La gobernación provincial comenzó a implementar la política de "tolerancia cero" con las tomas de terrenos, anunciada por el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, en su última visita a la ciudad.

A primera hora de ayer, Carabineros desalojó a un grupo de personas que estaba ocupando ilegalmente un predio del Ejército en quebrada El Toro, zona que de acuerdo a los mapas de riesgo de la comuna, es propensa a sufrir aluviones, por lo que no pueden existir asentamientos humanos.

La presencia de estas personas había sido denunciada por el Ejército (dueño del terreno) y verificada semanas atrás durante un sobrevuelo en helicóptero realizado por la gobernadora Fabiola Rivero precisamente para identificar zonas ilegalmente ocupadas o donde hubieran indicios que aquello podía ocurrir.

En este recorrido aéreo, explicó ayer la jefa provincial, se detectaron áreas marcadas con tiza en las zonas altas de la ciudad, prueba clara que existen intenciones de ocuparlas.

"Carabineros y fiscalizadores de los servicios públicos dueños de esos terrenos están yendo permanente a verificar la situación y la coordinación apunta a que exista siempre personal disponible para actuar en estos casos", explicó.

COMITÉS

Aunque la "tolerancia cero" anunciada la semana pasada por Aleuy marcó un hito comunicacional en el problema de las ocupaciones de terreno, lo cierto es que la gobernación venía afinando hace meses un protocolo más eficiente para responder a estos casos.

En este contexto se creó un grupo de respuesta rápida para fiscalizar denuncias de este tipo, compuesto por representantes del MOP, Minvu, Serviu, Bienes Nacionales y de la propia gobernación.

El grupo debe en un plazo máximo de 24 horas evaluar in situ cualquier denuncia de toma de terrenos, reportar el caso a la gobernación y, de ser procedente, de inmediato pedir el desalojo del lugar.

La semana pasada, unos días antes de la visita del subsecretario, se dio un segundo paso, con la creación de otro grupo encargado de llevar a la práctica estas acciones de recuperación de predios en los plazos más breves posibles.

Este comité operativo está integrado por Carabineros, la Dirección de Aseo del municipio, la gobernación y el servicio público dueño del predio ocupado, según sea el caso.

Fabiola Rivero dijo que esta modalidad de trabajo demostró ser efectiva durante el desalojo de ayer en quebrada El Toro y también la semana pasada en una acción similar realizada en población Balmaceda, la cual permitió restituir a la Junji un terreno que estaba destinado a la construcción de un nuevo jardín infantil.

POLÍTICA

En la gobernación explican que la política de desalojos inmediatos se mantendrá, pero enfatizan que el objetivo de estas acciones son las tomas y no los campamentos.

Las primeras corresponden a ocupaciones incipientes, donde todavía no se puede hablar de un asentamiento definitivo con viviendas sólidas.

Ayer, por ejemplo, las veinte personas desalojadas desde el predio del Ejército en quebrada El Toro permanecían en carpas custodiando el terreno donde luego pensaban establecerse como campamento.

Fabiola Rivero explicó que tras el desalojo de ayer, no quedan tomas ilegales en Antofagasta, sino sólo campamentos, y agregó que con la mayoría de estos últimos se está trabajando en la búsqueda de soluciones a través de los programas habitacionales.

DESALOJOS

Según la jefa provincial, tal como lo manifestó hace unos días el subsecretario Mahmud Aleuy pasada, no se permitirán nuevas tomas en la ciudad.

"Ya no quedan tomas y las nuevas tomas que intenten asentarse serán desalojadas de la misma manera que sucedió la semana pasada en población Balmaceda y esta madrugada (ayer) en quebrada El Toro", enfatizó Rivero.

La autoridad no descartó nuevos patrullajes aéreos para detectar intentos de ocupaciones en terrenos públicos o de privados de la ciudad.

Un impactante caso que involucra a una menor de 13 años que presenta un embarazo de cinco meses, quedó al descubierto luego que docentes de un establecimiento educacional del sector norte de Antofagasta, presentaran una denuncia por violación.

Los hechos que están siendo investigados por la Brigada de Delitos Sexuales y Menores de la PDI, dejan en evidencia lo peligroso que pueden resultar algunas veces los contactos a través de las redes sociales. Ello por la niña fue contactada por un sujeto de 21 años, que la convenció para mantener relaciones sexuales.

De acuerdo a los antecedentes dados a conocer por el comisario Marcel Bastías, subjefe de la Brisexme, en dependencias de la PDI se presentaron unos docentes que dijeron tener información sobre el embarazo de una menor de séptimo año básico, y que presuntamente el padre de ese bebé sería un individuo de 21 años.

Los profesores supieron de ese impactante caso cuando la madre de la estudiante llegó al colegio con la intención de retirar a la menor.

contacto

Al ser consultada respecto de los motivos de esa inusual decisión, la niña confesó que estaba embarazada y relató la experiencia que había vivido.

"La menor dijo que inició un contacto a través de Facebook y después de hablar durante un tiempo, accedió a reunirse con el individuo de 21 años. Se citaron en la Costanera y fue en esa ocasión cuando él la convenció para que mantuvieran relaciones sexuales. El individuo llevó a la estudiante a la casa de su mamá y allí concretaron el hecho", precisó Bastías.

Pasaron las semanas y la pareja continuó con los contactos. Sin embargo, la niña comenzó a advertir cambios en su cuerpo. Su madre la llevó donde un médico quien certificó que estaba embarazada y presentaba 23 semanas de gestación.

En un nuevo contacto con el individuo, la menor le comentó que estaba embarazada, pero éste negó ser el padre del bebé.

En este caso se configura el delito de violación, pese a que fueron relaciones consensuadas, la afectada es menor de 14 años, y el sujeto que la convenció para sostener relaciones íntimas, es adulto.

Según explicó el jefe policial, el detenido se acogió a su derecho a guardar silencio. Tras ser detenido fue puesto a disposición de la justicia.