaron de dineros derivados de la Ley Reservada del Cobre. "No he venido aquí a defender a delincuentes ni tampoco he venido a defender los ilícitos repudiables que la opinión pública ha podido conocer", señaló el comandante en jefe. Por su parte, el ministro Gómez destacó que "el fraude con cargo a fondos de la Ley Reservada del Cobre fue descubierto y denunciado por el propio Ejército", y agregó que el interés de la institución y el Gobierno "es que esta situación se esclarezca y que ojalá se encuentre y se descubra a la totalidad de los responsables".

Carolina Collins

Miembros de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados del caso Caval anunciaron que le sugerirán a la Fiscalía de Rancagua que cite a declarar al exministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, tras las acusaciones del hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, en su declaración ante el fiscal Luis Toledo.

El diputado socialista Juan Luis Castro dijo que "el informe de la comisión Caval contendrá un capítulo dedicado al rol de la G-90 y del exministro Peñailillo en este entramado. Sugeriremos que entregue su versión ante la fiscalía", en dichos citados por La Segunda.

En su declaración, el ex director sociocultural de la Presidencia acusó al exministro y a su entorno ligado al PPD, de haber filtrado la información de la venta de terrenos en Machalí con el objetivo de desviar la atención del caso SQM.

Dávalos además justificó haber solicitado que se borrara la información de su computador en La Moneda, porque temía que los datos fueran manipulados "pues tenía temor fundado de que así podía ocurrir". El hijo de la Presidenta añadió que su designación generó "una fuerte reacción adversa de parte del entonces ministro del Interior Rodrigo Peñailillo".

Castro aseveró que "no tengo porqué no creer sobre una declaración judicial. Si es así, la conspiración estaba dentro de La Moneda, los enemigos de Dávalos cohabitaban con él, si es así, el exministro Peñailillo tiene que declarar".

El presidente de la comisión Caval, diputado Gabriel Silber (DC), por su parte, señaló que "dada la gravedad de las imputaciones es necesario que la justicia aclare el tema y como comisión respaldaremos esta solicitud".

El diputado PS Osvaldo Andrade, por su parte, argumentó que no hay antecedentes suficientes como para solicitar la declaración de Peñailillo. "Salvo la opinión de él (Dávalos) no tenemos ningún antecedente que justifique ni en favor ni en contra. No son materia de la investigación", dijo al medio mencionado.

Nuevo cuestionario

Los diputados Marcela Sabat (RN) y Felipe Ward (UDI) enviaron un nuevo cuestionario a la Presidenta para que aclare las dudas que surgieron a partir de la declaración de su hijo.

"La idea es, con mucho respeto, emplazar a la Presidenta de la República para verificar si ella quiere sostener su versión en orden a que se enteró del caso Caval por la prensa o va a desmentir a su hijo, Sebastián Dávalos, ya que él ha señalado que altas autoridades de Gobierno, militantes del PPD, conocían el caso Caval meses antes de que apareciera a la luz pública", explicó Ward.

Por otra parte, el ministro del Interior, Jorge Burgos, aseguró que las declaraciones de Dávalos ante la fiscalía son poco atingentes a la investigación.

"Las declaraciones (de Dávalos) las evaluará el fiscal. Los chilenos hemos podido leer las declaraciones y en general son declaraciones bastante poco atingentes al tema que se investiga, parecen ser más bien una discusión subjetiva de carácter política que pareciera que no aportan mucho al fondo de lo que se investiga", dijo el secretario de Estado.

"Los chilenos hemos podido leer las declaraciones y en general son declaraciones bastante poco atingentes al tema que se investiga".

Jorge Burgos Ministro del Interior

"Si es así (la declaración de Dávalos), el ex ministro Peñailillo tiene que declarar por la responsabilidad que le puede caber".

Juan Luis Castro Diputado PS

LaPDI informó ayer que el director nacional de la institución, Héctor Espinosa, resolvió pedir la renuncia a los funcionarios de la institución que se encontraban presentes en el asalto en Santiago en el que murió el subcomisario Franco Collao y que no le prestaron ayuda.

A través de un comunicado, la institución identificó a dos de los efectivos que estaban en el local comercial en el que Collao intentó repeler un asalto, e informó que el director "en uso de sus facultades, y de acuerdo a la gravedad de los hechos y grados de los funcionarios involucrados, les ha solicitado la renuncia a sus cargos a los subprefectos José Muñoz Améstica y Juan Manns Almonacid, la que se hace efectiva a contar de esta fecha".

El documento además indica que la tercera funcionaria presente era Ivonne Polanco Olivares, quien es parte de un proceso administrativo "para proceder a su desvinculación de la institución, conforme se ha establecido su posicionamiento en los hechos".

La PDI además informó que se está investigando a una cuarta persona para "acreditar o descartar su responsabilidad al infringir los lineamientos éticos y reglamentarios que afectan a todos los efectivos de la PDI".

Los hechos ocurrieron el jueves pasado, cuando el subcomisario fue baleado y muerto en un asalto a una juguetería en Santiago. La institución publicó el martes la foto de los tres delincuentes que están prófugos.