Al conocerse la indemnización de $522 millones pagada al exdirector de Codelco, Augusto González, quien renunció voluntariamente a la estatal, la diputada e integrante de la Comisión de Minería, Paulina Núñez, ingresó un oficio de fiscalización en la Cámara Baja para conocer los términos en que se desvinculó a este profesional.

La parlamentaria, además, gestionó una citación al presidente ejecutivo, Nelson Pizarro, y al presidente del directorio de la minera, Óscar Landerretche, para que en la próxima sesión informe sobre las desvinculaciones que se han concretado a la fecha y el costo de los planes de retiro.

Recursos

Núñez detalló que entre los puntos que busca aclarar el oficio, figura establecer cuántos son los términos de contrato que se han producido desde el año 2014 a la fecha y cuántos recursos han significado dichas desvinculaciones para la empresa en el periodo.

También se espera aclarar cuántos términos de contrato se han acogido a planes de egreso voluntario y cuántos de estos programas de egreso voluntario están vigentes hoy en la empresa, de los que la diputada espera tener copia. Otra materia que se busca conocer es la política de la empresa en relación a entregar incentivos al retiro, especialmente en relación a su costo.

Por último, el oficio pide determinar cómo la indemnización de Augusto González llega a 522 millones de pesos, estableciendo qué rubros componen dicho total, así como detallar los servicios y labores que el exsupervisor desempeñó durante su permanencia en la empresa cuprífera.

Interrogantes

Sobre la iniciativa, la parlamentaria explicó que lo sucedido con González plantea una serie de interrogantes que hacen "pertinente investigar", "por eso queremos saber cuántos términos de contrato hay desde el 2014 a la fecha, y por qué desde ese plazo. Nosotros apoyamos el año pasado una Ley de Capitalización, porque Codelco estaba mal en sus números y además se han implementado planes de contención que hemos apoyado", explicó.

La congresista agregó que "nos parece irrisorio que hoy a través de planes de retiro voluntario se paguen indemnizaciones millonarias"

Paulina Núñez detalló que la próxima reunión de la Comisión de Minería de la Cámara, que preside el diputado Luis Lemus, y en la que esperan la visita de Pizarro y Landerretche, será en la primera semana de enero, sesión que será además la primera del 2016.

Tamara Miranda Varela

La aprobación de la ley corta para la gratuidad en 2016 en la Cámara de Diputados hizo que los rectores de los planteles estatales de Antofagasta se mostraron satisfechos frente a la nueva propuesta de gobierno que busca entregar gratuidad a cerca de 185 mil alumnos para el próximo año. Aunque en un principio estaba estipulada para 200.000 estudiantes.

En ese sentido, el rector de la Universidad de Antofagasta, Luis Alberto Loyola explicó que mantendrán los cupos de beneficiados, es decir, 2.200 alumnos. "Por lo tanto no nos afectará. Está dentro del rango de lo que tenemos como postulantes", comentó la autoridad universitaria.

Loyola dijo que esta ley corta resuelve el tema de la gratuidad para un número importante de jóvenes vulnerables en instituciones reguladas y de calidad. Además, comentó, se está aumentando la beca a los alumnos de institutos y centros de formación técnica, lo que significa el aumento de oportunidades. "Siempre es bueno poder apoyar más aquellos jóvenes que están en la educación superior pero no en universidades", precisó.

Becas

Uno de los puntos que propone esta ley corta es el aumento de montos en las becas Nuevo Milenio, la cual aumentará a $900 mil para que sus alumnos puedan costear sus aranceles. Los planteles que tengan menos de cuatro años de acreditación, podrán acceder a $850 mil y el resto podrá mantener la beca que actualmente es de $600 mil, independiente de su acreditación y figura jurídica.

El rector de la UCN, Jorge Tabilo, valoró la rectificación que permite que estén incluidas las tres universidades estatales que por sus años de acreditación estaban fuera, asegurando a la vez un impulso para la mejora de la calidad.

No obstante reconoció preocupación por el hecho que ciertos puntos atenten contra las universidades tradicionales no estatales, que en su gran mayoría son regionales y cumplen con los requisitos de calidad certificada y "una gran tradición de servicio".

"Es importantísimo que no se olvide que somos universidades creadas por las comunidades, que nacimos y nos debemos a ellas", explicó la autoridad.

Respecto del aumento de becas para los IP y CFT, Tabilo precisó que lo ideal es alcanzar la gratuidad para los sectores vulnerables.

Agregó que si bien no es exclusivo el rol que en este sentido cumplen los CFT e IP, pues las universidades del Cruch reciben un alto porcentaje de jóvenes con condición vulnerable, "es cierto que su aporte es importante".

"Esta medida debería ser un paso hacia lo que todos esperan y así muchos jóvenes podrán ingresar a la educación superior gracias a eso", apuntó.

Mecanismos

"Mi llamado es a la unión, a que todos los entes participantes trabajemos juntos, no en disputa ni en veredas contrarias, pues el norte de nuestro trabajo es el bien común, dar educación de calidad y oportunidades de desarrollo a los territorios y a las personas, así como apoyo efectivo a la movilidad social en nuestro país", concluyó el rector.

