Redacción
Por el delito de estafa reiterada, el Ministerio Público solicitará una pena de 10 años de cárcel y una multa de 13 UTM, contra la imputada que fingía trabajar para el Poder Judicial con la misión de "liquidar" casas en los Jardines del Sur, Chicureo (Santiago) y el Parque Inglés, en cifras que no superaban los $50 millones.
La audiencia de preparación de juicio oral fue reprogramada para el próximo 15 de octubre, en un caso que presentará 14 víctimas y millonarias transferencias realizadas a L.M.I.V., a quien los afectados identifican como la responsable de las estafas reiteradas.
Los hechos investigados por el persecutor Pablo Medina Álvarez comenzaron en 2011, cuando la imputada se contactó con una familia a la que conocía hace más de 15 años para ofrecerles un negocio. Explicó que un juzgado de Antofagasta la había contratado para vender de manera "discrecional", casas que no lograron ser liquidadas en remates judiciales.
"oferta"
Su labor consistía en buscar interesados, a quienes les manifestaba que disponía de estas viviendas en un precio mucho más bajo que el "comercial". Pero no fue hasta 2013 que consiguió a sus primeros clientes presentándoles una oferta irresistible: una propiedad en los Jardines del Sur en $50 millones, cuando su valor real es de $400 millones.
Lo primero que debía hacer la familia era cancelar $10 millones por adelantado. Con diversas excusas, consigna la acusación, evitó entregar la dirección del inmueble e incluso solicitó que no consultaran por el domicilio ni en tribunales, el Servicio de Impuestos Internos o en los registros de bancos.
Incluso uno de los denunciantes relató que en su vehículo llevó a L.M.I.V. al Conservador de Bienes Raíces, esperándola fuera de las oficinas donde la acusada entregaría el dinero para comenzar el trámite.
Pasaron algunos meses sin ningún movimiento y los compradores comenzaron a sospechar. Sin embargo, en junio de 2013, la mujer vuelve a contactarlos con "una buena noticia". Ésta consistía en que la jueza del tribunal que supuestamente les vendía la casa, había decidido regalarles una propiedad en La Dehesa (Santiago), sólo debían pagar $2 millones.
Aunque esta última oferta y la falta de explicaciones por el pago de los primeros $10 millones hicieron que esta familia se percatara del engaño, la imputada ya había ofrecido más propiedades.
A otra de las víctimas le dijo que tenía una casa en el sector de Chicureo (Santiago).
El afectado decidió aceptar el negocio para beneficiar a uno de sus hermanos, por lo que en un banco de Antofagasta entregó $10 millones, con la promesa que en cuatro meses el trámite concluiría con el segundo pago.
Los delitos que acusa la Fiscalía fueron expandiéndose entre los familiares de los primeros denunciantes. También una amiga de la imputada aseguró ser otra de las víctimas, ya que le depositó $3 millones 500 mil para comprar un inmueble en los Jardines del Sur.
Esta vez la acusada se presentó con P.A.V.M., quien dijo ser abogada de la Policía de Investigaciones. Junto a ella, ofrecieron otro departamento en Vitacura (Santiago) en $6 millones, los que fueron depositados en siete transferencias electrónicas a los hijos de P.A.V.M.
Para esta última, el Ministerio Público pide una sanción de cinco años y un día de cárcel, más el pago de 13 UTM.
En mayo de 2013 cambió su coartada y contactó un matrimonio, aunque esta vez L.M.I.V. dijo desempeñarse como corredora de propiedades y que trabajaba con un banco. Pero la historia era la misma: vendía una casa en $40 millones en los Jardines del Sur y exigía $10 millones por adelantado.
Casos reiterados
En los siguientes dos casos la imputada prometía casas en el Parque Inglés (Altos Gran Vía) y llegó a decir que en el negocio participaba el conservador de Bienes Raíces de Antofagasta.
El abogado asesor y vocero de la Fiscalía, Hugo León, explicó que hasta el momento los antecedentes indican que el caso terminará en un juicio oral, ya que no se han discutido atenuantes que rebajarían la pena en cinco años, lo que podría resolverse en un procedimiento abreviado.
Respecto de la alta sanción que pide el Ministerio Público (10 años), León sostuvo que "la ley establece que cuando hay una reiteración de un delito cualesquiera, la pena aumenta".
millones era la cantidad que pidió por adelantado a la mayoría de las víctimas. Ofrecía casas en $50 millones, pero valor real ascendía a los $400 millones.
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