Los dos imputados acusados de balear en la cabeza al subteniente Óscar Muñoz Vega el jueves en Peñalolén, quedaron en prisión preventiva por los 60 días que dure la investigación, tras haber sido formalizados por el delito que mantiene al uniformado en riesgo vital.

Ramón Olguín Díaz, quien ha sido acusado como el autor del disparo fue formalizado por los delitos de homicidio frustrado, porte ilegal de arma, disparar de forma indiscriminada en la vía pública y robo con intimidación. Nicolás Reyes Urbina, quien huyó del lugar para entregarse más tarde el mismo jueves, fue formalizado sólo por el ilícito de porte ilegal de arma.

El fiscal Ernesto Navarro, informó que Olguín "efectúa un disparo, el subteniente cae al suelo y el imputado efectuó dos disparos más".

El imputado tenía una orden de arresto pendiente y en 2003 fue condenado a 12 años de cárcel por los delitos de homicidio y robo, según informó el Ministerio Público.

Felipe Sepúlveda, fiscal jefe de Peñalolén Macul, indicó que "según la declaración del cabo que acompañaba al subteniente, Olguín Díaz tras dispararle al subteniente le grita 'a ti también te voy a matar'".

El tiroteo ocurrió mientras los uniformados realizaban un control a una pareja de motociclistas. El carabinero herido se encontraba vestido de civil durante el procedimiento, pero según se informó, se identificó y mostró sus placas al momento del control.

"Un carabinero que está de civil, que trata de pasar desapercibido, resulta imposible que ande con casco o con un chaleco antibalas", explicó en declaraciones citadas por Cooperativa el general jefe de la zona metropolitana de Carabineros, Cristián Fuenzalida.

La ministra de Justicia, Javiera Blanco, fue hasta el Hospital Militar para conocer el estado de salud de Muñoz, quien ayer seguía en riesgo vital.

Ahí fue cuando la secretaria de Estado anunció que el Gobierno buscará subir las penas por maltrato de obra a Carabineros. En caso de lesiones graves, gravísimas a un uniformado, serían hasta 20 años en cárcel, es decir, una condena por presidio mayor en su grado máximo y no medio, como es hoy (entre 10 y 15 años).

Blanco dijo que esto se incluirá en la agenda corta de seguridad para "dar una señal de que como sociedad, esto no lo vamos a tolerar".

El cuerpo del joven chileno Erik Patricio Morales Navarro (28) fue encontrado calcinado junto al de su pareja de nacionalidad boliviana Lizandra Colque Romero, al interior de un domicilio en Oruro, Bolivia. Ambos fueron hallados el 21 de julio, luego de que la familia de la mujer denunciara su desaparición. Según CHV, la familia del chileno no sabía de su paradero desde el 21 de abril, cuando decidió seguir a su pareja a Oruro. El sargento de la policía de Oruro Gari Arias, dijo a Emol que en la autopsia constataron que "en la data de muerte de las dos personas existe una diferencia aproximadamente de dos semanas (...) Lizandra Colque habría fallecido dos semanas antes". El cuerpo de la mujer evidenciaba estrangulamiento y compresión cervical, y el del joven tenía indicios de asfixia por sofocación, daños internos y una herida cortopunzante en el brazo izquierdo que comprometía una arteria.

El exministro de Hacienda, Alberto Arenas, declaró por tres horas como testigo ante la Fiscalía en el marco de la investigación por presuntos delitos tributarios del denominado caso SQM. A su salida del Ministerio Público, el exsecretario de Estado insistió que dio su testimonio en calidad de testigo y no como imputado y que respondió a todas las consultas de los persecutores. "He concurrido hoy día como testigo, como le corresponde a cualquier ciudadano. He contestado todas las preguntas que se me han realizado, y en cuanto a la información de la investigación que se está llevando a cabo, el señor fiscal me ha señalado que tiene un carácter de reservada", dijo. El nombre de Arenas surgió en la investigación cuando el exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorratt, lo indicó como la persona que lo contactó para realizar los estudios para la empresa AyN de Giorgio Martelli.