Una potente señal de apoyo a la comuna de María Elena entregó la Asociación Regional de Municipalidades en su última reunión ordinaria.

Congregados precisamente en dicha localidad, los nueve alcaldes de la zona manifestaron preocupación por los efectos que podría tener el cierre definitivo de las operaciones de SQM, en la exoficina salitrera Pedro de Valdivia.

La contingencia significará la desvinculación de 700 trabajadores, la inmensa mayoría de los cuales habita en María Elena, situación que causa inquietud, pese a que la misma empresa ha anunciado que espera reubicar en otras faenas a 500 de estas personas.

Frente a este escenario, los alcaldes emitieron una declaración solicitando al Gobierno políticas de Estado para enfrentar el cierre y evitar efectos negativos en la comuna.

Como primera acción, los ediles pidieron establecer mesas de trabajo a través de los distintos ministerios para dar respuestas a las principales urgencias de María Elena.

Escenario

El alcalde Jorge Godoy agradeció el apoyo recibido de la asociación y comentó que, si bien la subsistencia de la comuna, no está en riesgo, es necesario pensar acciones para asegurar el progreso de la localidad.

A modo de ejemplo, planteo que el Estado debe fomentar el desarrollo de microemprendimientos y capacitar a los habitantes en nuevos oficios que ayuden a diversificar la actividad productiva.

También propuso desarrollar empresa local que preste servicios a las faenas existentes e integrar la comuna y sus atractivos a programas turísticos.

"En el fondo más que subsistir como comuna, queremos que el progreso llegue definitivamente a María Elena", manifestó el alcalde.

Tras el anuncio inicial del cierre de las operaciones que SQM mantiene en la exoficina Pedro de Valdivia, los sindicatos de trabajadores y el propio Godoy han sostenido reuniones con la empresa para trazar un plan que minimice las consecuencias negativas de la decisión.

Jorge Godoy explicó que una de las medidas importantes que se acordó fue permitir que los trabajadores desvinculados puedan continuar habitando durante un año sus actuales viviendas, sólo cancelando servicios de luz y agua.

En caso de los trabajadores con 25 o más años de labor, el uso gratuito de la vivienda se extendería por diez años.

Godoy dijo esta medida, sumada a la reubicación en faenas cercas de la mayoría de los afectados por el cierre, evitaría un despoblamiento, como se temió en un instante.

Bryan Saavedra López

Una demanda ciudadana de un grupo de vecinos de la comuna de Recoleta para acceder a medicamentos a bajo costo, está generando un efecto dominó que ya llegó a más de 100 municipios de Chile dispuestos a instalar una farmacia popular.

La idea del alcalde comunista, Daniel Jadue, mantuvo un bajo perfil para que las grandes cadenas no intervinieran en su camino.

Sin embargo, la idea ya fue puesta en marcha beneficiando a los primeros usuarios de esta modalidad (ver infografía).

Lo llamativo de la farmacia popular es que representa un impulso al libre mercado, pues, según quienes avalan esta alternativa, los medicamentos son mucho más bajos en estas opciones.

Esto es posible porque, en términos legales, la farmacia popular compra como el Estado mediante la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), que es un organismo mediador entre el sistema de salud público y los laboratorios.

Debido a ello -y a la magnitud de sus compras- genera diferencias importantes en los precios.

Además, se cumple con las exigencias básicas del Instituto de Salud Pública, que pide un químico farmaceútico y habilitar un recinto para el funcionamiento de la farmacia.

En el país, el mercado es dominado por SalcoBrand, Ahumada y Cruz Verde. En márgenes menores está Doctor Simi y otras alternativas más pequeñas.

Interés

Entre los más de 100 municipios interesados están Antofagasta, Tocopilla y Calama. La alcaldesa Karen Rojo, precisó que "existe una gran necesidad por parte de los adultos mayores de nuestra ciudad por tener medicamentos más accesibles".

Precisamente la tercera edad es la base de la implementación de la farmacia popular en la capital regional. Y pretende abordar a 60 mil ancianos de forma paulatina en un año, cuya marcha blanca comienza en diciembre.

"Los recursos son completamente municipales y no es una inversión muy alta la que se hace, porque finalmente los vecinos son quienes pagan los medicamentos. Entonces ingresa dinero a la corporación, porque nosotros sólo prestaremos el servicio", explicó Rojo.

Técnicamente la alcaldesa se refirió a que no seguirán la misma modalidad de Recoleta. Puesto que allí la salud y educación están incluidas en la municipalidad, a diferencia de Antofagasta, que cuentan con una Corporación aparte, que se encargará de administrar la farmacia.

La alcaldesa precisó que la farmacia estará en el primer piso del municipio, donde la gente podrá inscribirse, encargar e ir a retirar sus medicamentos.

Cambios

¿Esto trae un cambio en la forma de hacer negocios con los medicamentos? "No, aquí estamos en una libre competencia. Aquí lo único que estamos haciendo es atender a un grupo de personas de una ciudad. Esto debería ser una práctica del Estado. Por eso me siento orgullosa que una municipalidad haya dado este ejemplo de voluntad política", manifestó Karen Rojo.

El alcalde de Calama, Esteban Velásquez, valoró la iniciativa de Recoleta y dijo que actualmente analizan cómo implementarán la farmacia popular en El Loa. Inicialmente -según reveló- lo ejecutarán mediante la Dirección de Desarrollo Comunitario como un programa social.

Según Velásquez cuentan con la infraestructura necesaria y sólo invertirían en personal y medicamentos en este proyecto que partirá el primer trimestre de 2016.

"Me parece que esta propuesta de las comunas refleja que, a tirones, vamos a echar para abajo al sistema monopólico, primero con las farmacias y después otras áreas de servicios donde hay abusos con los usuarios. Desde las regiones romperemos este sistema monopólico", expresó Velásquez.

A diferencia del foco antofagastino en la tercera edad, Calama apuesta por beneficiar a usuarios con bajos recursos, a quienes les cuesta acceder a los medicamentos, a modo que lleguen a un bajo costo o sean gratuitos para ellos, mediante la inversión municipal.

Tocopilla

"Decidimos optar por la farmacias popular, porque los vecinos deben pagar altos costos por los remedios que son un lucro de las grandes cadenas de farmacias y nos permite entregar remedios a un precio justo. Sobre todo para los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas. Además considero que esto es un gran ejemplo del alcalde Jadue", dijo el alcalde Tocopilla, Fernando San Román.

El mecanismo de esta farmacia será similar al de Recoleta, pues la entidad ya decretó la creación de un programa municipal (a través de Dideco) para respaldar la iniciativa. "También estamos iniciando los trámites para hacer un convenio con la Cenabast y para tener la autorización del Instituto de Salud Pública", señaló San Román.

En primera instancia desean beneficiar a 500 personas a partir del primer semestre del próximo año, citó el jefe comunal.

"Pensamos que en abril, mayo deberíamos tener las primeras novedades. Nos estamos tomando con calma esto, porque no queremos generar falsas expectativas", comentó San Román.