Problema con la gratuidad
El esfuerzo del sector público debe hacerse, pero pensando en todos y no sólo en los alumnos de planteles adscritos al Consejo de Rectores. El gasto privado nacional es el más alto de los 34 países Ocde en este ámbito, pese a que bajó en comparación con 2005, fecha del anterior reporte. Ese año, el 85% del gasto venía del sector privado.
La reciente decisión del Tribunal Constitucional de calificar como discriminatoria la propuesta del gobierno en el tema gratuidad, tiene completo asidero en los números de la educación superior chilena.
El asunto es ciertamente complejo de explicar, más cuando las recriminaciones están más llenas de eslóganes que de antecedentes concretos sobre los cuales debatir. Se agradece, por cierto, la voluntad del gobierno de avanzar en la gratuidad en la educación terciaria, pero debe reconocerse que se estaba dejando fuera, precisamente, a buena parte de los alumnos más pobres del país.
Se entiende que la decisión del ejecutivo se tomó en razón de los recursos que hoy se tienen, pero a riesgo de discriminar al grueso de los educandos.
Revisemos: La mitad de la matrícula universitaria y casi toda la técnica (91,7%) chilena estudia en instituciones privadas. Otro 21,5% de la matrícula universitaria está en planteles privados que dependen en buena parte del Estado, como las universidades católicas, mientras que el 27,5% estudia en planteles públicos. A nivel técnico, sólo el 5,6% de la matrícula está en manos públicas.
Lo cierto es que enfocarse exclusivamente en el sector público es un error, como lo eran las odiosas ventajas de créditos y becas para esos planteles. El crecimiento de la educación terciaria en el país ha sido posible gracias al desarrollo de universidades, institutos y centros de formación técnicas privadas. Lo vemos en Antofagasta, en Concepción, Valparaíso, Temuco y Santiago. El hecho de que siete de cada diez alumnos que hoy estudian alguna carrera técnica o profesional, sea la primera generación familiar se explica de ese modo.
Por eso más importante que concentrarse en la dependencia del plantel es enfocarse en los alumnos, por supuesto con los resguardos que la ley exige: no al lucro y educación de calidad.
Debe recordarse que el gran problema de Chile es el costo de la educación, o más precisamente el aporte realizado por las familias en esta materia. El futuro de Chile se juega en este ámbito y el país requiere mejorar las posibilidades de acceso, pero para todos y no sólo para algunos planteles específicos.