Respecto a ello, el rector de la Universidad Santo Tomás, plantel privado que trabaja con IP y CFT, Exequiel Ramírez, dijo que este mecanismo es el que debió haberse planteado desde un comienzo de tal forma que a través de una discusión más profunda, puedan establecerse los mecanismos de financiamiento para así avanzar en la gratuidad.

"Me parece de toda justicia que se avance en esto sobre todo con becas. Porque más del 50% de la matrícula total de los estudiantes de educación superior, son alumnos de estos centros. Ellos estaban totalmente excluidos en la primera versión, lo cual lo hacía muy discriminatorio", sostuvo Ramírez.

El fallo del Tribunal Constitucional descartó el requisito de triestamentalidad propuesto por el gobierno para aquellas universidades, CFT e IP privados que quieran acceder a la gratuidad. Lo que fue acogido por el Ejecutivo.

Estamentos

En relación a ello, el rector de la UA dijo que no estaba de acuerdo pues desde su perspectiva las universidades avanzan cuando participan los tres estamentos: alumnos, funcionarios y académicos.

"Por principio parto de la base que una institución tiene que tener en su gestión la participación de la comunidad. Siempre es bueno tener una mirada distinta de los académicas y esa la tienen los funcionarios y los estudiantes.

En tanto, Exequiel Ramírez sostuvo que los estudiantes no pueden participar en todas las decisiones.

"Hay que darse el tiempo para discutir las reformas. Hay que precisar en qué participarán los estudiantes y en qué no", comentó el rector.

Exequiel, Ramírez,, rector

Santo Tomás

"El mecanismo de becas es de lo que nosotros estábamos hablando desde un principio, aunque aún falta discusión"

Luis, Loyola,, rector

UA

"Siempre es bueno apoyar a aquellos jóvenes que están en la educación superior y que sean de CFT o IP".

Jorge, Tabilo,, rector

UCN

"Son miles los jóvenes que necesitan tener claridad al respecto para poder decidir su futuro, si estudian y dónde".

Carolina Collins

Tras ser anunciado e ingresado al Congreso el lunes, la Cámara de Diputados aprobó ayer por 75 votos a favor, ocho en contra y 26 abstenciones la ley corta que corrige la glosa que permite dar gratuidad en 2016 a 185 mil alumnos de universidades estatales y privadas.

La iniciativa debía ser votada ayer en la Comisión de Hacienda del Senado y hoy en la Sala de la Cámara Alta, por los plazos impuestos por el Gobierno, que le puso discusión inmediata.

El proyecto, que fue ingresado luego de que se diera a conocer el fallo del Tribunal Constitucional (TC), fue aprobado sin el apoyo total de la oposición, que ingresó el requerimiento que estableció que la fórmula original era discriminatoria y arbitraria.

'error'

El proceso no estuvo libre de tropiezos. Por un error en un artículo en el que se dejó fuera a las universidades que son fundaciones (el grupo del G-9), la ley debió volver a la Comisión de Hacienda, desde donde había sido despachada la noche del lunes.

La instancia sesionó de urgencia y añadió una indicación que fue aprobada con ocho votos a favor del oficialismo y cinco abstenciones de la oposición.

La ley que ajusta el beneficio al fallo del TC estipula cuáles son los planteles elegibles y el 27 de diciembre como el plazo para que estos manifiesten si adscribirán a la gratuidad. Ayer la Universidad Diego Portales manifestó que ingresará.

El debate en la Cámara estuvo centrado en la discusión entre los parlamentarios de la Nueva Mayoría y Chile Vamos, debido a que el lunes el proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Hacienda. Sin embargo, varios diputados de la oposición retiraron su apoyo argumentando que nuevamente se incurre en "discriminación" y "arbitrariedad".

Esto porque la nueva fórmula excluye a los Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP), que solo podrán acceder a la nueva beca "Nuevo Milenio 2", que beneficiaría a 140 mil alumnos.

Esto a su vez provocaría que $120 mil millones fueran destinados a becas, lo que equivale a $70 mil millones menos de lo que tenía la glosa original.

El presidente de la Cámara, Marco Antonio Núñez (PPD) dijo que espera que hoy esté despachada la ley e hizo hincapié en el poco tiempo que tuvieron para tramitarla, recalcando lo cerca del proceso de postulaciones.

Abstención

Al ser consultado por la abstención de la oposición, el parlamentario hizo un llamado al Gobierno a "determinar con precisión los tiempos" para llegar a acuerdo, añadiendo que contar con consenso "es deseable pero no obligatorio".

Frente a la posibilidad de que la oposición nuevamente vaya al TC, dijo que "cualquier grupo de parlamentarios que reúna el mínimo de firmas está en su derecho" de hacerlo. Sin embargo, sostuvo que eso "demolería, porque ya no tenemos más tiempo, la gratuidad del año 2016 y no creo que nadie quiera pagar ese costo político".

El diputado de RN José Manuel Edwards anunció que "muchos de nosotros vamos a apoya volver al Tribunal Constitucional si eso es necesario".

Su par Jaime Bellolio (UDI), que se abstuvo en la votación, dijo que "espero que esto pueda arreglarse en el Senado".