El Gobierno planea analizar el posible levantamiento del secreto de 50 años que aplica por ley al Informe Valech una vez que ya se cree la Subsecretaria de DD.HH. y luego de consultar a quienes entregaron testimonios para ver si están de acuerdo con la medida.

El ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, explicó que una vez que se constituya la subsecretaria de DD.HH., "que esperamos ocurra durante este año, la voluntad del Gobierno es tomar contacto con todos los que hicieron entrega de esos testimonios para consultar con ellos respecto de su voluntad de levantar esta restricción".

"Lo que está en juego es la dignidad de las personas que fueron objeto de violaciones a los DD.HH. y, por tanto, hay un respeto esencial que tenemos que tener con ellos, que entregaron sus testimonios amparados precisamente en la reserva de su identidad por razones que son especialmente atendibles, comprensibles", agregó el secretario de Estado.

Díaz agregó que "no basta solamente con la voluntad del Gobierno", sino que "tiene que estar la opinión de aquellos que concurrieron a entregar su testimonio bajo la certeza de este compromiso de reserva".

Según Díaz, el secreto fue "un compromiso y una condición que se estableció para facilitar precisamente que se pudieran entregar estos testimonios". "Fue una forma de poder generar condiciones apropiadas para que quienes padecieron hechos tan espantosos como los que ahí se narran pudieran entregar dicho testimonio", añadió.

Los presidentes del Senado, Patricio Walker (DC), y de la Cámara, Marco Antonio Núñez (PPD), aseguraron ayer que existe "voluntad política" para terminar con el secreto de 50 años que rige para el informe elaborado por la Comisión Valech.

Walker aseguró que pidió un informe jurídico para ver la viabilidad de la propuesta, mientras Núñez recalcó que en esta materia "la solución es la verdad absoluta que subsiste protegida por pactos de silencio, son los militares en retiro y particularmente los comandantes en jefes los que pueden hacer mucho, junto con conocerse las responsabilidades que están descritas en el Informe Valech".

El general (R) y exdirector de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), Manuel Contreras, se mantenía hasta anoche en estado grave en el Hospital Militar. La salud de Contreras, de 86 años, se complicó el martes y su condición es de obnubilación, disnea, hipertensión sistólica y compromiso de conciencia fluctuante.

Contreras permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del recinto hospitalario, donde según T13 se le estaba suministrando morfina para paliar los dolores.

estado general

El exjefe de la Dina padece desde hace años un cáncer de colon que está bajo control, hipertensión y diabetes. Esta última afección le ha generado las mayores complicaciones, pues ha derivado en problemas renales por los que es sometido a diálisis tres veces por semana.

Según fuentes de Gendarmería citadas por EFE, el exmilitar está ingresado desde septiembre en el Hospital Militar por esa causa, y su estado se agravó en las últimas horas.

causas judiciales

Contreras, encarcelado desde 2005, acumula sentencias por 516 años de prisión en 58 sentencias definitivas en juicios por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar.

Entre otros casos relevantes, Contreras ha sido condenado por el crimen del general Carlos Prats, antecesor de Augusto Pinochet en la comandancia en jefe del Ejército, asesinado junto a su esposa, Sofía Cuthbert, en Buenos Aires en 1974, y por el asesinato en Washington del excanciller Orlando Letelier y su secretaria estadounidense Ronni Moffit, el 21 de septiembre de 1976.

El exmilitar cumplió siete años de prisión por una sentencia sobre este crimen a partir de 1995. Un fallo de la Cuarta Sala de Corte Suprema condenó a siete años de presidio a Manuel Contreras, mientras que el brigadier (R) Pedro Espinoza fue sentenciado a seis años.

El 28 de mayo de ese año, una compañía de hasta 150 efectivos militares llegó a su hacienda "El Viejo Roble" (Fresia). En el Regimiento Sangra, perteneciente a la guarnición militar de Puerto Varas, se habrían instalado trincheras y habrían llegado carros blindados con equipamiento de artillería, camiones artillados y helicópteros de combate.

internado

El 13 de junio de ese año Contreras fue internado en el Hospital Naval de Talcahuano debido a una hernia paracolostómica. El 29 junio el ministro Adolfo Bañados llegó al recinto asistencial para notificar a Contreras del fallo y ponerlo bajo custodia de Gendarmería.

Rechazado en octubre un recurso de protección interpuesto por la defensa de Contreras contra el director nacional de Gendarmería, Claudio Martínez, en el que solicitaba cumplir en su domicilio el saldo de la pena a siete años de presidio, la noche del 20 de octubre Contreras llegó en un helicóptero Puma del Ejército al Fuerte Arteaga. Desde allí abordó un furgón que lo trasladaría al penal de Punta Peuco.

En enero de 2005, el general (R) opuso resistencia a los funcionarios de la PDI que llegaron a su domicilio, en Peñalolén, para detenerlo por su responsabilidad en el secuestro y desaparición del mirista Miguel Ángel Sandoval (1975).

Contreras, quien en esa oportunidad habría intentado sacar un arma ante los funcionarios policiales, se declaró en rebeldía luego de no concurrir a notificarse de su condena de 12 años y un día. Pero los funcionarios lo sacaron de su hogar y lo llevaron a notificarse al Palacio de Tribunales, donde fue recibido por al menos un millar de manifestantes.

En esa oportunidad ingresó al Penal Cordillera, traspasado por el Ejército a Gendarmería, y del que debió salir para volver a Punta Peuco en 2013, cuando el entonces Presidente Sebastián Piñera decidió cerrar el penal.

Contreras sumó ayer nuevas condenas por causas ligadas a derechos humanos. El ministro Leopoldo Llanos lo condenó a 20 años junto a cinco agentes como responsables de los homicidios calificados de seis miembros de una familia, en noviembre de 1975, mientras el ministro Hernán Crisosto lo sentenció en primera instancia a 15 años por el secuestro calificado de María Cristina López Stewart. En tanto, la Corte Suprema rechazó el recurso de casación y ratificó la condena de 13 años en el secuestro calificado de Víctor Villarroel Ganga (1974).