Epidemia: se define como una enfermedad que ataca a un gran número de personas en un mismo lugar, durante un mismo período de tiempo, causando un grave perjuicio.

Ese es el caso que afecta a generaciones de personas que nacieron, vivieron o viven en la Región de Antofagasta. Se trata de una enfermedad que se propaga lentamente en el tiempo, silente y sin manifestaciones en el curso de décadas, en un espacio geográfico claramente identificado, que afecta simultáneamente una gran cantidad de personas, el cáncer, especialmente en vejiga, colon, pulmón, próstata y piel, mal que desde hace un par de décadas se ha transformado en la principal causa de muerte.

Lo mismo ocurre con las enfermedades asociadas a alteraciones somáticas, que muestran una verdadera explosión entre los nortinos, las que por las altas concentraciones de arsénico en el cuerpo y la presencia ambiental de metales pesados, se vuelven especialmente agresivas. Abundan en nuestro entorno enfermedades por alteraciones celulares y/o alteraciones somáticas que colapsan el sistema inmunológico de las personas.

Durante muchos años (con especial gravedad entre 1958-1971) la población de la Región de Antofagasta, estuvo expuesta al consumo de agua con altos contenidos de arsénico. Ello fue por acción de una empresa del Estado de Chile: Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta, ESSAN. Ello se agravó por la presencia -natural y por consecuencia de la actividad minero-industrial- de metales pesados, los que se acumulan en los organismos y hoy -4 o 5 décadas después- cobran su alto precio desencadenando la catástrofe que destroza la salud y economía de las familias.

Ya en 1960, el Colegio Médico denunciaba que el agua extraída desde el río Toconce (As 800-1000 Ug/L), era inadecuada para el consumo humano, lo mismo en el agua del río Holajar (As 1300 Ug/L) y en menor medida el río Siloli (As 90 Ug/L). Pero, la autoridad negaba la gravedad de la situación o se desentendían principalmente por ignorancia sobre las consecuencias para la salud. Las concentraciones de arsénico y/o metales pesados superó entre 10 y 20 veces el máximo permitido para el consumo en humanos por los organismos internacionales de salud.

Desde esa fecha hasta ahora la situación del arsénico en el agua potable de la Región de Antofagasta, ha venido mejorando significativamente con la incorporación de las plantas de tratamiento. Pero, digámoslo claramente, la causa basal de este drama que afecta a un segmento de la población de la región está en que el Estado de Chile entregó para consumo humano agua con altos contenidos de arsénico y metales pesados, gatillando uno de los procesos de daño por contaminación más nocivos que se conozca en el país. Hoy, ante el crecimiento explosivo de las enfermedades en nuestra comunidad y entre nuestros seres queridos cabe preguntarnos:

¿Hasta cuándo el Estado de Chile y su institucionalidad se desentenderán de esta catástrofe? ¿Cuándo se hará un mea culpa, reconociendo que una empresa del Estado gatilló este lento e imperceptible genocidio?

¿Qué responden desde el Estado frente a la paradoja que representa el hecho que, las mejores aguas fueron entregadas a la gran minería (también estatal) y el agua envenenada, para consumo de las personas? En efecto, en el peor momento el agua contenía 850 partes por billón de arsénico.

¿Hasta cuándo se dilatará la implementación de una política pública, que establezca programas de salud acordes a esta catástrofe?

¿Cuánto deberemos esperar para contar con un adecuado Servicio Oncológico (Integral) que permita enfrentar esta verdadera peste en el sistema inmunológico de los nortinos? ¿Cuándo tendremos los recursos humanos, los equipamientos y las condiciones para hacer frente este flagelo que azota el norte?

También interrogamos a las instituciones de Estado: en conocimiento que en Antofagasta el arsénico derivado de las plantas de tratamiento de aguas es enterrado en el desierto: ¿Dónde se hace este entierro peligroso? ¿en que condiciones? ¿Quiénes son los responsables? ¿Quién los controla?

La comunidad científica y médica señala que la situación se agudizará en los 20 años venideros. Que tendremos más víctimas, que seguiremos pagando un alto costo en vidas humanas; en calidad de vida y en lo socioeconómico.

Mientras tanto, las víctimas de este genocidio, sufren un doble y nuevo perjuicio. En efecto, al no ser atendidas con la calidad y dignidad requeridas en la salud pública, buscan asistencia en el sistema de salud privado, donde tienen una segunda secuela, agregan la pobreza como problema sobreviniente, una precaria condición socio-económica por el alto costo y endeudamiento que representa este tipo de tratamientos.

Levantamos nuestra voz para exigir programas específicos para esta región, un seguimiento de los casos, protocolos de chequeos, programas compensatorios para la región, indemnizaciones, un Plan AUGE especial para la Región de Antofagasta, o un subsidio para aquellos que deban atenderse en el sector privado.

Los expertos señalan que en la sangre hay respuestas, en los genes están las marcas para predecir la enfermedad. Un examen de orina o de sangre permitiría adelantar el diagnóstico de las personas que manifestaran la enfermedad, una cuestión que requiere financiamiento. Por otro lado, nada sabemos sobre las consecuencias en aquellos que estaban en el útero en su proceso de gestación. Ni sobre las consecuencias epigénetica, es decir, las derivadas del ambiente celular o factores genéticos que surgen con posterioridad en los hijos e hijas de las personas dañadas por beber esta agua arsenicada durante su infancia y juventud.

Así como en Chile se implementó leyes que compensan y dan salud a las víctimas de atropellos a los derechos humanos por razones políticas: ¿Cuál es la razón para no hacerlo con los habitantes de Norte de Chile que hoy son víctimas del grave daño infringido por el Estado de Chile?

Hay evidencias médicas y científicas que señalan la necesidad de implementar una política pública consistente, que tenga anualmente una glosa especial en el presupuesto de la Nación, con programas claramente definidos para atender a las víctimas.

Los habitantes del Norte de Chile, los ciudadanos de la Región de Antofagasta, las personas que por acción del Estado han visto dañado su salud cuando se les obligó a beber agua con altas concentraciones de arsénico, aquellos que desarrollan el estresamiento celular y cáncer claman y reclaman a las instituciones públicas y privada acciones concretas orientadas a conseguir una política pública en el más breve plazo. Es de justicia que el Estado apoye a las personas dañadas en este lamentable proceso, que tan caro cuesta a tantas familias nortinas.

"¿Hasta cuándo se dilatará la implementación de una política pública, que establezca programas de salud acordes a esta catástrofe?".

"Durante muchos años (con especial gravedad entre 1958-1971) la población de la Región de Antofagasta, estuvo expuesta al consumo de agua con altos contenidos de arsénico".

"Levantamos nuestra voz para exigir programas específicos para esta región, un seguimiento de los casos, programas compensatorios, indemnizaciones, un Plan AUGE especial".

Carlos Cantero, exsenador;

Iván Simunovic, empresario;

Aliro Bolados, Colegio Médico;

Constantino Zafirópulos,

consejero regional;

César Trabucco,

académico UA;

Marko Razmilic; presidente Asociación de Industriales de Antofagasta;

Miguel Cellino, consultor;

Raúl Salinas, médico;

Horacio Cortés, ingeniero