Un vuelco judicial tuvo la demanda laboral presentada contra la Defensoría Regional de Antofagasta, en que un funcionario denunciaba acoso laboral y hostigamiento.

En mayo de este año el Tribunal de Letras del Trabajo había acogido la demanda de tutela de derechos fundamentales presentada por el ingeniero comercial Miguel Cañas, quien había sido despedido de la Defensoría en 2014. Mientras Cañas sostenía que había sido víctima de acoso laboral desde la instalación de la nueva dirección regional en la Defensoría, ésta última argumentaba que se habían detectado "demasiados errores en el área de recursos humanos", donde se desempeñaba Cañas, lo que terminó en un sumario.

El tribunal laboral había ordenado reintegrar a Cañas y el pago de una indemnización de $5 millones por daño moral.

Ante este fallo, la Defensoría decidió recurrir de nulidad a la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

La Corte de Apelaciones acogió el recurso de la Defensoría y anuló la sentencia del tribunal laboral.

Aunque el denunciante recurrió a la Corte Suprema, ésta última instancia declaró inadmisible su recurso.

Paralelamente los denunciantes interpusieron un recurso de protección contra el defensor nacional, el cual había sido acogido en la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Pero la Defensoría nuevamente apeló y la Corte Suprema revocó la resolución de la Corte de Apelaciones. Con lo anterior, el caso quedaría definitivamente cerrado.

El senador Alejandro Guillier afirmó que se debe recurrir a todas las herramientas para establecer un Fondo de Estabilización del Precio del Cobre para fijar cada año el precio que mantiene en la incertidumbre a los pequeños mineros de la Región de Antofagasta y del país.

El parlamentario anunció que "como el ministro de Hacienda no fue muy claro. Hemos decidido ir con la Presidenta Bachelet para apelar por un Plan de Desarrollo Estratégico de la Minería. No podemos tener el país paralizado, esperando que el precio del cobre mejore por sí sólo. Debemos ser proactivos y generar capacidades y cuando venga un mejor ciclo, lo sepamos aprovechar. Para que eso ocurra, hay que invertir".

Las declaraciones las hizo tras una reunión que contó con la presencia de los ministros de Minería, Aurora Williams; Hacienda, Rodrigo Valdés; el vicepresidente de Enami, Jaime Pérez de Arce, parlamentarios y dirigentes gremiales de los pequeños mineros desde la Región Metropolitana hasta Arica-Parinacota.

Eugenio Sugg Gálvez

Diez proyectos de cierre y abandono de faenas mineras fueron rechazados por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) en la región de Antofagasta. Así lo informó esta semana el director regional de la repartición gubernamental, Enrique Viveros, quien explicó que los titulares de las iniciativas objetadas deberán volver a presentarlas debidamente valorizadas y disponer las garantías de esos montos.

Efectivamente, pese a ser promulgada y publicada hace tres años, la ley que regula el Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras y su Reglamento Decreto 41 -ambos del Ministerio de Minería-, estableció un periodo de vacancia legal que otorgó plazo hasta el 11 de noviembre de 2014 para hacer entrega de sus planes.

Y así lo hicieron todas las empresas mineras regionales con producción sobre las 10 mil toneladas.

Una vez entregados, esos planes ingresaron a una etapa de revisión por parte del Sernageomin, que esta semana informó sus resultados.

En total, ingresaron 109 proyectos a nivel país por un monto algo superior a las 292 millones de Unidades de Fomento (UF), es decir, unos US$10.615 millones.

De esos, 40 proyectos son de la región de Antofagasta, los que fueron estimados bordeando las 124 millones de UF, unos US$4.600 millones.

Compañías

De acuerdo a la información proporcionada por Viveros, los proyectos de cierre que fueron rechazados en la zona son: Minera El Way, Minera Rockwood Litio, Complejo Minero Altonorte, Planta Callejas Zamora y Santa margarita de Minera Cerro Dominador, y de las mineras Mantos de la Luna, Las Cenizas, El Peñón, Guanaco y Nova Ventura.

Pese a ello, la autoridad se mostró conforme respecto de como se ha desarrollado el proceso.

"Observamos un irrestricto cumplimiento de las empresas mineras, quienes han respetado plenamente lo establecido en la ley 20.551 sobre cierre de faenas e instalaciones mineras, la cual entró en vigencia el 12 de noviembre de 2014, lo que da cuenta que nuestras industrias mineras desarrollan sus actividades apegadas a las disposiciones legales que las rigen y regulan", dijo Viveros.

Según lo informado por la autoridad, el plan de cierre más próximo es el de Minera Michilla, que el 28 de este mes terminará de ser operada por Antofagasta Minerals (AMSA). Sin embargo, la intención de la compañía es vender la propiedad -cuando haya mejores condiciones de mercado- a un grupo especialista en media minería para que aproveche los recursos que se estima aún quedan en el yacimiento.

El segundo plan de cierre más próximo es el de la planta José Antonio Moreno de Taltal (2018), propiedad de la Empresa Nacional de Minería (Enami), seguida de Minera Franke (2020).

Chuquicamata

Por el contrario, de acuerdo a lo informado por la dirección regional del Sernageomin, los proyectos de cierre a ejecutarse en el más largo plazo corresponden a Chuquicamata (Codelco) y Minera Escondida (BHP Billiton).

Así, mientras Escondida informó su cierre para 2066 y post cierre para 2086, Chuquicamata lo hizo para 2039 y 2049, respectivamente.

Respecto de los plazos que poseen las compañía a las cuales se les rechazó el proyecto, Viveros informó que "una vez notificados de la resolución de cierre deben volver a presentarlo a la brevedad con las correcciones respectivas y en ese trabajo están las compañías", aseguró.

Las empresas debían acompañar el plan de cierre con una propuesta de valorización del mismo e incluye, entre otros, un informe técnico elaborado y suscrito por una o más personas competentes en recursos y reservas mineras; cuando procediere copia de la Resolución de Calificación Ambiental; programa y estimación de costos de las medidas de post cierre. Aprobada la valorización, las empresas mineras deben poner las garantías a disposición del Servicio en la forma y plazo establecida en la ley.

292 millones de Unidades de Fomento (UF) sumaron los planes de cierre de faenas a nivel nacional.

40 proyectos de cierre y abandono de faenas fueron presentados en la región de Antofagasta.