La Corte de Apelaciones de Santiago resolverá si procede desaforar o no al senador Jaime Orpis (UDI), quien es investigado por delitos tributarios, de cohecho, fraude al Fisco y lavado de activos, en el marco del caso Corpesca. Esto luego de que la defensa del parlamentario solicitara que fuera el tribunal de alzada de Valparaíso el que se pronunciara sobre la medida, por estimar que el principio de ejecución radicaría en el Congreso Nacional. El Ministerio Público pidió desaforar a Orpis en octubre pasado, con el objetivo de poder pedir medidas cautelares en su contra ante una eventual formalización, porque al tener fuero está impedido de hacerlo.

Carolina Collins

En medio de la polémica que provocó que trascendiera que el Gobierno está evaluando la opción de enviar una ley corta al Parlamento para incluir algunas universidades privadas en la gratuidad para el próximo año, que dejaría fuera a tres planteles estatales, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, aseguró que se cumplirá con las instituciones públicas.

La secretaria de Estado explicó que no podía entregar detalle de la opción que se está evaluando, pero aseguró que "el Estado va a cumplir con todas las universidades del Estado".

De cara a la entrega del texto íntegro del fallo con el que el Tribunal Constitucional determinó que la glosa presupuestaria para financiar la gratuidad era "discriminatoria", que será entregado el lunes 21 de diciembre, Delpiano aseveró que "encontraremos la mejor solución que evidentemente se enmarque en el fallo del Tribunal Constitucional; no vamos a estar al margen de lo que diga el fallo".

"Respetando ese fallo estamos buscando los posibles acuerdos para ver cómo garantizamos que efectivamente un número muy importante de familias puedan acceder a la gratuidad en 2016, que es el propósito de todo este esfuerzo y es un objetivo que sigue plenamente vigente", agregó.

La opción de que se envíe una ley corta, que dejaría fuera a las universidades De los Lagos, UTEM y Arturo Prat por establecer en cuatro años el requisito de acreditación, generó división en el oficialismo.

La diputada Camila Vallejo (PC) dijo que de concretarse la fórmula, "no solo involucra más recursos sino que legitima esta idea neoliberal propia de la derecha de la igualdad de trato, es decir, que el Estado tiene que colocar por igual a instituciones que son suyas y a las privadas, cuestión que es una aberración jurídica".

El presidente del PPD, senador Jaime Quintana, en tanto, criticó que el "Gobierno está procediendo con miedo y no se puede gobernar con miedo. Si la derecha va a seguir amenazando con que va a recurrir nuevamente al TC que lo haga, que saque número, que instale una carpa afuera del TC ahora que está en el barrio alto, pero que asuma su responsabilidad".

El senador PS Fulvio Rossi indicó que "cuando tres planteles se excluyen porque tienen un año menos de acreditación, pese a estar acreditadas, pensamos que el Estado está renunciando al rol que le corresponde en la educación superior".

La molestia de Vivaldi

Por su parte, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, presidente del Consorcio de Universidades Estatales (CUECh), se mostró molesto por la posibilidad de que se envíe una ley corta, afirmando que si se trata de una realidad y no solo de "trascendidos", "estaríamos frente a una situación que realmente sobrepasa el realismo mágico".

"Estaríamos hablando de un país donde se le prohíbe al Estado dar educación gratuita a sus universidades", dijo, agregando que de realizarse, se le otorgaría el beneficio a planteles privados que "ni siquiera han tenido un control de calidad". "No podemos permitir que se dejen universidades estatales fuera de la gratuidad", concluyó.

"Que no se discrimine, que no se remita a las Ues del CRUCh dejando fuera a Ues que tienen igualmente alumnos vulnerables y acreditación".

Ignacio Walker Senador DC

"Es de una gravedad tan extrema el que se santifique el que el Estado no pueda financiar a sus propias universidades".

Ennio Vivaldi, Rector de la U. de Chile

De manera unánime el Senado ratificó ayer a Jorge Bermúdez Soto como nuevo contralor general de la República, cargo que estaba vacante hace ocho meses, tras la salida de Ramiro Mendoza.

Por 33 votos a favor y ninguno en contra, el abogado fue ratificado en el cargo, tras haber sido nominado el lunes por la Presidenta Michelle Bachelet, con lo que encabezará la Contraloría por los próximos ocho años.

La designación del académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUC), se produce dos meses después de la fallida nominación de Enrique Rajevic, cuyo nombre fue rechazado por los senadores, quienes criticaron que estuviera vinculado a la antigua Concertación.

Bermúdez ha prestado asesoría jurídica a la Superintendencia de Medio Ambiente y también se desempeñó como asesor del Ministerio de Defensa durante la administración del ex Presidente Sebastián Piñera.

Su nombre generó consenso transversal tanto en la Nueva Mayoría como en el bloque opositor Chile Vamos.

El senador Alberto Espina (RN) destacó en su intervención que "confiamos que vamos a tener por los próximos ocho años a un contralor general de la República que va a estar a la altura".

El presidente de la UDI, Hernán Larraín, sostuvo que "la propuesta que ha hecho el Gobierno cumple en la forma mejor posible las exigencias que uno espera debiera tener la persona que se desempeña en el cargo de contralor".

El ministro de Defensa, José Antonio Gómez, anunció ayer que ante el paro de los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), programado para hoy y mañana, "en aquellos lugares donde tengamos dificultad por alguna no presencia de los funcionarios vamos a tener el reemplazo suficiente para que el sistema opere". El secretario de Estado además señaló que Carabineros colaborará para mantener el orden público y "vamos a tener abierta todas las ventanillas en Policía Internacional, a través de Investigaciones, para que tengan paso rápido y expedito quienes van a viajar al exterior. Las compañías han manifestado que van a llenar todos los counters".

La Presidenta Michelle Bachelet promulgó ayer la ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos, que coordinará las políticas estatales en esa materia, bajo dependencia del Ministerio de Justicia. La nueva unidad deberá estar funcionando en seis meses y absorberá al Programa de DD.HH. de Interior, creado en 1997. La Mandataria destacó que la nueva repartición "va a tener un rol muy sustancial en la promoción y en la educación" de los DD.HH. La Presidenta destacó que era necesario contar con un ordenamiento "que le permitiera darle mayor fuerza, mayor coherencia como una política de Estado y de Gobierno y sobre todo la relevancia que la política de DD.HH. tiene que tener en nuestro país". Bachelet aprovechó de anunciar un nuevo reglamento que restringe los beneficios intrapenitenciarios a los condenados por violaciones de los DD.HH. La directora del Instituto Nacional de DD.HH, Lorena Fríes, dijo que ahora "vamos a ver ahora el presupuesto que tiene, veamos cómo se conforma, pero claramente es un buen paso".

El fiscal nacional, Jorge Abbott, desestimó las críticas que surgieron tras el nombramiento de Pablo Gómez como fiscal del caso SQM, que apuntaban al hecho de que está casado con la ex ministra de Justicia del ex Presidente Sebastián Piñera, Patricia Pérez. "No quiero dejar pasar las objeciones respecto del fiscal Pablo Gómez. Primero no hay ninguna inhabilidad legal, segundo, si uno mira la trayectoria del fiscal Gómez uno puede ver que ha hecho una intensa persecución en materia de probidad", dijo el jefe del Ministerio Público en radio Cooperativa. "Hoy día hay penas efectivas contra militantes de Renovación Nacional, incluso hay uno que está prófugo por acción del fiscal Gómez", argumentó el fiscal nacional en favor de Gómez. Abbott señaló que la fiscalía tiene que actuar "con la máxima objetividad, apegada al principio de legalidad".