Tamara Miranda Varela
E l 22 de diciembre es el último plazo que tienen las universidades del Consejo de Rectores que quieran firmar por la gratuidad. Sin embargo, este panorama cada vez parece más confuso.
El fallo del Tribunal Constitucional (TC) declaró que los requisitos para ingresar al beneficio son "discriminatorios y arbitrarios".
La decisión de los 10 ministros del tribunal dejó una profunda duda para el Gobierno, planteles de estudios y el alumnado, al excluir los requisitos que fueron impuestas a las universidades privadas, centro de formación técnica e institutos profesionales.
La posibilidad de estudiar gratis quedaría abierta a todos los estudiantes de la educación superior que cumplan el requisito de pertenecer a los cinco primeros deciles.
En consecuencia, se ampliaría a más del doble el universo de beneficiados en principio 200 mil estudiantes matriculados en 28 universidades y unos cinco CFT e IP.
En el caso de Antofagasta serían alrededor de 5 mil estudiantes que cumplirían con lo estipulado por la reforma.
El problema son los recursos. Hacienda reiteró que tiene un presupuesto de $536 mil millones para comenzar con esta reforma. Lo anterior, sólo con las universidades tradicionales, lo que complica todo el proyecto gratuidad. Pero con un fallo desfavorable, el Gobierno estaría obligado a reducir el número de instituciones beneficiadas.
Pero esos no serían los únicos riesgos para el Ejecutivo, ya que al no saber cuáles son los alcances del fallo, no tienen espacio para tramitar una 'ley corta'. En 13 días más sabrán los resultados de la PSU y posteriormente comenzará el proceso de postulaciones a las universidades.
Otra de las opciones es avanzar en la gratuidad vía becas. Eso sí tendría que ampliar los montos. Actualmente son tres tipos de becas que están estipuladas por ley: Bicentenario (para alumnos de universidades tradicionales), Gómez Milla (para estudiantes del Cruch y privadas) y Milenio (CFT e IP).
Aunque esta medida, según explicaron desde Gobierno, no es muy viable pues para acceder a ellas hay que cumplir con requisitos académicos que chocarían con la idea de la educación como derecho social.
Opiniones
El rector de la Universidad Santo Tomás y presidente del Consorcio de Universidades Privadas (CUP), Jaime Vatter, dijo que este fallo confirmó lo que mucha gente, en distintos momentos, planteó desde que se puso en conocimiento que el mecanismo que iban a seguir para el inicio de la gratuidad en 2016 sería a través de la Ley de Presupuesto.
"Primero, que discutir una cosa tan fundamental a través de una glosa nos parecía poco adecuado. Y luego, al conocer los detalles, que nos parecía discriminatoria, lo que finalmente se acogió. Lo primero no, pero lo segundo sí. Por lo tanto creemos que se demuestra que todo esto ha sido manejado con mucha improvisación y poco desarrollo técnico, por decirlo de alguna manera", manifestó.
Según el presidente de la CUP, lo más razonable, para evitar posibles nuevas impugnaciones, es buscar un mecanismo de becas para estudiantes con ciertas condiciones socioeconómicas, independiente a las instituciones donde estudien pero con exigencias mínimas.
En tanto, en una entrevista con este Diario, el rector de la Universidad de Antofagasta, Luis Alberto Loyola, dijo que el fallo del TC fue una decisión más política que de carácter social. "Qué más discriminatorio lo que le va a ocurrir a las universidades del Estado. Nosotros tenemos un aporte basal que viene del 1981. Entonces, recibimos una cantidad que no está de acuerdo al desarrollo que hemos tenido", comentó Loyola.