La comisión de Minería de la Cámara Baja citará a altos ejecutivos de Minera El Abra debido a su decisión de despedir a 650 trabajadores por las malas condiciones de mercado. Así lo adelantó el diputado Marcos Espinosa (PRSD), quien cuestionó la forma en que la compañía -propiedad de Freeport McMoran en 51% y Codelco en 49%- materializó su decisión.

Ayer dirigentes de los sindicatos de El Abra expusieron ante esa instancia parlamentaria el grave problema que ocasionó la determinación de la cuprífera de reducir sus costos de producción y desvincular trabajadores.

Según los dirigentes, la determinación de la operadora genera una serie de inconvenientes a los trabajadores perdieron su fuente laboral, quienes por ejemplo, no pueden cumplir sus compromisos por la adquisición de viviendas y la educación de sus hijos.

Diputado

"Esta no es la forma en que una empresa se debe relacionar con los trabajadores, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en los países europeos. No es posible que la empresa no concuerde con los sindicatos, ante un eventual escenario económico negativo, una fórmula que les permita enfrentar una baja en el precio del cobre", dijo el diputado Marcos Espinosa.

El parlamentario agregó que "me caben serias dudas, de si esto es realmente un ordenamiento financiero o si estamos hablando de una señal política para generar ruido en la industria minera en su conjunto, porque sus colegas en Codelco y otras compañías están en estado de alerta".

Codelco

En lo concerniente al conflicto que Codelco mantiene con los trabajadores contratistas asociados a la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), hoy se desarrollará una nueva reunión de la mesa negociadora en Santiago.

Jedry Velis, director nacional de la CTC, valoró la reacción de Codelco en torno a cambiar su postura inicial a allanarse a negociar sin restricciones con los trabajadores.

"Esperamos llevar ante nuestras bases una nueva propuesta antes que termine esta semana", dijo el dirigente.

Trascendió que entre las principales propuestas que plantearon las empresas contratistas de Codelco a sus trabajadores, está incrementar los pagos cuando se alcancen las metas de productividad.

Redacción

"Soy inocente, fue un accidente laboral". Ésta fue la única declaración que realizó el operador de maquinaria pesada, identificado como F.F.G., cuando subía al carro de la Policía de Investigaciones (PDI) para ser trasladado hasta el Tribunal de Garantía.

El trabajador de 52 años había sido detenido la tarde del miércoles, luego que el Ministerio Público ordenara su arresto por la eventual responsabilidad que tendría en la muerte de un prevencionista de riesgo. Se trata del caso del profesional que falleció luego de recibir dos impactos del brazo hidráulico de la retroexcavadora que manejaba el detenido.

F.F.G. pasó ayer a audiencia de control de detención en el Tribunal de Garantía. El magistrado que dirigió el proceso fue Marcelo Echeverría, quien autorizó el ingreso de los medios de comunicación, pero a petición de la defensa del imputado, prohibió difundir su nombre y fotografías en las que aparezca su rostro.

El fiscal de delitos violentos, Mario Concha Matus, expuso los hechos brevemente, ya que minutos más tarde solicitó ampliar el control de detención del acusado.

El persecutor primero señaló que el imputado fue detenido a las 19 horas del miércoles en su domicilio, hasta donde llegó tras discutir con la víctima, Félix José Franco Balbuena.

La breve narración de Concha Matus dio cuenta que al tener la discusión con el fallecido, F.F.G. subió hasta la máquina retroexcavadora que utilizaba y "giró la pala en dirección a Franco, golpeándolo fuertemente. Cuando está en el piso, mueve la pala en dirección a la víctima y lo aplasta, falleciendo ésta en el lugar".

Peritajes

El fiscal solicitó ampliar el control de detención por otras 24 horas, argumentando que están a la espera de los informes de autopsia del Servicio Médico Legal y la declaración de testigos presenciales. También hubo peritajes a la máquina, descartándose cualquier falla de tipo mecánica.

En consideración al tipo de ilícito, el magistrado aceptó la petición de ampliación del control, el que se desarrollará hoy a partir de las 11.30 horas. El imputado permanecerá bajo la custodia de Gendarmería, por lo que fue trasladado hasta la cárcel concesionada en el Nudo Uribe.

Al salir de la audiencia, el fiscal Concha detalló que está estudiando si acusa por el delito de homicidio o cuasidelito de homicidio.

"En el primer caso la pena parte desde los 10 años y un día y si hablamos de un cuasidelito desde los 61 días a los tres años de cárcel", explicó.

En cuanto a las razones que habrían llevado al acusado a golpear con el brazo hidráulico de la máquina al fallecido, el jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, comisario Herwin Rojas, sostuvo que "la víctima contrató los servicios de la retroexcavadora, donde venía el operador incluido. En las primeras diligencias se estableció que tuvieron disputas por trabajo".

"Habían terminado su relación laboral y en el sector donde cargaban combustible hubo otra discusión. El agresor golpeó con el brazo hidráulico en más de una oportunidad a la víctima", declaró el comisario.

La tía del fallecido, Marisol Ramírez, dijo que Félix, quien era soltero y sin hijos, no merecía morir tan joven ni de manera tan alevosa, y añadió que "la familia se encuentra devastada y sólo piden justicia".