Chuquicamata cumplió ayer 100 años. La histórica mina de cobre, inició un 18 de mayo de 1915 sus operaciones industriales, aunque su labor es mucho más antigua. De hecho, hay registro de que ya los pueblos originarios sacaban mineral extraído en esa zona.

Chuquicamata explica lo que es el Chile moderno, tanto del siglo pasado, como el actual. Llevó la gran minería a otro estado y ha permitido al sector público contar con recursos frescos permanentes para construir caminos, hospitales y enormes beneficios de todo tipo.

Durante un siglo, Chuqui ha acompañado al país con una entrega sorprendente, de sus trabajadores, con una veta fantástica y mucho ingenio humano.

Para esto fue clave la figura de Albert Burrage, un banquero y emprendedor de Boston, Estados Unidos, quien revisó la zona y envió periódicas muestras de minerales a estados Unidos para su análisis. Eso y la búsqueda de inversionistas en ese país hicieron el resto. La familia Guggenheim e Hijos se sumó a la iniciativa y así se creó la Chile Exploration Company el 11 de enero de 1912, para en marzo de 1913 comenzar la construcción de las instalaciones, las que siguieron adelante a pesar del inicio de la Primera Guerra Mundial y los problemas económicos mundiales.

Así llegó el 18 de mayo de 1915, fecha fijada para la inauguración. En Chuqui, Tocopilla y Santiago, se esperaba el vamos de una obra histórica.

A las 11:30 horas del 18 de mayo, el Presidente Ramón Barros Luco, desde su salón de despacho en La Moneda, apretó el botón eléctrico, el cual en conexión con los alambres del Telégrafo del Estado, produjo la corriente necesaria para poner en movimiento las maquinarias de la planta eléctrica en Tocopilla, que en conexión con las del establecimiento en Chuquicamata dieron movimiento a la maquinaria de la planta.

Desde entonces, la historia es relativamente conocida y Chuquicamata sigue allí, con nuevos desafíos, pero con la misma entrega por el país.

Por segundo año consecutivo, jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han venido a Chile a ejercer uno de los roles más relevantes que les competen: hacer difusión del alcance regional de la jurisprudencia que emana de ese tribunal interamericano, reconocido por todos los estados que componen la OEA.

Tanto el año pasado como ahora, ha sido la Defensoría Penal Pública la institución que ha invitado a estos jueces al país, y lo ha hecho porque desde sus inicios ha estado comprometida con el derecho internacional. Tenemos la convicción de que las políticas públicas deben integrar los instrumentos y tratados internacionales reconocidos por nuestro país, de manera que Chile avance y perfeccione la integración de conceptos del derecho internacional a la justicia nacional.

Se trata, derechamente, de asumir un compromiso con el acceso a la justicia, pero también con la ampliación y la posibilidad de acceso de todos los ciudadanos a estas dos jurisdicciones -nacional e interamericana-, que definitivamente no son contrapuestas.

Nuestros defensores públicos no sólo comparten esta noción. Día a día asumen la misión de ampliar el acceso a la justicia y el derecho a la defensa -consagrado en nuestra Constitución-, bajo la idea central de que cada día debiera ser más difusa la frontera entre las jurisdicciones nacionales e internacionales, a partir de un principio general como el de la justicia.

El acceso a la justicia debe entenderse más ampliamente que el derecho a la jurisdicción, pues incluye el acceso a mecanismos de tutela y protección efectiva de derechos en el ámbito nacional e internacional, cuando éstos no han sido respetados en el país de origen.

Conocer en profundidad la jurisprudencia de la Corte IDH y como ésta es acogida en Chile nos permitirá a todos darnos cuenta de la real importancia que le damos al sistema interamericano y el largo camino que nos queda por recorrer.

Es cierto que si como defensores penales públicos no logramos demandar activamente la tutela efectiva de los derechos de nuestros defendidos, su consagración en tratados y leyes resultará vacía. Pero lo mismo puede decirse para el resto de los actores del sistema procesal penal. Ese es nuestro compromiso y también nuestra invitación.