El Ejecutivo brasileño admite que debe US$15.000 millones a los bancos públicos
CONFLICTO. La oposición pidió un juicio para destituir a la Presidenta Rousseff por "maquillar" el resultado fiscal.
El Gobierno brasileño admitió ayer que tiene una deuda de 57.000 millones de reales (unos US$15.000 millones) con la banca pública no contabilizada en sus balances, aunque aclaró que pretende pagarla antes de fin de año.
El reconocimiento de esas obligaciones fue explicitado en documentos que el Ejecutivo envió a modo de defensa al Congreso, que en diciembre próximo deberá analizar los balances fiscales y votar si los aprueba o no.
La oposición brasileña solicitó el inicio de un juicio con miras a la destitución de la Presidenta Dilma Rousseff por considerar que esas maniobras usadas para "maquillar" el resultado fiscal suponen un "delito de responsabilidad", que es una de las posibles causas contempladas en la Constitución para cesar a un Mandatario en ejercicio.
El Tribunal de Cuentas, órgano de contraloría del Estado, ya rechazó esos balances y recomendó al Congreso que también los repruebe, por considerar que representan irregularidades "graves".
Según ese organismo, en 2014 el Gobierno dejó de depositar en la banca pública, usada como agente de pagos, parte de los montos previstos para seguros de desempleo, subsidios a las familias más pobres y créditos para campesinos, entre otras obligaciones.
Eso llevó a los bancos a cubrir esos compromisos con sus propios recursos y le generó al Estado una deuda que el año pasado cerró en unos 40.000 millones de reales (US$10.530 millones).
El Gobierno ha incumplido esas obligaciones también durante este año.