Mauricio Mondaca L.

En medio de la discusión y tramitación de la reforma educacional, el rector nacional del instituto profesional y centro de formación técnica Santo Tomás, Juan Pablo Guzmán, considera que el Ministerio de Educación no se ha hecho cargo del "protagonismo" de este tipo de instituciones y opina que implementar la gratuidad vía glosa presupuestaria "le da una importante precariedad" a esta política.

El académico considera que los criterios para entregar gratuidad deberían ser la vulnerabilidad de los estudiantes y la acreditación ante la CNA, pero no cree que debiera imponerse la triestamentalidad como una exigencia.

¿Qué opina sobre los últimos cambios anunciados por el Gobierno en materia de gratuidad?

-Creemos que la determinación de otorgar gratuidad debiese estar centrada únicamente en dos criterios: en la vulnerabilidad de los estudiantes y en la certificación de la calidad, es decir, acreditación ante la CNA. Considerando el criterio anunciado por el Gobierno para 2016, junto con generar importantes diferencias a lo largo del país, se está discriminando de manera arbitraria a la mayor parte de los alumnos del mundo técnico profesional, que es donde está el segmento más importante de estudiantes vulnerables en la educación superior.

¿Es partidario de que la gratuidad se haya discutido en una norma más general y no como una glosa presupuestaria?

- Sí, cambios como estos requieren de un proceso de análisis acorde a su profundo alcance. Esto es necesario no sólo para un adecuado diseño del sistema, sino que también para establecer cómo serán implementados, es decir, definir una ruta clara que establezca de qué forma el sistema educacional cambia desde su funcionamiento actual al deseado, sin generar alteraciones innecesarias en el proceso. La discusión y definición del Presupuesto, tanto por sus plazos como por su dinámica, no permite generar las instancias que garanticen un adecuado comienzo de la reforma. Implementar una política pública de esta magnitud vía glosa presupuestaria le da una precariedad importante.

Una de las principales críticas de las autoridades universitarias ha sido el hecho de que el proyecto implique congelar las matrículas. ¿Cómo podría afectar eso el funcionamiento del sistema?

-En principio, no estamos de acuerdo con limitar la autonomía de las instituciones para ofrecer programas que consideren pertinente impartir. Sin embargo, en este caso es clave reconocer que, atendiendo a que el Congreso no habrá discutido el tema, que existen importantes limitaciones presupuestarias y que se debe cautelar un adecuado funcionamiento del sistema ampliado. Las distorsiones e inequidades que genera la propuesta del Gobierno para gratuidad en 2016 hacen recomendable contener una eventual expansión de la oferta en las instituciones seleccionadas.

¿Está de acuerdo en que la triestamentalidad en parte del gobierno de la educación superior sea parte de la propuesta, como ha planteado el Ejecutivo?

- Si bien es importante que exista una participación activa de todos los estamentos en las instituciones de educación superior, creo que no debería imponerse la triestamentalidad como un criterio para otorgar o no gratuidad. Es fundamental que se respete la autonomía de las instituciones, reconociendo la diversidad de sus proyectos educativos y sin establecer normas de gobierno institucional por parte del Ejecutivo.

¿Está de acuerdo con el tratamiento que el Mineduc le ha dado a los IP y CFT?

-En general, tanto del proceso de discusión como del contenido de los anuncios realizados, se desprende que el Ministerio de Educación no se hace cargo en los hechos del protagonismo de los IP y CFT, que representan cerca del 55% de la matrícula de alumnos nuevos del país. La verdad es que en toda la génesis del proceso que ha llevado el país desde el 2011, la educación técnico profesional ha sido la gran ausente.

¿Qué implica que el Gobierno haya decidido crear 15 CFT a lo largo del país asociados a la tutela de universidades estatales?

-Dada la amplia oferta de programas del ámbito técnico profesional a lo largo del país por parte de los actuales actores del sistema, interpretamos que, más que ampliar la cobertura educacional, la iniciativa tiene como propósito reaccionar a la poca participación del Estado en la educación de nuestro segmento. Sin embargo, nos preocupa cómo se implemente esta política pública, tanto por la eficiencia y razonabilidad de los importantes recursos económicos que demandará como por las distorsiones que se puedan generar en las reglas del juego. Buenos ejemplos de lo anterior lo constituyen la forma en que obtendrán su primera acreditación institucional, los estándares que les serán exigidos y cómo se financiará.

¿Cree que estos centros están bien orientados en su oferta educativa, por ejemplo en relación a las industrias regionales y la educación técnica profesional?

- Se presume que la presencia de formación técnica estatal en regiones permitirá una mejor vinculación con los sectores productivos y necesidades locales de su área de influencia, pero es necesario ver cómo se desarrollan estos centros para evaluar los alcances de su orientación. Este tema ha sido impulsado durante décadas por instituciones privadas como la nuestra, que han desarrollado una labor de excelencia, con un importante trabajo de vinculación con el sector público y privado, y atendiendo pertinentemente a los requerimientos y exigencias que han ido surgiendo en el tiempo.

"Si bien es importante que exista una participación activa de todos los estamentos en las instituciones de educación superior, no debería imponerse la triestamentalidad como un criterio para otorgar gratuidad". "Junto con generar importantes diferencias a lo largo del país, (criterios de gratuidad) están discriminando de manera arbitraria a la mayor parte de los alumnos del mundo técnico profesional".

entrevista. juan pablo guzmán, rector nacional del IP y CFT Santo Tomás:

El fiscal nacional, Sabas Chahuán, aseguró ayer que volvería asignarle el caso Caval al persecutor Luis Toledo si su postulación a jefe del Ministerio Público no prospera.

Chahuán se refirió así a la polémica que se generó después de que se conociera que Toledo presentó su candidatura a fiscal nacional mientras estaba al frente del caso Caval.

Ante esa controversia y a petición del propio Toledo, el Ministerio Público designó temporalmente al fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, para asumir la investigación que involucra al hijo de la Presidenta Bachelet, Sebastián Dávalos.

La candidatura del persecutor de O'Higgins también llevó al abogado Mario Zumelzu, en representación del cientista político Diego Acevedo, a presentar una solicitud para que Toledo se inhabilite en caso de quedar en la quina final de candidatos.

Zulmelzu argumentó que, de llegar a esa instancia, será la Mandataria quien entregará la lista de aspirantes al escrutinio del Senado, algo que fue catalogado como "inoportuno" por el abogado.

Frente a la posibilidad de que el fiscal sea inhabilitado de la causa, Chahuán dijo ayer que "no hay causal de inhabilidad". "No puede ser que por la legítima expectativa de postular a fiscal nacional pueda verse inhabilitado", sostuvo, citado por radio Bío-Bío.

El titular del Ministerio Público agregó que si Toledo no queda en la quina de postulantes, posiblemente le devuelva el caso Caval. "Lo voy a analizar y es lo más probable, por cierto. Si no queda en quina lo más probable es que le devuelva el caso Caval de inmediato", expresó.