El Segundo Juzgado de Garantía de Santiago confirmó la sentencia para los ex ejecutivos de La Polar Pablo Alcalde, María Isabel Farah y Julián Moreno, quienes fueron acusados por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte de cometer diversos ilícitos con motivo de las repactaciones unilaterales que realizó la empresa de retail entre 2006 y 2011.

Tras el juicio abreviado realizado ayer, el tribunal dictó sentencia condenatoria de cinco años, con beneficio de libertad vigilada, y la aplicación de multas en razón al beneficio obtenido, para los tres ex ejecutivos involucrados.

En el caso de Pablo Alcalde Saavedra, ex presidente de La Polar, la multa alcanzó los $ 220 millones, en razón a lo que recibió por concepto de bonos.

Mientras que María Isabel Farah y Julián Moreno deberán pagar un monto cercano de $ 228 millones que la imputada recibió por concepto de bonos, más el mayor valor que recibió por medio de la venta de acciones.

En la misma instancia fueron condenados el ex gerente Nicolás Ramírez (cinco años de libertad vigilada) y el ex gerente de informática de La Polar, Pablo Fuenzalida May, quien fue sentenciado a la pena de dos años de libertad vigilada como autor del delito de uso de información privilegiada.

Asimismo, fueron suspendidos condicionalmente los acusados con menor responsabilidad en el caso, Ismael Tapia Vidal y Marta Bahamondes, acusados como cómplices del delito de entrega de información falsa al mercado, y a Martín González Iakl, acusado por el delito de declaración maliciosamente falsa para valores de oferta pública, para quienes se pedía una pena de 541 días de presidio.

El lunes pasado, Alcalde, Farah y Moreno aceptaron las imputaciones de la Fiscalía, accediendo de esta forma a un juicio abreviado, después de cuatro años de que estallara el escándalo financiero de las repactaciones unilaterales, que entre 2006 y 2011 afectaron a cerca de un millón de clientes.

La superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic, puso su cargo a disposición de la Presidenta Michelle Bachelet, en medio de la polémica desatada por la aprobación de la fusión de AFP Cuprum y Argentum por parte del grupo estadounidense Principal, proceso que fue impugnado por la Contraloría.

El miércoles pasado, la Contraloría General de la República emitió un dictamen precisando una serie de irregularidades e ilegalidades en el proceso de la constitución de la AFP Argentum y de su posterior fusión con la AFP Cuprum, respondiendo al oficio de fiscalización solicitado por los diputados DC Fuad Chahin y Patricio Vallespín.

Según la entidad fiscalizadora, la fusión no sería admisible ya que ésta supone la existencia de dos o más sociedades, cuando solo existía válidamente AFP Cuprum y no AFP Argentum.

Luego, la Superintendencia de Pensiones defendió su posición afirmando que el organismo contralor "no declara ilegal la operación", sino que "solo emite una opinión interpretativa sobre el concepto de conveniencia de constituir una AFP y sobre la condición suspensiva de la constitución de Argentum como AFP, que la superintendencia no comparte, por lo que hará uso de su derecho de presentar un recurso de reposición administrativa en los próximos días".

La vocera (S) de Gobierno, ministra Javiera Blanco, informó ayer que la Presidenta Bachelet tomará una decisión sobre la continuidad de Agnic una vez que conozca los detalles del dictamen de la Contraloría.

"Lo importante es decir que este dictamen hay que analizarlo, estamos en ese proceso, y después de haberlo analizado habrá que hacer una evaluación y se tomarán decisiones que en su minuto se darán a conocer", sostuvo la secretaria de Estado.

"Por ahora no voy a adelantar ninguna otra situación, porque en eso estamos, estamos analizando la situación", dijo Blanco, ante las consultas sobre la eventual salida de Agnic tras el informe del ente fiscalizador.

Mientras, el diputado Chahin consideró que la decisión de Agnic de poner su cargo a disposición "era una consecuencia lógica, natural y evidente" tras el informe de la Contraloría.

"Me parece que esto era insostenible, porque no se puede tener un fiscalizador o un regulador preocupado de gestionar beneficios tributarios para las empresas y no para defender el interés de los afiliados", dijo el parlamentario a Emol.

16 de diciembre

pasado la Contraloría emitió un informe en que impugnó la fusión. $ 80

mil millones asciende el beneficio tributario (goodwill) que habría obtenido Principal con la operación de fusión.