Las imágenes de botellas y latas de bebidas alcohólicas esparcidas en espacios públicos, especialmente después de fines de semana, se han terminado por convertir en un tema recurrente de denuncia vecinal, como de atención por parte de medios y autoridades. Parece muy lamentablemente, el reflejo de los estilos que hoy se dan junto con la diversión, problema que se hace mucho más preocupante cuando se trata de jóvenes y adolescentes.

El consumo de alcohol entre menores presenta aumentos preocupantes en los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), según informó la misma institución. El estudio, en general, muestra que entre 1992 y 2013, el uso de bebidas alcohólicas se redujo en un 2,5%, sin embargo, a partir del nuevo siglo y la década del año 2000, aumentó la proporción de menores de 15 años que beben hasta emborracharse. La pasada década presentó un incremento en la cantidad de menores que probaron bebidas alcohólicas. La mayor proporción correspondió a mujeres.

El alcohol junto al tabaco son consideradas drogas que han ganado espacios importantes entre los jóvenes, en especial entre menores de edad, tal como lo muestran las estadísticas. El inicio en su consumo no sólo preocupa, sino que debería motivar a que la sociedad en general ponga especial atención a estos fenómenos.

Y es que a pesar de los impuestos en el caso del tabaco, por ejemplo, hoy sigue siendo frecuente observar a escolares fumando en espacios públicos. Y si se trata de la bebida, no sólo los espacios públicos evidencian el consumo irresponsable y la poca fiscalización, sino que también el comportamiento en grupo de jóvenes, cada vez de más corta edad, da cuenta de la participación que tiene el consumo de alcohol.

Se trata de una escalada que preocupa e inquieta a la sociedad en general. Y es que aún con mayores restricciones, el acceso de jóvenes y menores a las bebidas alcohólicas no disminuye.

No se trata sólo de una tarea del Estado, sino que de un problema que deben atender y en especial, anticipar las familias.

A partir del año 2000 el Estado de Chile comenzó a reformar los diversos procedimientos existentes en materia judicial. Fue así que se inició la reforma procesal penal, que se implementó en el país en forma gradual. Reforma que consistió en terminar con el antiguo proceso penal inquisitivo, en que las funciones de investigar, acusar y fallar estaban concentradas en un solo órgano, que era el juez del crimen, para dar paso a la separación de estas competencias, entregando la labor de investigación y persecución penal a un organismo estatal autónomo, que no pertenece al Poder Judicial, y que se denomina Ministerio Público. El nuevo proceso es acusatorio-contradictorio, con juicios orales y públicos, en los cuales rigen diversos principios como el debido proceso, el derecho a defensa y la presunción de inocencia. Es también de suma importancia el principio de inmediatez, es decir, el juez se basa en lo que ve y percibe directamente a través de sus sentidos para adquirir su convicción y emitir su fallo.

Posteriormente vino la reforma a los procedimientos en materia de Familia. Con los juzgados de familia desaparecen los antiguos juzgados de menores, y a ellos se les entregó competencia en materias que anteriormente eran conocidas por los juzgados civiles, como el reconocimiento de paternidad, violencia intrafamiliar y las acciones de separación, nulidad y divorcio. También este procedimiento es oral, se desarrolla en audiencias continuas, es desformalizado, asimismo rige el principio de inmediación, todas las actuaciones se realizan ante el juez.

Finalmente, la última reforma procesal realizada en Chile fue la que introdujo modificaciones al procedimiento ante los juzgados del trabajo. Procedimiento en que rige el principio de la oralidad, concentración, inmediación, impulso procesal de oficio y bilateralidad de la audiencia.

Sólo falta la tan necesaria y esperada reforma procesal civil, en especial, ahora que la Corte Suprema ha iniciado un proceso de digitalización tanto en los juzgados civiles como en las cortes de Apelaciones.

Ahora bien, y contrariamente a lo que mucha gente cree, estas reformas han estado referidas sólo a los procedimientos, las leyes sustantivas no han sufrido modificaciones, como ser el Código Penal o el Código del Trabajo. No obstante, las reformas procesales se han traducido en una justicia más eficiente, cercana, rápida y transparente.