En un permanente peligro viven cerca de 748 familias pertenecientes a 10 campamentos de Antofagasta, que están instalados bajo las líneas eléctricas y torres de tensión de la zona alta.

El municipio retiró esta denuncia a través del director de Seguridad Ciudadana, Enrique Morgan, quien precisó que "se trabajando con una empresa eléctrica por el riesgo que implica para estos asentamientos y las personas que viven ahí, dado que lamentablemente todas estas viviendas están interviniendo el radio de 70 metros de seguridad de las torres". Lo anterior supone un riesgo latente -dijo Morgan- por cuanto no permite la adecuada mantención de las instalaciones eléctricas desencadenando el deterioro de las conexiones e infraestructura del sistema.

El municipio constituyó el Primer Consejo Comunal de Seguridad Pública. Mediante la firma del acta de conformación fue oficializado este organismo de carácter informativo y consultivo impulsado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, que ejercerá las funciones de determinar y priorizar los problemas de seguridad presentes en Antofagasta.

La alcaldesa Karen Rojo, preside esta instancia participativa que está integrada además por la gobernadora Fabiola Rivero; los concejales Elivia Silva y Jaime Araya; el prefecto de Carabineros, coronel Robert Morales; el jefe de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, subprefecto Daniel Moraga; el coordinador regional de seguridad pública, Ronnie Muñoz; el vicepresidente del Consejo de la Sociedad Civil, Osvaldo Chávez, entre otros organismos.

Tamara Miranda Varela

Un 33%, es decir, unos 2.200 alumnos de la Universidad de Antofagasta accederían a la gratuidad en 2016. Lo anterior incluye a estudiantes antiguos y nuevos. La información fue confirmada por el rector de la casa de estudios, Luis Alberto Loyola, quien además aseguró que esta decisión ayudará a mejorar la situación económica de los alumnos y de sus familias.

En abril del próximo año, la UA recibirá alrededor de $6.100 millones por concepto de gratuidad, pero quedará con una brecha de aproximadamente $400 millones.

Este dinero faltante-según la Ley de Presupuesto- será entregado de igual forma a la universidad, pero a través de los recursos del Aporte Fiscal Indirecto (AFI) que enviarán a las universidades del Estado a través del convenio marco y a las universidades públicas no estatales por el aporte basal por desempeño.

Por lo tanto, según el rector de la UA, no quedarán con saldos negativos y los alumnos que están fuera de la gratuidad tampoco sufrirán consecuencias porque sus aranceles se aumentarán de acuerdo al IPC, como todos los años.

"Para estar dentro de este beneficio, los alumnos tendrán que cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo estar al día en la carrera. Es decir, no puede estar más de cinco años en una carrera (...) Los alumnos nuevos ya postularon al proceso y los antiguos lo están haciendo en estos momentos. Lo que esperamos es que el ministerio haga la selección correspondiente de acuerdo a los antecedentes de los estudiantes".

Definiciones

Las fechas definitivas para confirmar la cantidad de alumnos que accederán a la gratuidad son en enero y marzo de 2016. "En ese contexto se podrán hacer los cálculos reales de cuánto recibiremos nosotros por estos estudiantes. En abril sabremos los montos definitivos", comentó.

Otra universidad que optaría por la gratuidad es la Universidad Católica del Norte. Allí se estima que la gratuidad podría beneficiar a cerca del 38% de los estudiantes, es decir, unos 3.200 jóvenes, que son aquellos pertenecientes a los cinco primeros deciles.

Aunque desde la casa de estudios no confirmaron la información, extraoficialmente los montos que les serían otorgados serían parecidos a los de la Universidad de Antofagasta.

En total, entre ambas universidades, y sin considerar el Ceduc, establecimiento que también podría ingresar a la gratuidad, serían entonces 5.400 los alumnos vulnerables que estarían en condiciones de recibir el beneficio, de un universo de 30 mil alumnos que estudian en la educación superior en la región.

Privados

Lo anterior dejaría fuera a los estudiantes, por ejemplo, de Inacap, donde estudian 5.500 alumnos. De ese total de estudiantes, el 65% pertenece a los sectores más vulnerables. En el caso de la Universidad Santo Tomás, son 4.600 alumnos, de los cuales el 60% tiene bajos ingresos económicos. Y en el instituto profesional AIEP tienen 4.200 estudiantes y el 70% está en condiciones de vulnerabilidad.

Luz Hun Romero, directora ejecutiva del instituto AIEP, aseguró que en 2015, sobre 340 mil nuevos estudiantes se matricularon en una institución de educación superior en el país. De ellos, 187 mil optaron por ingresar a un Instituto Profesional (IP) o Centro de Formación Técnica (CFT), lo que corresponde a más de la mitad del total de estudiantes que ingresaron al sistema.

"La glosa, como fue aprobada, establece una inaceptable discriminación entre alumnos vulnerables del Consejo de Rectores y de algunas universidades privadas, a quienes se les financiará la totalidad de sus estudios de educación superior, lo que implica un millón de pesos adicionales anuales en promedio, versus los alumnos vulnerables de la educación técnico profesional", dijo.

En una entrevista anterior, Exequiel Ramírez, rector de la Universidad Santo Tomás, también catalogó esta reforma como discriminatoria. "Estudiantes en condiciones socioeconómicas y capacidades académicas similares tienen acceso a beneficios distintos y eso es muy poco equitativo", subrayó.