A menos de 48 horas de su despido del canal, el exdirector ejecutivo de Chilevisión, Jaime de Aguirre, responsabilizó a la empresa Bancard por la irregularidad de los pagos de bonos que recibió emitiendo boletas desde la empresa La Música-de su propiedad- a las firmas Soquimich, Aguas Andinas, Pampa Calichera e Inversiones Ilihue, para las que no prestó servicios.

En entrevista con The Clinic, el exejecutivo dijo que "no pienso que esto fue una conspiración anti Jaime De Aguirre. Esto fue una desprolijidad gigante hecha por Bancard".

Tras ser consultado sobre la razón que lo habría hecho emitir boletas a nombre de empresas para las que no trabajaba, De Aguirre respondió: "No sé, no tengo una respuesta lógica. Los tiempos eran otros, el dueño de Bancard estaba asumiendo la Presidencia de la República".

El exejecutivo además señaló que su vinculación al caso SQM, en el que se investigan delitos tributarios, no habría sido la razón detrás de su salida del canal de Time Warner. "Si esto tiene que ver con las boletas, se me dijo expresamente que no", aseguró De Aguirre. El exejecutivo detalló que nunca trató el tema con los ejecutivos a cargo de CHV.

"Se me paga por una vía que a mí no me pareció, pero soy tan despistado, que hasta pensé que podía ser un canje, alguna cuenta que se estaban pagando entre Bancard y las otras empresas que me hicieron facturar. No me pareció sospechoso porque yo trabajé en base a la confianza con Bancard durante cinco años y no tuve ningún problema", argumentó en la entrevista.

De Aguirre declaró el pasado 24 de abril ante la Fiscalía Nacional, en el marco de las indagaciones por el caso SQM.

Según lo dicho por De Aguirre en su declaración, citada por The Clinic, en 2010 Bancard le pidió devolver $146 millones por concepto de "bonos" y emitir boletas que suman ese total a SQM, Aguas Andinas, Pampa Calichera e Inversiones Ilihue, a las que no prestó servicios.

El ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, respondió a los cuestionamientos de los rectores de planteles de la educación superior por el anuncio de que la gratuidad comenzará en las universidades del Consejo de Rectores (Cruch), señalando que las críticas vienen de "partes interesadas".

Los cuestionamientos surgieron tras el anuncio del 21 de mayo de que la gratuidad a contar de 2016 sólo será para el 60% más vulnerable de los estudiantes que asistan a universidades del Cruch y a Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales acreditados y sin fines de lucro.

Eyzaguirre dijo en una entrevista con Cooperativa que "las críticas, las más de las veces, vienen de partes interesadas. Son las autoridades de las universidades que todavía no entraron", y aclaró que "vamos a extender la gratuidad a otras instituciones, pero para eso tenemos que tener un marco regulatorio".

Esto tras la crítica hecha, entre otros, por el rector de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Fernando Montes, quien calificó la medida como el resultado de un "lobby" del Cruch.

El ministro señaló que "esta es una definición presupuestaria que va a ser en cualquier caso discutido durante la ley de presupuesto, pero la discusión de fondo la vamos a tener en el contexto de la Ley de Gratuidad que presentaremos en cuanto haya espacio en el Congreso". "Ninguna universidad, caiga o no en este régimen de gratuidad, va a ver lesionados sus intereses, porque no le vamos a quitar las becas", dijo.

El ministro además aclaró que la reforma educacional se realizará de una forma secuencial, porque esa es la forma en la que la reforma tributaria va a ir recaudando recursos. "Todavía no tenemos todos los recursos para llegar al compromiso de la Presidenta", sostuvo.

El rector Montes respondió al titular de Educación y en entrevista con Emol señaló que "yo le diría (al ministro) que tampoco tengo lucro, no he cobrado disparates y estoy excluido, habiendo aceptado entrar con todas esas universidades al sistema de admisión vía PSU. Acepté el contrato, me sometí y ahora me cambian las reglas".

