El vicepresidente de la República, Jorge Burgos, promulgó ayer la nueva ley de violencia en los estadios, que esta vez lleva el nombre de Ley de Derechos y Deberes en el Fútbol Profesional y que comenzará a regir en la próxima Copa América 2015.

La nueva normativa contiene tres elementos esenciales: la ampliación de la ley a hechos conexos (como entrenamientos, desplazamientos de hinchas desde y hacia los estadios, y festejos en lugares públicos), un régimen sancionatorio efectivo y un estatuto de derechos y deberes de los hinchas.

"Estar promulgando esta ley es un hecho que a todos los que amamos el deporte nos llena de alegría. Esta ley apunta a que el fútbol profesional sea una fiesta social", manifestó el ministro Burgos, quien promulgó esta ley en su calidad de vicepresidente de la República, debido al viaje por Europa de la Presidenta Michelle Bachelet.

"No sólo buscamos sancionar a los que se apartan del deporte, sino garantizar a las familias disfrutar sanamente", agregó la autoridad.

Multas de hasta mil UTM

El régimen de sanciones incluye multas a los clubes que incumplen la ley y sanciones más drásticas. En concreto, se duplican los periodos de prohibición de ingreso a los estadios (de dos a cuatro años para quienes comentan delitos, y de uno a dos años en el caso de las infracciones); se incorporan sanciones por discriminación o xenofobia, y las infracciones pasan al Juzgado de Policía Local.

Las multas van desde una a mil UTM (alrededor de $43 millones), cifra que se puede duplicar o triplicar en caso de reincidencia.

Se regula, asimismo, el derecho de admisión y se establecen especificaciones para su aplicación. Además, se incorpora la solidaridad en su ejercicio, es decir, si un club aplica derecho de admisión, todos los demás clubes lo deben hacer.

Respecto de esto mismo, existirá un registro de las prohibiciones judiciales de ingreso a los estadios y del derecho de admisión ejercido por los clubes, que quedará a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior.

La legislación comprende, además, nuevas facultades para los intendentes, quienes con razones justificadas en alteraciones a la seguridad y el orden público, podrán rechazar la programación de un espectáculo de fútbol profesional, en cuanto al día, el horario y el lugar en que éste se desarrolle, además de revocar la autorización comunicando su determinación a Carabineros, el organizador y el árbitro.

Para los organizadores de los espectáculos, se incorporan exigencias claras, entre ellas el deber respecto de crear accesos diferenciados para grupos familiares, personas que asistan con niños, tercera edad y discapacitados.

La solicitud de los organizadores a la autoridad para la realización de un espectáculo de fútbol profesional deberá realizarse con a lo menos 72 horas de anticipación al desarrollo del partido, salvo en ocasiones especiales y por razones justificadas.

Por último, la normativa determina facultades para los guardias de seguridad privada para que puedan cumplir exitosamente su tarea preventiva.

"Lo más destacable es que esto no es solo un cambio de nombre, puesto que ahora, sin perder la atención en el control del comportamiento del hincha, se pone énfasis en el aspecto preventivo, en cómo vamos instalando una cultura del deporte distinta y cómo vamos educando a los espectadores a estos megaeventos deportivos", explicó la ministra del Deporte, Natalia Riffo.

Prohibión de ingreso Se duplican los periodos de prohibición de ingreso a los estadios en el caso de infracciones y delitos.

Nuevas facultades Intendentes podrán rechazar la programación de un espectáculo de futbol por temas de seguridad.

Accesos diferenciados Se exige a los organizadores crear accesos diferenciados para grupos familiares, tercera edad y discapacitados.

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, encabezó ayer una serie de diligencias en el Instituto de Salud Pública en el marco de la investigación que busca aclarar si la muerte del poeta Pablo Neruda fue producto del cáncer que sufría, por una eventual sobredosis de medicamentos o debido a la intervención de terceros que lo habrían envenenado, como cree su exchofer Manuel Araya.

El juez concurrió a los laboratorios del ISP, ubicados en Avenida Marathon 1.000, para realizar diverso trámites relacionados con el proceso.

Lo hizo acompañado de un equipo de la Policía de Investigaciones (PDI), el perito Cristián Orrego y la doctora Gloria Ramírez Donoso.

En el lugar, Carroza, además, se reunió con el director del ISP, Roberto Bravo Méndez, quien le ofreció toda la colaboración que pueda prestar el instituto en el esclarecimiento del deceso del vate que investiga el ministro.

Hace algunas semanas, se conoció un nuevo antecedentes revelado por el informe de análisis de muestras que realizaron expertos forenses de la Universidad de Murcia, en España, a los restos del vate.

De acuerdo al análisis, hay tres tipos de proteínas bacterianas en los restos de Neruda, dos de ellos vinculados al cáncer de próstata que el poeta sufría.

Un tercer grupo, sin embargo, no ha podido ser establecido y por ello no se descarta la presencia de un proceso infeccioso agudo en las últimas horas de vida del poeta.

La Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara Alta pidió ayer a los senadores que están siendo investigados en casos judiciales, que entreguen hasta el 1 de julio próximo un informe a la instancia explicando los hechos que los afectan.

Así lo dio a conocer el presidente de la comisión, Hernán Larraín (UDI), quien detalló que dicha petición incluye, esta vez, a los senadores Iván Moreira (UDI), Jaime Orpis (UDI), Eugenio Tuma (PPD) y Carlos Bianchi (independiente). La entrega del documento será obligatoria para los legisladores.

De esta forma, Larraín indicó que se "ha solicitado a los señores senadores que aparecen involucrados en hechos conocidos por la opinión pública, que se refieren a situaciones vinculadas a sus actuaciones parlamentaria y que están siendo objeto de investigaciones avanzadas por el Ministerio Público, que tengan a bien explicar a la comisión las circunstancias que los afectan. Y les hagan llegar todos los antecedentes que puedan aportar, así como su opinión sobre el particular".

"La apertura de este espacio para que dichos senadores puedan exponer su versión de los hechos, contribuirá a que la comisión se forme opinión acerca de las decisiones que podría resultar aconsejable adoptar respecto de cada situación en particular", expresó.

Consultado por la situación de la senadora UDI Ena von Baer, Larraín explicó que al no ser citada en la formalización por el caso Penta, ha quedado fuera del proceso "por lo menos por ahora".

Respecto de otros casos como el del senador DC Jorge Pizarro, el presidente de la instancia precisó que "nos hemos circunscrito a las investigaciones judiciales que estén avanzadas".