Se estima que unos 70 mil extranjeros vendrán a Chile para presenciar los partidos de la Copa América, que se inició ayer y se prolongará hasta el 4 de julio. Doce selecciones jugarán 26 partidos en las sedes de Antofagasta, La Serena, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, Rancagua, Concepción y Temuco.

Esto significa que Chile estará en la mira de todo el mundo, por lo que los organizadores han tomado precauciones severas, como la prohibición de ingreso de miembros peligrosos de barras bravas de otros países. Más allá del debate que se pudiera generar por lo que algunos piensan que es una vulneración de sus derechos individuales, el control de admisión a los estadios responde a instrucciones emanadas de los organismos rectores del fútbol, para evitar desórdenes y vandalismo.

La Policía de Investigaciones (PDI), la Subsecretaría de Prevención del Delito y Estadio Seguro han desarrollado campañas preventivas dirigidas a los visitantes que vienen a los partidos de la Copa América, destinadas a informarles acerca del funcionamiento de protocolos y autoridades de seguridad, con el fin de evitar disturbios.

Este evento tiene una gran importancia, considerando los beneficios que genera por concepto de turismo, derechos de televisión, venta de entradas, el comercio que se desarrolla en torno a la competencia y la imagen internacional que proyectará el país.

La Copa moverá 25 millones de dólares a nivel nacional en venta de entradas, y el gasto de los turistas extranjeros fluctuará entre 50 y 80 millones de dólares, sin contar tickets ni transporte aéreo.

Chile debe aprovechar esta vitrina como una oportunidad para demostrar la fortaleza de nuestras instituciones encargadas de la mantención del orden público. Ésta es una fiesta. Todos queremos que Chile gane en el fútbol, pero también preocupémonos por ganar este otro partido, que se juega detrás de la Copa América.

La organización, calidad de atención a los turistas, comportamiento, dicen mucho más que un resultado específico. Chile es un enorme país y podemos demostrarlo a todo nivel para el mundo que desde ayer comenzó a observarnos.

El gobierno actual decidió en las regiones de Aysén y O'Higgins, donde se carecía, fundar dos universidades del Estado.¿En la actualidad existen universidades del Estado? En nuestra región la Universidad de Antofagasta es del Estado por tener su infraestructura perteneciente a éste, la sustentabilidad económica depende de las matrículas, el aporte del Estado no supera el 13% del presupuesto total, de los cuales la UA lo devuelve en ayuda social a sus alumnos. El máximo esfuerzo de sus directivos se concentra en lograr el equilibrio económico.

La Universidad de Chile, formó parte de la institucionalidad del país desde los orígenes de la República (1842), como una de las "instituciones pilares"; su misión estratégica era lograr la independencia del país a partir del desarrollo de conocimientos con sesgo propio y cultivar el espíritu de la Nación, esta fue la propuesta de los creadores de la república, hoy… no se reconoce.

Las universidades del Estado sufren por su financiamiento. ¿Es posible que una institución del Estado este desfinanciada? ¿Por qué no sucede algo similar en las Fuerzas Armadas, el Congreso Nacional o el Poder Judicial? ¿Qué pasaría si se aplica consecuentemente el "libre mercado" a estas instituciones? ¿La soberanía intelectual, no es tan importante como la soberanía física de un país? El beneficio económico que estas instituciones han generado a Chile, no hay duda que han sido los mejores dineros invertidos; ha dotado al país de profesionales de gran calidad técnica, entereza moral y compromiso con el desarrollo, cultivando las artes y las humanidades y creando valor real a la economía del País.

Las universidades del Estado no son un prestador más de servicio de educación superior, ni siquiera ser las mejores de ellas, sino, liderar el cultivo de valores que le haga sentido a lo chileno, a lo regional, para que de este modo, nos superemos en todas las áreas del desarrollo humano.

Hoy es necesario refundar las regiones; descentralizándolas, generando políticas públicas relacionadas con el territorio y lograr sustentabilidad económica, social y ambiental. Exige que las universidades regionales del Estado, al igual que la Universidad de Chile en la fundación de la república, sean "instituciones pilares de la refundación de las regiones".