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Camiones siguen pasando por la ciudad

medida. Mínimo impacto tuvo decreto que reguló el ingreso de máquinas.
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Un mínimo impacto ha tenido el decreto que desde febrero de este año, regula el ingreso de camiones articulados a la ciudad a través de la Ruta 28 (acceso sur) y la Ruta 1 (costera).

La norma prohíbe la entrada de las máquinas que no tengan destino final o intermedio Antofagasta, esto con el fin de descongestionar las calles, en especial la costanera.

Además se estableció que los camiones que sí tienen obligación de entrar, ya sea porque deben dejar carga o recogerla, sólo pueden hacerlo en los horarios no punta.

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Cuando se anunció la entrada en vigencia del decreto incluso se estimó que en los días siguientes la circulación de camiones bajaría en 70% en la comuna, resultado que ha estado lejos de registrarse.

El propio seremi de Transportes, Waldo Valderrama, reconoció que la medida no ha tenido el efecto esperado, situación que atribuyó a un atraso en ciertas inversiones asociadas a la dictación de la norma.

"El MOP debía habilitar zonas de descanso para los camioneros en la carretera, pero debido a las lluvias que tuvimos en marzo, fue necesario destinar esos recursos a otras tareas", aseguró.

Valderrama explicó que de todas formas se están realizando fiscalizaciones a los transportistas, situación que permitió bajar el volumen de camiones, aunque no en los niveles esperados. De hecho, calculó que el flujo de máquinas pesadas a través del acceso sur y costero disminuyó en 20%.

Según el seremi, en un plazo no superior a dos semanas, los trabajos que aún falta realizar deberían estar concluidos. A partir de ese momento, comentó, se podría esperar que la regulación comience a dar plenos resultados.

El decreto ministerial sólo regula el tránsito por las rutas 28 y 1, dejando fuera la Ruta 26 (Salar del Carmen), que desde 2008 cuenta con un decreto propio que prohibe la bajada de camiones con un peso superior a 3,5 toneladas.

Familias de los campamentos históricos piden ser "prioridad"

ciudad. Llevan más de cuatro años esperando una solución habitacional a través de proyectos del Serviu.
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Los campamentos "El Ratoncito Rivero 2011" y "Catalina Cruz 2" se ubican en el sector norte alto de Antofagasta. Ambos tienen más de cuatro años y hoy sus habitantes ven con preocupación la posibilidad que la aparición de nuevos asentamientos y tomas, los priven de la oportunidad de optar a una vivienda a través de alguno de los proyectos habitaciones que desarrolla el Serviu.

En "El Ratoncito", como le llama su gente, están esperanzados en que serán prioridad. Son 40 familias que llevan años luchando. Con el tiempo han progresado y sus casas son grandes, están pintadas, tienen televisión satelital, pero aún se cuelgan de la luz y ni tienen agua potable.

La presidenta del campamento, Marcia Garrido, cuenta que "antiguamente la municipalidad nos traía agua, pero como han ido creciendo los campamentos en tan poco tiempo ya no lo hacen. Por eso sacamos agua de los grifos, usted sabe que es algo vital para la gente".

En el lugar se vive una convivencia plena, porque se conocen hace tiempo.

¿Pero cómo es su vida? "Es regular, uno tiene que convivir con ratones, baratas, moscas y no eso no corresponde. No es como la gente que tiene su casa y sus medios. Aquí uno se baña con tarrito nomás", explica Marcia.

Su vecino hace que su hogar retumbe al ritmo del "reguetón". En las calles hay sillones, lavadoras, juguetes, arbustos secos y personas con palas.

La vecina nos dice que lo importante es obedecer las normas del lugar. Una de las más importantes dice relación con los extranjeros, que en gran número han llegado a la ciudad los últimos años.

"Los extranjeros que hay acá están casados con chilenos o chilenas. Yo no soy racista, pero cuando se armó El Ratoncito hicimos lo que nos pidió el gobierno, que es que ellos lleven cinco años en el país", dijo.

ALLEGADOS

Al lado de "El Ratoncito" se encuentra la toma "Catalina Cruz 2". Sus casas son más grandes, como la de Ximena Rojas, quien vive hace seis años allí junto a su marido y sus tres hijos. La mayoría de las familias del lugar son chilenas.

La mujer amablemente nos invita a pasar a su hogar, donde hay piso de radier, muebles, televisor plasma y un equipo de música encendido. La vivienda está compuesta por tres piezas, living, cocina y patio.

"Cuando llegamos acá no fue fácil, era una pieza chiquita con dos camas y cocinábamos a la intemperie, después empezamos a cerrar con materiales que nos regalaron. Ya son años y no podemos estar viviendo así hasta que nos den solución", apunta Ximena.

La mujer, que vivió años como allegada en casas de familiares, expresa que este es uno de los primeros campamentos de la ciudad y tuvo sus reglas claras desde el comienzo.

"Antes pasábamos meses sin agua, mis niños lloraban porque no estaban acostumbrados", relata.

Fany Fábregas es la presidenta de esta toma, que tiene enormes diferencias con las que recién se forman, partiendo por su organización, progreso y grado de avance en el proceso obtener una vivienda.

"Acá las casas son grandes porque, a uno como mamá le gusta darle lo mejor a sus hijos. Ellos no pueden estar en la misma pieza con sus papás. Los niños van creciendo y a veces de tanto esperar, forman su propia familia y se hacen allegados de nosotros. Es un ciclo", reflexiona.

Proyectos

Según informó el Serviu, actualmente existen tres proyectos habitacionales con permiso de edificación aprobado y próximos a iniciar sus obras.

Estos son Caparrosa, El Salar y Catalina Cruz, y permitirán que 294 familias obtengan una vivienda. El Salar ya se encuentra en macrourbanización y favorecerá a 126 familias.

Además, en el sector La Chimba Alto, que cuenta con 60 hectáreas disponibles, se construye la macrourbanización para incorporar barrios, servicios de educación, salud, seguridad, etc. Allí se proyecta la construcción de 6 mil viviendas en los próximos años.

El Serviu hoy trabaja con 60 comités que agrupan a dos mil familias y el objetivo es construir mil viviendas al año para satisfacer esa demanda.

En Antofagasta están identificadas al menos 100 hectáreas de propiedad del Serviu y Bienes Nacionales donde sería posible construir al menos 7.500 viviendas sociales.