Las mujeres cada día asumen un rol más protagónico al interior de diversos yacimientos. Si en un principio se comenzaron a abrir espacios en el área de operaciones o administrativas, esto ha ido creciendo porque el Gobierno tiene como objetivo romper la inequidad de género en materia laboral.

Es por ello que contamos con la mesa minera de género que incluye a la gran minería, pequeña minería y empresas del encadenamiento productivo, con el objetivo de potenciar estrategias que nos posibiliten posicionar y consolidar a la mujer en el sector minero, no sólo en labores de planta o yacimiento, ya que nuestro mayor desafío es que puedan confiar en las mujeres en la toma de decisiones.

En la Región de Antofagasta, hay mujeres que son dueñas de un yacimiento, que sorprendentemente, algunas poseen índices altamente positivos de productividad, seguridad y sustentabilidad, logrando proyecciones en la industria. Otra de las características a destacar es que han demostrado ser ordenadas y preocupadas por el bienestar de los trabajadores, aplicando todas las medidas de prevención para evitar la accidentabilidad con consecuencias fatales.

El sistema de turno que opera la minería no es una limitante para las mujeres, pues dan cumplimiento a sus exigencias laborales, cumplen con los plazos pactados y respetan las normas de seguridad y salud ocupacional. En el caso de las mujeres que son madres, la exigencia laboral en cuanto a los turnos es alta, esto no significa que descuiden su entorno familiar ya que han demostrado contar con la habilidad de mantener su hogar y buen desempeño laboral.

Por tanto, es que en muchas empresas mineras ofrecen un rendimiento sobresaliente, pues junto con producir también están preocupadas de la administración de su hogar y del cuidado de sus hijos. Un ejemplo claro lo encontramos en la minera Gaby, donde existe una gran fuerza laboral de contratación de mujeres, iniciativa que nos permite poder llegar al 10% de presencia femenina en la minería al 2018.

Las empresas son más inclusivas y estamos acercándonos cada día más que esta fuerza laboral del género femenino se desempeñe en igualdad de condiciones con el objetivo de llegar al 2018, preparada para concretar las bases para una política de género.

El comercio ha celebrado su Día Nacional, que se conmemora cada año, el 6 de junio, para recordar el asesinato de Diego Portales Palazuelos, uno de los estadistas que consolidó nuestra república. Era comerciante y su legado ha sido tomado por el gremio nacional, que se enorgullece de él y su obra.

No han sido tiempos fáciles para el comercio detallista, especialmente, que enfrenta cada vez la más rigurosa competencia de las grandes cadenas de multitiendas, supermercados y farmacias, entre otras. También deben hacer frente a la venta callejera, que se apodera progresivamente de más espacios en las principales ciudades, sin un control efectivo.

Es comprensible la inquietud que por mucho tiempo han expresado los comerciantes establecidos, que ven cómo ellos deben pagar patentes, permisos, cumplir con la legislación, mientras los vendedores ilegales se instalan en ocasiones afuera de sus negocios, sin cumplir con ninguna normativa, en una especie de competencia desleal.

El comercio ilegal ambulante, al que algunos llaman "comercio ilegal establecido en la calle", porque los vendedores consideran que instalarse en un determinado lugar es un derecho adquirido, ha proliferado porque es un buen negocio. Se calcula que toda la cadena de quienes participan le representa al Fisco una evasión tributaria anual superior a US$150 millones.

Ha llamado la atención el incremento que en los últimos meses ha tenido la venta callejera, que ha ocupado las principales calles céntricas, en carros, tarimas, canastos o en el suelo, ofreciendo una gran variedad de productos. Aparte de la ilegalidad que esto significa, sabido es que en torno a esta actividad prolifera la delincuencia, que aprovecha la congestión que se produce en las aceras.

Obviamente, se requiere de la actitud de las autoridades para controlar la actividad ilegal. Resulta evidente que no basta con dictar las normativas, pues hay que contar con inspectores y con policías que se encarguen de hacerlas cumplir. En caso contrario, se transforman en ordenanzas de poca aplicación. A la vez, la ciudadanía pierde credibilidad en toda esta normativa al observar la realidad.