Durante la mañana Montes reiteró sus críticas en entrevista con Cooperativa y advirtió que la gratuidad parcial podría implicar un "desastre" para el sistema, por la fuga de estudiantes desde los planteles que no podrán acceder al beneficio. "Entablar una sola admisión en desigualdad de condiciones puede significar un desastre. Si yo tuviera 300 o 400 alumnos menos puede ser un daño irreversible en la universidad", dijo.

En una entrevista publicada el fin de semana por El Mercurio, Montes planteó que evalúa una acción judicial por la medida que calificó como "discriminatoria".

El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, en tanto, respaldó lo dicho por Montes, pero calificó como "absurdo" el planteamiento de un recurso judicial.

Vivaldi señaló que considera "válido" lo planteado por los rectores de las universidades que han criticado el anuncio porque "algunos estudiantes se pueden ver afectados por una cosa que tiene más bien relación con la estructura del sistema universitario" que con la calidad de los planteles.

Con respecto a lo dicho por Montes, el rector de la U. de Chile afirmó que "lo que más me interesa es llegar a acuerdos con gente como él. No me gustaría verlo en una acera opuesta nunca".

Vivaldi además hizo un llamado a los rectores de los planteles que están interesados en obtener la gratuidad universal a "comprometerse" para conseguir en unidad más fondos para financiar ese beneficio.

El rector de la U. Diego Portales, Carlos Peña, calificó como "injusto" el anuncio de la gratuidad parcial, y a través de una carta publicada por El Mercurio, señaló que concentrarse en eso "no ayudará a resolver el problema si primero no se identifican los factores objetivos que la producen". Peña afirmó que si el problema está en el diseño de las instituciones "entonces lo justo es plantear exigencias a éstas". "Entonces ya no habría razón para negar la gratuidad", añadió.

El senador de la UDI Iván Moreira, decidió seguir los pasos de Jovino Novoa y Alberto Cardemil, y presentó el lunes un recurso de amparo ante la primera Corte de Apelaciones de Santiago, con el fin de impedir ser formalizado por los delitos tributarios que se le acusan en el marco del llamado caso Penta.

La defensa del parlamentario gremialista, encabezada por el abogado Gabriel Zaliasnik, argumentó ayer que el Servicio de Impuestos Internos (SII) no se ha querellado ni ha presentado una denuncia contra Moreira, por lo que no existiría la calificación de delito tributario que corresponde al organismo fiscalizador.

"La obligación de someterse a las normas de nuestra ley procesal son no sólo para las partes, sino también para el Ministerio Público. No existe ni querella ni denuncia alguna por parte del Servicio de Impuestos Internos, que es el único que puede calificar como delito tributario en forma previa un hecho, y a partir de esa calificación puede recién el Ministerio Público investigar y pretender llevar adelante una formalización", dijo el abogado en declaraciones citadas por Cooperativa.

El Ministerio Público solicitó la audiencia de formalización de Moreira, junto a Novoa, Cardemil, Pablo Zalaquett y el diputado Felipe de Mussy, para el próximo 22 de junio. Al senador gremialista se le atribuye "el delito tributario previsto y sancionado en el artículo 97 N°4 inciso final del Código Tributario, en carácter de consumado, en calidad de autor, cometido el año 2013".

"Si el Servicio de Impuestos Internos ha entendido que acá no hay un delito tributario, mal podría llevar adelante esta persecución el Ministerio Público", indicó Zaliasnik.

Tanto Novoa como Cardemil intentaron acogerse al mismo recurso, infructuosamente en ambos casos.

Por otra parte, el exgerente general del grupo Penta, Hugo Bravo, declaró ayer por octava vez ante la fiscalía por la querella que interpuso el SII por la artista del caso relativa a los contratos forward falsos entre Penta y las empresas CB Consultorías y Proyectos y Forestal Valparaíso, pertenecientes al grupo Cruzat.

Ejecutivos de ambos holdings han sido acusados de cometer delitos tributarios y serán formalizados por esos hechos el próximo 17 de junio.

Según trascendió, se esperaba que en la jornada de ayer Bravo además aclarara algunos puntos respecto de la participación del exsenador Novoa en el financiamiento irregular de campañas políticas de la UDI.